Unidas Podemos propone derogar los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo

Nueva tensión en el Gobierno en un asunto de fondo: la reforma del Código Penal para suavizar o derogar delitos relacionados con la libertad de expresión. La movilización por la inminente entrada en prisión del rapero Pablo Hásel, apoyado por un manifiesto de más de 200 artistas que defendían al músico que entre los que se incluía a Pedro Almodóvar o Joan Manuel Serrat, llevaron este lunes por la noche a La Moncloa a anunciar en una nota de dos párrafos que el Gobierno prepara una reforma del Código Penal para que este tipo de delitos relacionados con la libertad de expresión no impliquen una pena de prisión. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no ofrece más detalles sobre esta modificación y señala que, de momento, están estudiando los tipos penales que tienen más problemas y no hay fecha para tenerla lista. Casi de forma simultánea, Unidas Podemos terminaba la redacción de su “ley de protección de la libertad de expresión”, una reforma completa que ha registrado este martes en el Congreso. En ella va más lejos de lo que probablemente querrá ir el sector socialista del Ejecutivo y plantea directamente derogar varios delitos importantes: el de injurias a la Corona, el delito contra los sentimientos religiosos, el de injurias a las instituciones del Estado e incluso el delito de enaltecimiento del terrorismo.

El Ministerio de Justicia señala que su reforma afectaría a delitos como el del enaltecimiento del terrorismo, el de odio, el de injurias a la Corona y el de sentimientos religiosos, pero no aclara cómo los modificaría. Unidas Podemos es más claro y propone directamente la derogación. Justicia alega que, al afectar a derechos fundamentales, el Ejecutivo debe ser “especialmente rigurosos en la concreción de la propuesta de reforma”. El departamento que dirige Juan Carlos Campo sí admite que es necesaria la reforma porque “algunos de estos tipos penales adolecen de una cierta indefinición del bien jurídico protegido”. También añade que “la amplitud de la conducta típica descrita en la norma genera inseguridad” y que “la difícil delimitación entre ejercicio del derecho fundamental y la conducta delictiva, que precisa de una interpretación restrictiva”. “Todas estas cuestiones son exigencias de precisión y restricción de estos delitos, requeridas por parte del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Derecho Europeo”, remata Justicia.

La batalla dentro de los socios del Gobierno por adelantarse en una reforma sensible para el electorado progresista parece evidente en la semana final de la campaña electoral catalana. El grupo de Pablo Iglesias, según fuentes de Unidas Podemos, comunicó a La Moncloa a media tarde del lunes que este martes registraría la iniciativa. La nota del Ejecutivo llegó poco después. Enrique Santiago, diputado de Unidas Podemos responsable de la reforma, compareció con Jaume Asens, presidente del grupo, y dio por hecho que el sector socialista apoyará la norma de los morados porque no ha presentado ninguna alternativa. “Estamos congratulados, entendemos que ahora podremos seguir adelante con la tramitación urgente de esta reforma sobre la base de nuestra iniciativa porque no conocemos ninguna otra. Dada la respuesta de Relaciones con las Cortes entendemos que [en el sector socialista] están absolutamente de acuerdo con esta iniciativa”, ha señalado.

Por el contrario, la ministra portavoz, María Jesús Montero, dejó muy claro que el Gobierno no seguirá la reforma que plantea Unidas Podemos como guía. Montero aseguró incluso que desconocía el contenido de esta iniciativa, y rechazó valorarla, pero insistió en que la reforma que se llevará a cabo saldrá del Gobierno, y no del Congreso como la propuesta del grupo de Iglesias, y será dirigida por Justicia e Interior, dos ministerios en manos del PSOE que de momento no tienen ni un borrador sobre el asunto. Montero insistió en que en un asunto tan delicado es importante que la cuestión se tramite desde el Gobierno con una profunda discusión dentro del Consejo de Ministros y con todos los informes preceptivos. La ministra aseguró que, salvo decisión de Justicia para hacer una pequeña reforma urgente para frenar los casos de artistas procesados, lo normal es que todo se englobe dentro de la gran reforma del Código Penal que prepara Justicia y que incluye una fórmula para reducir las penas de los delitos de sedición.

El PSOE habla de un debate calmado y no fija posición sobre los asuntos más sensibles, mientras la exposición de motivos de la reforma de Unidas Podemos deja clara la intención de su reforma: “A través de la aplicación de determinados artículos del Código Penal se criminalizan conductas como enviar mensajes a través de las redes sociales, cantar rap, utilizar la imagen de un Cristo y publicarla en redes sociales, manifestarse mediante una performance a modo de procesión reclamando la igualdad de la mujer en la sociedad ―la procesión del Coño Insumiso―, criticar al Rey o silenciar el himno nacional mediante silbidos en un estadio de fútbol en presencia de los Reyes de España. En esta última vía, en la que se aplica el Código Penal, se han detectado que se están utilizando tipos penales totalmente obsoletos, no ajustados a la Constitución Española e impropios de una democracia desarrollada” señala. “Son artículos del Código Penal cuya influencia proviene de la dictadura y que por tanto no tienen cabida en un sistema democrático y plural”, sentencia.

