Ni progresista ni mayoría

El proceso agónico para convalidar los decretos leyes confirma que, frente a lo que se suele decir, lo que cuenta no es la ilusión sino los votos. Se sabía que el abigarrado conjunto de apoyos de la investidura de Pedro Sánchez no era progresista: incluye partidos de la derecha nacionalista y una formación de la derecha radical supremacista dirigida por un golpista prófugo, se basa en una transacción que viola la igualdad de los ciudadanos ante la ley y defiende medidas que redistribuyen desde las comunidades autónomas pobres hacia comunidades más ricas. Sabíamos que tampoco constituía una mayoría sólida, y quizá ni siquiera una mayoría. Parece que el cambalache ofrecía impunidad a cambio de la investidura y no de cierta estabilidad. Junts chantajeará con exigencias de discutible encaje en las normas europeas y en la lógica del Estado de derecho, y Podemos confiará en el mecanismo de “cuanto peor, mejor”.

El episodio también nos recuerda el abuso del real decreto ley y sus consecuencias: en cinco años, Sánchez ha triplicado la cifra de Suárez, y supera a González, Aznar, Zapatero y Rajoy, que estuvieron más tiempo que él en el cargo. Según el profesor de Derecho Constitucional Ignacio González García, “lo que en las primeras décadas de nuestra democracia fue un injustificable abuso, en los últimos años se ha convertido en una peligrosa y constante fórmula de erosión institucional”. En algunos casos son decretos ómnibus, que mezclan regulaciones muy distintas; el procedimiento de la convalidación hace que se acepten o rechacen en su totalidad. Cuando dirigentes de otros países hacen algo parecido, dudamos de la pulcritud democrática: que no lo veamos aquí será cosa de la presbicia. Al final, como no se cansaban de cacarear los diputados de Más País, ¿quién va a estar en contra de los decretos, si “mejoran la vida de la gente”? Si son medidas tan positivas, no se entiende por qué se escoge un mecanismo que reduce las posibilidades del debate. Como señalaba David Mejía, otra opción habría sido retirar la proposición de la ley de amnistía a cambio del apoyo del Partido Popular: la importancia de las medidas legitimaba ese sacrificio. Paradójicamente, la debilidad del Gobierno justifica un procedimiento menos garantista y la dificultad para legislar impulsa un recurso fraudulento.