El Gobierno, condenado a lidiar en el Congreso con una mayoría estrábica

El último pleno del Congreso de 2023 dejó una estampa insólitamente unánime y emotiva. Cuando el día 21 el portavoz socialista, Patxi López, homenajeó desde la tribuna a la fotoperiodista de La Vanguardia Emilia Gutiérrez, que cubría su última sesión parlamentaria antes de jubilarse, el hemiciclo entero se puso en pie, se volvió hacia el palco donde se apostan los reporteros gráficos y estalló en una ovación. Con cierta melancolía, varios diputados se lamentaban después: “No volveremos a ver nada parecido en toda la legislatura”.

Y, sin embargo, el año comenzará en la Cámara con una imagen que promete otro efímero momento de acuerdo. Pocas cosas ejemplifican más el cainismo de la política española como que se hayan necesitado cinco años para acordar un sencillo cambio en la Constitución a fin de sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. Al final, el PP ha abandonado su resistencia a tocar el más mínimo detalle de la Ley Fundamental y el pleno del Congreso dará su aprobación, muy probablemente el 18 de enero, a un asunto sobre el que solo el sospechoso habitual —Vox— ha planteado objeciones. Será un escaso momento de unidad, al menos entre los dos partidos grandes, antes de volver a las más crudas hostilidades.

La política actual ya no concede descanso y, en contra de la tradición, la actividad parlamentaria se reanudará incluso antes, el día 10. La Constitución fija dos periodos de sesiones al año, uno de septiembre a diciembre y otro de febrero a junio. El Gobierno puede pedir que se habiliten actividades fuera de esos plazos apelando a causas extraordinarias, que en este caso coinciden con el gran caballo de batalla de la legislatura: acelerar la elaboración de la ley de amnistía. Antes de que acabe enero, además, el Congreso debe convalidar el decreto de transformación digital de la justicia aprobado con prisas por el Consejo de Ministros en la recta final de 2023 porque de él dependía que Bruselas desembolsase una partida de 10.000 millones de euros de fondos Next Generation. Si el Parlamento no lo ratifica, la norma quedaría derogada y el dinero europeo en el aire. Y ese peligro ha tomado cuerpo con la amenaza de Junts de votar en contra.

La norma consagra que cuando un juez presenta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una consulta sobre un procedimiento concreto —lo que se denomina cuestión prejudicial— este queda suspendido temporalmente. La alarma ha cundido en Junts porque eso podría suceder con cualquier caso en el que se solicite la aplicación de la amnistía. El Gobierno asegura que el decreto se limita a recoger lo que ya ocurre en la práctica, de acuerdo con las reglas europeas, y espera vencer la resistencia de la formación independentista. Pero el asunto es revelador del terreno resbaladizo en que se ha adentrado el Ejecutivo tras su pacto con el partido de Carles Puigdemont y de las dificultades que se avecinan para cumplir los objetivos de la ley de amnistía, incluso después de que quede aprobada, presumiblemente en primavera.

El PP no ha dejado muchas dudas de cómo será el cariz de su discurso opositor. El trío de estiletes elegido para dirigir el grupo parlamentario es elocuente: Miguel Tellado, Cayetana Álvarez de Toledo y Rafael Hernando. Pero no reside ahí la principal de las inquietudes para el Gobierno. Lo que de verdad marcará el signo de la legislatura será la capacidad del Ejecutivo para gestionar una mayoría que le obliga a una suerte de ejercicio de estrabismo político: mirar a la vez a derecha e izquierda. Lo decía días atrás Gabriel Rufián en EL PAÍS: “Ahora hay dos ejes, uno de izquierda y otro de PNV y Junts”. Y esa contradicción, añadía el portavoz de ERC en el Congreso, se manifestará cuando toque discutir cuestiones como la política de vivienda o nuevos intentos de derogar la ley mordaza.

Por si acaso, en el PSOE ya advierten de que su intención es bajar sensiblemente la producción de leyes, tras las más de 200 aprobadas desde 2019. Ese freno puede levantar chispas con Sumar, que pide más ambición en las políticas de izquierda. La coalición de Yolanda Díaz consiguió días atrás que se admitiese a trámite una proposición de ley que plantea despenalizar delitos de opinión como las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo. Los socialistas votaron a favor, pero les faltó tiempo para deslizar que no son muy partidarios de ambas medidas.

PNV y Junts ya han suscrito iniciativas comunes, como la solicitud de comisiones de investigación. El frente izquierdista que formaban ERC, EH Bildu y BNG ha crecido tras el paso al Grupo Mixto de los cinco diputados de Podemos, una de cuyas misiones principales consiste en debilitar a sus antiguos compañeros de Sumar. La mayoría no solo es heterogénea, sino que en ella conviven enconados competidores entre sí: ERC y Junts, PNV y EH Bildu, y ahora Sumar y Podemos.

El calendario electoral puede azuzar algunos de esos pulsos, como se ha visto entre Sumar y Podemos por los comicios gallegos del 18 de febrero y con la perspectiva de que todo empeore ante las europeas de junio. Las vascas, que deberían ser en julio a más tardar, anuncian una apretada pugna entre PNV y EH Bildu, aunque miembros de ambas formaciones —que en el Congreso evitan los choques públicos— aseguran que no afectará a su relación con el Gobierno. Otra cosa es el pulso descarnado entre ERC y Junts, sobre todo si se anticipasen las elecciones catalanas, cuyo plazo concluye en febrero de 2025. Esa es una de las claves que puede condicionar la supervivencia de la más sinuosa mayoría parlamentaria.