Sánchez arremete contra Guindos tras el varapalo del BCE al impuesto a la banca: “Agradecemos sus ‘consejos’, pero vamos a seguir adelante”

El Gobierno mantiene su apuesta por el impuesto temporal y con carácter extraordinario a la banca, una de las medidas estrella que Pedro Sánchez anunció en el debate del estado de la nación para contener la inflación, pese al rechazo que ha generado en el Banco Central Europeo (BCE), partidario de trasladar el nuevo impuesto a los clientes. El presidente del Gobierno ha sido contundente en un gesto nada habitual en el que ha llegado a señalar al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, por el dictamen con el que el organismo que preside Christine Lagarde ha instado a La Moncloa a un hacer un “análisis exhaustivo” sobre las consecuencias que podría tener el futuro gravamen, por ejemplo, en la concesión de crédito. “He escuchado al señor De Guindos decir que solamente quiere ayudar. Fue ministro de Economía del Gobierno del PP artífice del rescate al sector financiero que no iba a costar un euro a la sociedad española, previamente fue responsable de Lehman Brothers, hoy es vicepresidente del BCE... Le agradezco sin ninguna duda las ganas de ayudar del señor De Guindos“, ha reprochado Sánchez al final de la cumbre que España y Portugal han mantenido en la localidad lusa de Viana do Castelo, de quien ha asegurado también: “Agradecemos sus consejos, pero vamos a seguir adelante”.

Sánchez ha remarcado así que, pese a los recelos del BCE, el Ejecutivo “continuará con su hoja de ruta” para aprobar el impuesto, “sobre todo a la luz de los beneficios” que se han conocido los últimos días de las entidades bancarias. “Tomamos nota, estudiaremos el informe”, ha señalado Sánchez, que considera que “está justificado que arrimen el hombro durante estos tiempos tan difíciles que están atravesando los españoles”, ha sentenciado. El presidente y líder del PSOE confía en que el gravamen “no se traslade a los clientes” de las entidades, justo lo contrario de lo que plantea el BCE. Esta institución cuestiona que el sector bancario no pueda cargar el coste del gravamen extraordinario a los clientes y “espera” que las entidades “reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes”. Es decir, incluyendo el impuesto temporal a los beneficios extraordinarios derivados de la guerra de Ucrania.

El dictamen del BCE no es vinculante, aunque sus advertencias refuerzan la posición del sector financiero, que estudia recurrir el impuesto si el Gobierno lo mantiene en los términos actuales. La vicepresidenta primera del Ejecutivo, Nadia Calviño, no dio margen a la duda y aseguró categórica en Londres, adonde acudió a una reunión con inversores internacionales, que el nuevo impuesto a la banca seguirá adelante: “Por supuesto, los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes”. “La proposición de ley incorpora mecanismos para garantizar que esto sea así”, apostilló Calviño, que defendió que tanto la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia como el Banco de España vigilarían con la nueva norma que se está tramitando en el Congreso que no se produzca la traslación del futuro impuesto a los ciudadanos.

La ministra de Economía restó importancia al revés por el dictamen del BCE —”no ha sido una gran sorpresa, pone sobre la mesa las cuestiones que se plantean cuando se va a poner en marcha este tipo de gravámenes en España o cualquier otro país”— e insistió en la necesidad de que los bancos contribuyan frente al alza de precios con una parte de sus beneficios. “No hay que perder de vista que las grandes entidades financieras españolas están en estos mismos días anunciando unos enormes beneficios, que explican la justicia y la adecuación de tener este gravamen temporal y extraordinario que garantice un reparto justo del impacto de la guerra”, resaltó Calviño.

Los seis bancos cotizados —Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja— ganaron 5.863 millones, un 31% más que hasta septiembre en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior (4.475 millones). Ese incremento de los beneficios en 1.400 millones representaría aproximadamente la cantidad que la banca debería desembolsar. En el caso de Portugal, la banca realiza dos contribuciones especiales a los Presupuestos del Estado: una vigente desde 2011, durante los tiempos de la intervención del país por la troika, y otra desde 2020, puesta en marcha para ayudar durante la pandemia. El Gobierno luso prevé recaudar 210 millones de euros en 2023 por estos impuestos extraordinarios de las entidades.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este viernes ha iniciado una gira por Uruguay, Argentina, Chile y Ecuador, no se ha pronunciado aún sobre el revés del BCE al Ejecutivo, pero no ha dejado pasar la ocasión Isabel Díaz Ayuso. “La presidenta del Banco Central Europeo critica duramente otra medida intervencionista del Gobierno de Sánchez, el impuesto a la banca, porque va en contra de la estabilidad del sistema financiero y va a repercutir, como todo cada vez que se interviene, en los clientes y en los ciudadanos”, ha arremetido la presidenta regional madrileña. “El BCE, a través del Banco de España, ya tiene el 34% de la deuda española en circulación y está comprando buena parte de las emisiones soberanas de deuda. No nos parece una buena estrategia menospreciar a quienes nos permiten financiar nuestro abultado déficit público”, ha incidido Díaz Ayuso, que atraviesa uno de los momentos más delicados de su mandato por el caos generado en las urgencias extrahospitalarias.