El primer delito que quiere eliminar es el que va contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el artículo 525 del Código Penal. “Las críticas que pudieran ofender a los sentimientos de los creyentes, por gratuitas que sean, se entienden que entran dentro del ámbito de la libertad de expresión y quedarían protegidas con la derogación de este artículo 525, mientras la incitación directa a la violencia, el odio y la discriminación religiosa quedaría sancionada en el artículo 510 del Código Penal”, argumenta el texto. El segundo tipo de delitos a derogar para Unidas Podemos son los delitos contra la Corona, recogidos en los artículos 490.3 y 491 del Código Penal. “Esta especial protección de la más alta institución política del país, en cuanto que ostenta la Jefatura del Estado, constituye un verdadero ataque contra la libertad de expresión. En un sistema democrático cuanto más poder tiene una institución mayor ha de ser la exposición a la crítica legítima por parte de la ciudadanía. De otra manera no se entiende la libertad política ni la democracia”, señala.

En el texto también se apela a la jurisprudencia europea. “Cabe destacar la reciente y contundente sentencia de 13 de marzo de 2018 del TEDH sobre este caso, Stern Taulats y Roura Capellera c. España, adoptada de forma unánime y donde se concluye que el Estado español ha violado el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión. En la sentencia se indica que la quema de las fotografías de los reyes se encuadraba dentro de la crítica política, no personal, a la institución monárquica en general y en particular al Reino de España como nación”, señala sobre los delitos contra la Corona. Otro polémico delito que quiere derogar Unidas Podemos es el de “ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, recogido en el artículo 543 del Código Penal”. “Este delito se está aplicando para atacar la libertad de expresión, reprimiendo la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional. Ponerse de acuerdo cientos de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de la Copa del Rey de fútbol y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito. Silenciar el himno nacional no entraña ataque contra la patria, sino una legítima expresión de la libertad de expresión”, explica la reforma.

Otro delito que quiere derogar, aunque admite que se ha aplicado muy poco, es el de “las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónoma y a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, recogido en el artículo 504″.

Y por último, y también muy polémico, Unidas Podemos propone derogar el delito de enaltecimiento del terrorismo, recogido en el artículo 578 del Código Penal. “Este delito nació en el año 2000, fruto de un pacto de Estado entre los dos partidos entonces mayoritarios en España, en un momento de extrema violencia perpetrada por la organización terrorista ETA. En el año 2015, tras una oleada de protesta social y a la vez que se reformaba la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, un nuevo pacto de Estado lo endureció. Está constatado que durante los primeros 11 años de vida de este delito apenas hubo juicios por la comisión de delitos de enaltecimiento. No ha sido hasta el año 2011, justamente cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos y, desde entonces, se han multiplicado estos casos. Amnistía Internacional, en su último informe de marzo de 2018 donde solicita la derogación de este artículo, cifra en tres personas condenadas en 2011 por este delito y cerca de 70 en los dos últimos años”, explica el grupo de Iglesias.

Derogar estos artículos implicaría que este tipo de delitos como el enaltecimiento del terrorismo quedarían sin ningún tipo de castigo, por lo que puede implicar una desprotección para las víctimas. El propio texto admite ese problema, pero señala: “por lo que respecta a la cuestión de las acciones tipificables como humillación a las víctimas del terrorismo, la derogación del artículo 578 del Código Penal no supone ningún tipo de desprotección respecto de este colectivo en lo concerniente a las conductas tendentes a vejar o menoscabar su dignidad. Por un lado en esta ley se reforma el agravante 4º del artículo 22 al introducir entre los colectivos protegidos en este punto al de víctimas del terrorismo, y por otro lado ante cualquier conducta vejatoria o humillante a las víctimas existe para su protección el delito de injurias”.

Sin embargo, varias asociaciones de víctimas lo ven de una manera muy diferente. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo considera que Podemos “obvia deliberadamente que en Euskadi y Navarra se homenajea a los miembros de ETA cuando salen de prisión o cuando son los aniversarios de su muerte”, informa Mikel Ormazábal. Lamenta que la formación de Iglesias se centra exclusivamente en criticar las condenas que se han producido a raíz de expresiones de apoyo al terrorismo en redes sociales o manifestadas por cantantes u otros artistas. “Covite va a continuar reclamando la aplicación del artículo 578 [del Código Penal] mientras se sigan produciendo homenajes públicos a terroristas de ETA en las mismas calles en las que ETA asesinó a nuestros familiares”, ha señalado la presidenta de esta asociación, Consuelo Ordóñez. Desde 2016, Covite ha documentado un total de 151 homenajes a etarras (18 de los cuales el año pasado). Ordóñez también reprueba utilice el argumento de que “ni ETA, ni GRAPO ni su entorno están ya activos” para reclamar la eliminación del citado artículo y recuerda que “quedan decenas de terroristas por detener, no se ha llevado a cabo la operación policial de disolución de ETA, y su entorno social y político siguen hoy igual de activos en la legitimación del terrorismo etarra que cuando ETA mataba”. El consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Miguel Folguera, considera “una barbaridad” la propuesta de Unidas Podemos porque “es una realidad” que los actos de exaltación del terrorismo “producen un daño psicológico en las víctimas”. “Nosotros vamos aún más allá. Lejos de eliminar esa figura, pedimos que además de las sanciones penales previstas ahora en la legislación se pueda actuar por la vía administrativa contra quienes cometan delitos que humillan a las víctimas del terrorismo”, asegura este representante de la AVT.