El voto del exterior, un viaje de ida y vuelta entre el fraude y las trabas burocráticas

Se trataba de dar garantías al voto de los españoles residentes en el extranjero, de evitar que de improviso apareciesen papeletas a nombre de personas ya difuntas, como había sucedido varias veces en Galicia, el territorio con más censados en otros países. Tras una controversia que duró años, en 2011 el Congreso de los Diputados reformó la ley electoral con un amplio acuerdo para implantar lo que se llama voto rogado: los electores españoles inscritos en otros países ya no recibirían automáticamente la documentación para ejercer su derecho, sino que deberían solicitarla ellos mismos y cumplimentar unos trámites. Diez años después, la reforma va a ser reformada. Lo que pretendió ser una garantía de limpieza se había convertido en un laberinto burocrático y en un motivo de escándalo para los centenares de miles de jóvenes a los que la Gran Recesión expulsó al extranjero.

Primavera de 2005, en un lujoso hotel de Montevideo. Altos dirigentes del PP gallego arropan al presidente de la Xunta, Manuel Fraga, de gira electoral por Sudamérica. El patriarca de la derecha española afronta en pocas semanas unos comicios cruciales, con el peligro de perder el poder tras 15 años. El voto de los emigrantes alcanza ya el 15% del censo gallego y puede resultar decisivo. Un importante dirigente del partido comparte confidencias con los periodistas: “Estoy muy preocupado con el voto de aquí. El PSOE está en el Gobierno y tengo miedo de que haga el cambiazo en las sacas con las papeletas”. Un informador replica: “¿Y usted cómo sabe que eso se puede hacer?”. El político esquiva la pregunta y cambia de tema.

El voto de los llamados residentes ausentes fue durante años un vodevil político en Galicia y alimentó leyendas como la de la manipulación de las sacas de correos en connivencia con las autoridades de determinados países de Sudamérica, destino del gran éxodo de gallegos hasta bien mediado el siglo XX. Más allá del rumor, reportajes de prensa, documentales y libros como el Viaje a la zona oscura de la democracia española, del periodista Anxo Lugilde, detallaron el sinfín de irregularidades que rodeaban el proceso en esos países.

El censo de gallegos en el exterior se disparó en los años noventa con las leyes que otorgaban la nacionalidad hasta a la tercera generación de descendientes de españoles en países como Argentina. De ese modo, personas que ni habían pisado España podían participar de la elección de alcalde en un pueblo de Ourense del que ni siquiera recordaban el nombre y en el que los inscritos en el extranjero casi igualaban a veces a los domiciliados en el municipio. Como los censos en esos países tenían numerosos desfases, las papeletas enviadas desde España llegaban a domicilios donde ya no vivía el interesado o se había muerto hace años. Varios trabajos periodísticos documentaron cómo agentes electorales contratados en Argentina localizaban esas papeletas perdidas y se las arreglaban para suplantar al votante.

El clamor por instaurar el voto rogado fue creciendo desde Galicia hasta que en 2011 así lo acordó el Congreso con acuerdo de los dos grandes partidos, que también decidieron retirar de las elecciones municipales el sufragio de los residentes en el exterior. Con el nuevo sistema y sus garantías administrativas, la participación de los expatriados cayó en picado, del 30% al 5%.

Casi el tiempo que se aprobaba la reforma, España se hundía en la crisis y cientos de miles de jóvenes salían a buscarse la vida a otros países. Cuando llegaron las elecciones, se encontraron con que el simple hecho de votar se había convertido en una odisea burocrática. Las protestas se organizaron en la Red y hasta se creó una Marea Granate.

Podemos se puso a la cabeza de la reivindicación, a la que se fueron sumando los demás partidos y en febrero pasado el Congreso aprobó por unanimidad admitir a trámite una propuesta de las dos formaciones del Gobierno para suprimir el voto rogado. La comisión encargada de elaborar la reforma está en fase de escuchar voces de expertos. Esta misma semana recibió un informe de la Junta Electoral Central, que se declara favorable a acabar con el voto rogado, aunque al mismo tiempo advierte de que hay que incluir garantías adicionales para prevenir la suplantación del votante. No vaya a ser que regresen los fraudes y la reforma de la reforma exija dentro de algún tiempo una nueva reforma.