El Congreso manda al limbo decenas de leyes

Los daños psicológicos que ha dejado la pandemia se ganaron un hueco el pasado año en el debate parlamentario. El líder de Más País, Íñigo Errejón, abrió la espoleta y rápido le secundaron otros grupos como Ciudadanos o Unidas Podemos, que en octubre de 2021 presentó una propuesta para elaborar una ley de salud mental. El contenido no satisfacía a casi nadie, pero logró un amplio apoyo porque la mayoría de los grupos estaba de acuerdo en que era necesario legislar sobre el asunto y que el texto de UP podía servir de base. Han pasado 13 meses y el embrión de ley sigue perdido en el limbo, sin que se hayan iniciado siquiera los trabajos para elaborarla.

El procedimiento legislativo es un laberinto sinuoso y lleno de obstáculos. La iniciativa sobre salud mental apenas superó el primero, su admisión a trámite por el pleno del Congreso. Cumplido ese requisito, debe intervenir la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara, para abrir un plazo a fin de que los grupos presenten sus enmiendas y con ellas encargar a la comisión correspondiente los trabajos de redacción del texto. En este segundo paso existe un truco infalible para bloquear una ley: el plazo de presentación de enmiendas se puede ampliar indefinidamente, porque el reglamento no establece un límite de tiempo. La propuesta sobre salud mental, que en su día ganó buenos titulares en los medios, acumula ya 43 prórrogas; la última, la semana pasada. Hay alguna que suma más de 80, después de tres años atrapada en el limbo.

Nadie duda —algunos incluso la critican— de la hiperactividad legislativa del Gobierno, a despecho de sus apuros para reunir mayorías. Esta semana, ha logrado aprobar seis leyes, a la espera de su paso por el Senado, y convalidar un decreto. En tres años, ha llevado 163 proyectos a las Cortes y, entre estos y otros promovidos por los grupos políticos desde la Cámara, se han remitido 64 leyes al BOE. Otras 35 están en periodo de debate en las comisiones y una decena más a la espera de que las dictamine el Senado. Y otro medio centenar ha tropezado —algunas parece que ya eternamente— con las prórrogas incesantes del periodo de presentación de enmiendas, acordadas por la Mesa, a menudo con la mayoría de PSOE y Unidas Podemos.

Revivir todas estas iniciativas colapsaría el trabajo parlamentario, ya con peligro de atasco ante el último año de legislatura. Cada vez que se convocan elecciones caducan proyectos que estaban a medio terminar. En la legislatura que concluyó a comienzos de 2019 corrieron esa suerte algunos tan importantes como la reforma de la ley mordaza o la supresión del voto rogado, la primera empantanada ahora de nuevo y la segunda ya aprobada esta vez. Pero la decisión de paralizar un texto en el plazo de presentación de enmiendas no siempre obedece a razones operativas. La política, por supuesto, pesa mucho.

Varias de estas propuestas permanecen en el congelador para no agitar diferencias. En septiembre de 2021, el PSOE apoyó a regañadientes una proposición de ley de Unidas Podemos sobre libertad de expresión que, entre otras cosas, planteaba eliminar el delito de enaltecimiento del terrorismo. Los socialistas discrepaban en varios puntos, las posturas nunca se acercaron y ahí sigue bloqueada. En la misma situación está desde junio del año pasado el proyecto de reforma constitucional para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. El PP de Pablo Casado lo rechazó de plano y, aunque Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado abierto a pactarlo —requiere mayoría cualificada—, el acuerdo no llega y la iniciativa colecciona ya 66 prórrogas del plazo de enmiendas. Aunque más reciente, tampoco acaba de caminar el proyecto de reforma de la ley de seguridad nacional, rechazado por los principales aliados parlamentarios del Ejecutivo y paralizado en la Mesa desde marzo.

A vueltas con los decretos

De las varias jornadas de infarto que este Gobierno ha vivido en el Congreso, una de las que más le hizo sudar fue la del 28 de enero de 2021. La Cámara tenía que validar cinco decretos leyes, entre ellos el que regulaba la gestión de los fondos europeos. Su principal aliado, ERC, se había instalado en el no, y un rechazo dejaría al Ejecutivo tambaleando. En el último momento, salvó los muebles con una carambola: el apoyo de EH Bildu —entonces más distante que ahora del Gabinete de Pedro Sánchez— y una sorprendente abstención de Vox. Para recabar apoyos, el Gobierno se ofreció a tramitar los decretos como proyectos de ley, es decir, a la vez que eran validados, abrir el proceso para poder modificarlos luego con aportaciones de los grupos. La promesa coló, aunque en la práctica jamás se ha cumplido. Desde esa fecha, la Mesa ha ampliado en 70 ocasiones el plazo de enmiendas. Lo mismo ha ocurrido con otros 17 decretos leyes, entre ellos uno de medidas contra la covid de julio de 2020 que alcanza 72 prórrogas.

Esta práctica con los decretos ha provocado fuertes protestas del PP, con varios escritos ante la Mesa. Los populares sostienen que de esta manera el Gobierno “usurpa al Congreso su función legisladora”, sobre todo cuando Sánchez lleva ya 132 decretos leyes desde 2018, un récord que el Ejecutivo justifica por las sucesivas emergencias que ha tenido que afrontar. “El Gobierno hace la ley saltándose al poder legislativo”, denuncian los populares. No hace mucho eran los socialistas los que se indignaban y el PP quien sacaba partido a la artimaña de estirar los plazos hasta el fin de los tiempos. Tras la moción de censura que llevó a Sánchez a La Moncloa, esa fue el arma que los populares, con mayoría en la Mesa junto a Ciudadanos, emplearon para frenar proyectos del nuevo Gobierno. Tanto fue así que el PSOE recurrió al Tribunal Constitucional la práctica que ahora abraza.

Por el mismo método hibernan las dos iniciativas legislativas populares, presentadas por ciudadanos, que el Congreso actual accedió a tramitar: una para establecer ratios obligatorias de enfermeros en los centros sanitarios, del sindicato Satse, y otra para elaborar una ley de autonomía de las personas con discapacidad, del colectivo que defiende los derechos de estas. Han pasado casi dos años y no hay noticias sobre ellas. Lo mismo ocurre con un texto legislativo sobre bebés robados suscrito por PSOE, UP y otras nueve fuerzas políticas y aprobado en septiembre de 2020 —87 prórrogas— o uno del PNV tomado en consideración en abril de 2021 para reformar el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Ciudadanos lleva semanas desgañitándose para que se ponga en marcha la elaboración de una ley sobre atención a los enfermos de ELA que le aceptaron hace seis meses.

La atención inmediata de los grupos está ahora en los Presupuestos y en solucionar otros atascos, en este caso de leyes cuya elaboración ya está en marcha y que aún dividen a los socios del Gobierno: la de las personas trans, la de vivienda y la sempiterna reforma de la ley mordaza. Esta última, una de las grandes promesas de la coalición, lleva ya cuatro años dando tumbos por el palacio de la Carrera de San Jerónimo.