La reforma del voto rogado une a los partidos en el Congreso

La reforma del voto rogado ya no llega a tiempo para las elecciones andaluzas, pero sí estará en vigor para las municipales y autonómicas del próximo año, siempre que no se produzca antes alguna convocatoria anticipada. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a un texto, fruto de un acuerdo casi unánime, a fin de simplificar los trámites para la emisión del sufragio a los 2,2 millones de españoles residentes en el exterior. La futura ley deberá pasar ahora el filtro final del Senado, donde el consenso político permite augurar que salga adelante sin dificultad.

La iniciativa legislativa supone dar marcha atrás a la reforma aprobada en 2011, en la que se ideó la fórmula del voto rogado en un intento de poner coto a las irregularidades detectadas en los sufragios de los llamados residentes ausentes en algunos países como Argentina. Para garantizar que las papeletas no cayesen en otras manos que las de sus destinatarios, se impuso que la Administración solo se las enviaría si estos las solicitaban previamente.

Aquella reforma aprobada con gran consenso tuvo efectos “imprevistos e indeseados”, como subrayó este jueves el diputado popular José Antonio Bermúdez Castro. Lo que pretendía ser una garantía se convirtió en una traba burocrática casi insalvable y la participación de los residentes en el exterior cayó de forma drástica, de alrededor de un 30% a un 5%, al tiempo que el gran éxodo de jóvenes españoles tras la Gran Recesión hizo que se disparase el censo. Todavía ahora, el número de inscritos en el extranjero ha crecido un 6% desde las últimas generales de 2019.

La Administración volverá a mandar papeletas a todos los votantes inscritos fuera de España, aunque estos también dispondrán de la posibilidad de descargarlas vía telemática. La ley compromete al Gobierno a habilitar más locales en otros países para facilitar el voto en urna. Se amplían además los plazos tanto para la emisión del sufragio como para su escrutinio en España.

“Es un paso adelante para nuestra democracia”, se felicitó Bermúdez de Castro, en uno de esos escasos debates sin grandes discordancias en el hemiciclo. “Un ejemplo de política útil”, abundó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. “Ya no será necesario superar una gincana para votar”.

Solo un grupo político, el BNG, se abstuvo en la votación. Los nacionalistas gallegos habían sido en su momento la formación más insistente en la exigencia de la anterior reforma. Entre la colonia gallega del exterior -hasta un 15% del censo total de la comunidad autónoma- se habían registrado las irregularidades más frecuentes, como el voto a nombre de personas ya fallecidas. También se documentó la actividad de agentes electorales en países como Argentina para hacerse con papeletas enviadas desde España y suplantar al votante, según recordó en el debate de este jueves el diputado del BNG Néstor Rego. La formación gallega, aun de acuerdo ahora con suprimir el voto rogado, optó por abstenerse después de que fuesen rechazadas sus enmiendas para establecer más garantías ante el peligro de suplantación de un elector.

La iniciativa de la reforma actual partió de los dos partidos del Gobierno, tras el fuerte movimiento reivindicativo, muy apoyado por Podemos, que habían protagonizado en los últimos años los jóvenes desplazados al extranjero a través de la llamada Marea Granate. Varios miembros de ese grupo asistieron desde la tribuna del Congreso a la aprobación del texto.