Avances en energía y ríos

La buena sintonía entre Sánchez y Costa, que se remonta a 2018, cuando la península Ibérica se erigió en el gran referente de la socialdemocracia en un momento en el que la mayoría de los miembros de la UE tenían gobiernos conservadores, ha quedado clara una vez más en una cumbre marcada por el compromiso con el refuerzo de las conexiones energéticas entre ambos países y entre la península Ibérica y el resto del mercado energético europeo. La autorización para limitar el precio del gas para generar electricidad, la llamada excepción ibérica, ha sido una de las grandes banderas de ambos ejecutivos. “En el ámbito europeo me gusta hablar de solución ibérica, honestamente dimos una solución para una isla energética y a la vez una suerte de inspiración para el resto de países ante un mercado que está absolutamente dislocado. Reiteramos nuestra apuesta por un mercado energético integrado y renovado, estamos haciendo el mejor de los lobbies en Europa para llegar a un acuerdo”, ha reivindicado Sánchez.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se inclina sobre la oportunidad de ampliarla a otros países de la UE. “La consecución de este objetivo es esencial para la seguridad del suministro europeo y para el cumplimiento de los objetivos climáticos de la UE, al aumentar el acceso europeo a la electricidad verde y al hidrógeno producidos por los dos países”, reza la declaración de la XXXIII Cumbre Hispano-Portuguesa. El acuerdo con Francia contempla un hidroducto marítimo entre Barcelona y Marsella para transportar hidrógeno y otros gases renovables, así como, potencialmente, gas natural de forma transitoria y limitada, además de reforzar conexiones eléctricas hispano-francesas y culminar la infraestructura de transporte entre Celorico da Beira (Portugal) y Zamora. En la próxima cumbre euromediterránea de diciembre en Alicante se darán plazos y presupuestos de estos proyectos.

No habrá una reforma del convenio de la Albufeira, que regula la gestión del agua en las cinco cuencas compartidas por España y Portugal, pero sí habrá cambios en la supervisión y los indicadores de sequía. Ambos países van a estudiar experiencias internacionales como la que existe en el Danubio para realizar una gestión más compartida y también van a “armonizar” los parámetros de sequía y escasez a ambos lados de la Raya. Tras las protestas de agricultores españoles contra la cesión de caudales a Portugal y de ecologistas lusos que critican los “incumplimientos” de España, la gestión del agua en los cinco ríos comunes se ha convertido en uno de los temas bilaterales más importantes de los tratados este viernes.

No hubo avances, por el contrario, en materia ferroviaria. Madrid y Lisboa seguirán sin tren directo, y la conexión entre Oporto y Vigo continuará en trenes diésel pese a la electrificación de la línea. A medio y largo plazo, el primer ministro António Costa destacó la inversión entre Lisboa y Badajoz, ya en marcha, como la más importante de los últimos cien años de Portugal y que permitirá transportar en alta velocidad mercancías y pasajeros, así como el proyecto de alta velocidad entre Lisboa y Oporto, que desean llevar hasta Vigo. En la declaración final de la cumbre, se incluyó el estudio de la conexión entre Aveiro y Salamanca y, por primera vez, el estudio de la línea que uniría el Algarve con Andalucía.

En esta cumbre dedicada a la innovación, España y Portugal acordaron crear un centro ibérico de investigación para el almacenamiento de energía, que se ubicará en Cáceres y que tendrá una naturaleza similar al Centro Ibérico de Nanotecnología, que Costa y Sánchez visitaron por la mañana en Braga. Además, anunciaron la celebración de cumbres anuales especializadas en ciencia y firmaron acuerdos para el desarrollo de una constelación de satélites y una estrategia conjunta de microelectrónica.

Entre los acuerdos concretos que beneficiarán a los ciudadanos de ambos lados de la Raya se encuentra el 112 Transfronterizo, un proyecto piloto que se desarrollará entre el norte de Portugal y Galicia para coordinar la actuación sanitaria de emergencia. Esto garantizará la movilización de atención médica más cercana a la urgencia, con independencia de que ocurra en un país u otro. Ana Abrunhosa, ministra portuguesa de Cohesión Territorial, explicó en Viana do Castelo que el objetivo es extender el dispositivo a toda la Raya dentro de un año.