El Congreso estudiará de nuevo despenalizar las injurias a la Corona

Los grupos a la izquierda del PSOE porfían desde hace años y una vez más han conseguido que el Congreso abra la puerta a retirar del Código Penal algunos delitos de opinión. El pleno de la Cámara admitió este martes a trámite una proposición de ley de Sumar, la primera del grupo en esta legislatura, que pide despenalizar, entre otros, el enaltecimiento del terrorismo y las injurias a la Corona. Los socialistas accedieron a tomarla en consideración, pero expresaron reservas sobre su contenido. En la anterior legislatura, el PSOE ya consintió que se tramitasen otras dos iniciativas semejantes que luego acabó bloqueando. Los socialistas avisan de su rechazo inicial a suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo.

Sísifo es un personaje de la mitología griega y también de la práctica parlamentaria española. Como la piedra que eternamente sube y baja a la cima de la montaña, hay iniciativas que, desde hace años, son admitidas a trámite en el Congreso y siempre acaban en nada. Era inevitable que alguien, en este caso el diputado del PNV Mikel Legarda, se acordase del mito helénico a propósito de esta iniciativa. Legarda enumeró cómo Unidas Podemos en dos ocasiones, ERC en otra, Junts en una más e incluso el pleno del Senado han planteado desde 2014 propuestas similares. Las dos tomadas en consideración la pasada legislatura acabaron hibernadas en la Mesa por el viejo método de ampliar indefinidamente el plazo de presentación de enmiendas.

Esta vez, Sumar ha planteado la cuestión desde el principio mismo de la legislatura y por ahora la secuencia sigue idéntico guion: los socialistas admiten que se abra el debate, pero avisan de que plantearán objeciones. Antes del pleno, el portavoz socialista, Patxi López, ya anticipó, “a título personal”, que se opone a retirar el delito de enaltecimiento del terrorismo. Su opinión fue corroborada luego por fuentes del Gobierno y deslizada finalmente por Isaura Leal, la diputada que fijó la posición del PSOE durante el debate. “La tutela institucional de las víctimas del terrorismo es una obligación del Estado”, afirmó Leal. “Eso debe prevalecer sobre cualquier otro objetivo”. Sobre las injurias a la Corona, el PSOE se mostró ambiguo, aunque Leal precisó: “No podemos ni debemos en ningún caso dejar de proteger la dignidad y el respeto a las instituciones“.

El portavoz de justicia de Sumar, Enrique Santiago, sostuvo que la propuesta, bautizada de “defensa de la libertad de expresión”, pretende adaptar el Código Penal a los “estándares democráticos de los países” del entorno español. La iniciativa plantea suprimir también los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos y de injurias al Gobierno, a los miembros del poder judicial, al ejército, a España y a sus símbolos. Santiago argumentó que todas estas figuras penales son “imprecisas”, recortan la libertad de expresión y solo han provocado condenas a “artistas y tuiteros” por manifestaciones de “sentido satírico”. Explicó que varios de estos casos han derivado en sentencias contra España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que ONG como Amnistía Internacional han pedido la derogación de estos delitos.

En el caso del enaltecimiento del terrorismo, Santiago señaló que solo se ha aplicado desde que desapareció ETA y que algunas de esas conductas son perseguibles con un tipo penal menos específico, el de apología del delito. Lo mismo, alegó, sirve para el caso de las injurias a altas autoridades del Estado, punibles mediante la figura general de injurias sin necesidad, en opinión de Sumar, de conferirles una protección especial.

La propuesta volvió a despertar truenos en los escaños de la derecha, que la consideró un hito más de lo que el popular Sergio Sayas calificó de “subasta de la infamia”, en la que se incluyen desde la ley de amnistía hasta la moción de censura de Pamplona pactada por PSOE y EH Bildu. Para José María Figaredo, de Vox, la iniciativa viene a corroborar que Pedro Sánchez “está preparando un golpe de Estado desde La Moncloa”.

Aliados del Gobierno como EH Bildu, Podemos o BNG exigieron que se derogue también la ley mordaza, otro asunto pendiente de la pasada legislatura. Eduard Pujol, de Junts, cargó contra la Monarquía, “una SA corrupta”. Pilar Vallugera, de ERC, se dirigió a los socialistas para reclamarles que esta vez no dejen la propuesta “en un cajón durmiendo el sueño de los justos”. Santiago no pudo más que asentir desde su escaño.