El Gobierno rechazó reformar los delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo

El Gobierno y Unidos Podemos abordaron durante la negociación del pacto presupuestario firmado el 11 de octubre por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la reforma o supresión de más de media docena artículos del actual Código Penal, entre ellos los referidos a los delitos de odio y de enaltecimientos del terrorismo. Finalmente, el PSOE solo aceptó modificar tres, uno de ellos el que castiga con penas de cárcel las injurias a la Corona.

Según los borradores del acuerdo intercambiados por ambos partidos a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, los socialistas aceptaron a incluir la modificación de este delito y del de ofensa a los sentimientos religiosos en la segunda propuesta de acuerdo que remitieron a la formación de Iglesias. El texto final también recogió la revisión del artículo 35, que impone penas de prisión de hasta tres años para los piquetes que “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Sin embargo, rechazaron las otras propuestas de Unidos Podemos.

La coalición que lidera Iglesias no hablaba de modificar, sino de suprimir. En concreto, el apartado 3 del artículo 490 y todo el 491, ambos referidos a las injurias a la Corona, además del 525 sobre ofensas a los sentimientos religiosos. Unidos Podemos también planteó eliminar los apartados que penalizaban las ofensas a los símbolos e instituciones, pero los socialistas ni siquiera aceptaron su modificación.

El documento firmado finalmente por Sánchez e Iglesias tampoco incluyó la supresión o reforma del artículo 578, que castiga con hasta tres años de cárcel el enaltecimiento del terrorismo y los actos que entrañen “descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas”. El partido de Iglesias planteó que se redujera la máxima pena a los dos años de prisión y que los jueces también tuvieran en cuentan si el grupo terrorista enaltecido estuviera “activo”.

También rechazó incluir la propuesta que hizo Unidos Podemos de modificar el artículo 510, que recoge los delitos de odio. Planteaba dejar la pena máxima en un año de prisión y trabajados en beneficio de la comunidad. Lo que el Gobierno sí aceptó plasmar fue el compromiso de restablecer la Justicia Universal liquidada por el Gobierno de Rajoy.

Unidos Podemos propuso recoger el compromiso a aceptar las conclusiones y propuestas que surgieran de la comisión de expertos creada a finales de agosto por elMinisterio de Justicia para reformar del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que acabó con esta figura. Sin embargo, el texto final no recogió mención expresa a este último detalle. Tampoco aceptó hacer referencia auna posible modificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como aspiraba el partido de Iglesias.