El BCE insta a la banca a trasladar el nuevo impuesto a los clientes

El Gobierno sostiene que seguirá adelante pese al dictamen, que recuerda que no es vinculante

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante una conferencia en Riga (Letonia).
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante una conferencia en Riga (Letonia).TOMS KALNINS (EFE)

El Banco Central Europeo (BCE) ha dado este jueves un toque al Gobierno español por su proyecto de impuesto a la banca. La institución que preside Christine Lagarde le ha instado, en un dictamen que aguardaba con ansia el sector, a un “análisis exhaustivo” sobre las consecuencias que podría tener ese tributo, en especial en la concesión de crédito. El informe no obliga al Ejecutivo a variar su hoja de ruta, pero sí enumera varios riesgos que puede entrañar la tasa. El Eurobanco cuestiona sobre todo que el sector no pueda trasladar ese coste a los clientes, lo cual se había erigido como una de las líneas rojas del Gobierno. Es más, la autoridad monetaria “espera” que las entidades “reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes”, incluyendo los impuestos. Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguran que seguirá adelante con su propuesta al haber tenido ya en cuenta todas esas “consideraciones”.

El dictamen, que no es vinculante, era la tabla de salvación a la que se pretendía agarrar el sector financiero, que previsiblemente recurrirá el impuesto si sigue en los términos actuales. Tras semanas de espera, el BCE ha emitido un dictamen con serias advertencias sobre el proyecto. Hasta ahora, solo el vicepresidente de la institución, Luis de Guindos, había insistido en que este nuevo tributo no debía encarecer la financiación, restringir el crédito ni poner en riesgo la solvencia de las entidades. Y este jueves, el Eurobanco ha incidido precisamente en esas cuestiones. De hecho, la institución ha instado al Ejecutivo a que elabore un “análisis exhaustivo” sobre las “posibles consecuencias negativas sobre el sector” para que el tributo no implique “riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario, la concesión de créditos” y, en última instancia, el “crecimiento real” de la economía española.

El gravamen del Gobierno, que busca recaudar 3.000 millones en dos años, consiste en aplicar un tipo del 4,8% sobre el margen de intereses y comisiones netas de los bancos por su negocio en España. El Ejecutivo de coalición lo justifica en la necesidad de obtener una contribución extra del sector financiero, al considerar que este sector se beneficiará de unas subidas de tipos que, de no ser por las tensiones inflacionistas, se hubieran producido de forma más gradual. Fuentes del sector financiero rechazan de plano la creación de un nuevo gravamen y resaltan la contundencia del dictamen del Eurobanco: “La pelota está ahora en el tejado del Gobierno”.

El BCE ha realizado ya tres aumentos del precio del dinero, del 0% al 2%. Esa rapidez en los incrementos hará que la banca ingrese mucho más, pero también que el Estado recaude más de lo previsto. El Eurobanco señala que las decisiones de política monetaria tienen repercusiones sobre “los ingresos y la rentabilidad de las entidades de crédito”. Sin embargo, matiza que estas pueden ser positivas, elevando los márgenes, o negativas, puesto que pueden significar que las entidades concedan menos préstamos, se registren pérdidas en la cartera de valores y deban aumentarse las provisiones por riesgo de impago. Y apunta que se podría dar incluso el caso de que haya entidades que tengan que pagar el impuesto, aunque se anoten “unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen”.

Esto se debe, según avisa la autoridad monetaria, a que la base sobre la que se impone el tributo no tiene en cuenta todo el ciclo económico y, por tanto, deja de lado aspectos como “los gastos de explotación” o el “coste del riesgo de crédito”. Es decir, no va sobre el resultado sino sobre la actividad. “El importe del gravamen podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito”, agrega. Otro de los reparos que expresa el BCE es el impacto que pueda tener el tributo sobre la competencia, tanto en España como dentro de la zona euro. “La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones”, añade el dictamen. El texto inicial fija que la tasa solo se aplicará sobre los bancos que superaron los 800 millones de euros en margen de intereses y comisiones netas en 2019, algo que el resto de grupos financieros han criticado con insistencia.

El Eurobanco recuerda en el texto que tradicionalmente se ha mostrado reacio a usar impuestos a la banca con fines presupuestarios para evitar que las entidades acaben ofreciendo peores condiciones a los usuarios. Además, cree que la disposición del Gobierno que impide a la banca trasladar ese tributo a los clientes “podría generar incertidumbre”, “riesgos operativos” y reputacionales. Por ello, dice que espera que las entidades, en línea con “las buenas prácticas internacionales”, deben repercutir todos los costes, también los fiscales, a sus clientes.

Más claridad en el texto final

El BCE reclama asimismo dos aclaraciones: la primera, los mecanismos de verificación que pueda usar la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) para que los bancos cumplan el requisito de no trasladar el impuesto a los clientes. Y la segunda: apunta que “no está clara” la función que tendrá el Banco de España en este engranaje. “El BCE subraya que esta cuestión podría aclararse más, en particular, indicando que no equivale a encomendar ninguna tarea nueva al Banco de España”, concluye el documento.

El Eurobanco pide, además, más claridad a la hora de determinar la base imponible sobre la que repercutirá la tasa —margen de intereses más comisiones netas—. Esta cifra se usa también para fijar el umbral a partir del que una entidad está obligada a satisfacer el tributo. “Sería deseable una terminología más clara en el texto final sobre el criterio a la hora de determinar las entidades de crédito y financieras afectadas”, zanja.

Fuentes gubernamentales han afirmado que “todas esas recomendaciones fueron tenidas en cuenta por el Gobierno antes de hacer la propuesta”. Y añaden: “El sector bancario se encuentra en una posición muy sólida en términos de solvencia y en el análisis previo que hemos realizado no prevemos que tenga un impacto significativo tanto por su naturaleza temporal como por la calibración y diseño del mismo”. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ya recordó recientemente que los abultados beneficios de la banca durante los nueve primeros meses del año daban una mayor razón de ser a la propuesta del Ejecutivo.

Hasta septiembre, los seis bancos cotizados —CaixaBank, Banco Santander, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja— han logrado 16.000 millones en beneficios, aunque la mayoría se anotó fuera de España. Si se tiene en cuenta solo el negocio en territorio nacional, las ganancias fueron de 5.860 millones, unos 1.400 millones más que en el mismo periodo de 2021 y casi la cantidad exacta que tendrán que abonar estas entidades por la nueva tasa.

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