Guindos insiste en que el impuesto a la banca no debe encarecer ni restringir el crédito

El sector financiero vuelve a la carga para tumbar o, al menos, rebajar el impacto del impuesto extraordinario a la banca que propone el Gobierno. Este lunes, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha insistido en que este nuevo tributo no debe encarecer la financiación ni restringir el crédito. Y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha advertido asimismo en un análisis presentado este lunes que se trata de un gravamen “potencialmente inconstitucional y que no se adecúa al derecho comunitario”. Las empresas energéticas y financieras ya adelantaron a inicio del verano que estudian dar la batalla judicial contra la tasa.

De Guindos aseguró en julio que el Eurobanco vigilará que este tipo de medidas no dañen la solvencia del sector ni dificulten la concesión de crédito. Ahora, en su participación en el foro Encuentros en Castilla y León organizado por el diario El Norte de Castilla y CajaMar, ha incidido en esa línea. El que fuera ministro de Economía durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha relatado los problemas que puede acarrear para el sector adoptar medidas cortoplacistas. De hecho, el sector financiero calcula que el impuesto quitará del mercado 50.000 millones en créditos. “Si salen 3.000 millones de capital [eso es lo que prevé recaudar el Ejecutivo en dos años], se resta capacidad de prestar por un importe de unos 50.000 millones”, aseguró el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, en la última presentación de resultados del banco.

Fuentes financieras abundan en esta cifra y avisan de sus efectos nocivos para la economía. “Representa el 4,1% del total de stock de crédito bancario al sector privado. En términos de flujos, representa 15 meses de nuevo crédito hipotecario, por ejemplo, unas 250.000 hipotecas medias. Y es el equivalente al 50% de los créditos ICO inicialmente concedidos a empresas para mitigar el impacto de la covid”, explican estas fuentes.

Por parte del IEE, el estudio preliminar presentado se ha centrado en la parte jurídica, donde resalta lo que considera incongruencias del texto: sostiene que vulnera varios principio de la Constitución, por lo que espera que sea anulado y reembolsado a posteriori si sale de la forma prevista. Y cifra en un impacto sobre la economía de casi 5.000 millones de euros y 72.000 ocupados menos. Además, sobre la justificación del Ejecutivo de que se usa este impuesto para combatir y sufragar las medidas contra la inflación, el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, ha sido muy crítico: “No resuelve el problema de la inflación y del déficit público. Hay numerosos argumentos que nos permiten concluir que es un impuesto ilegal y difícilmente constitucional”.

Sobre este impacto macro, fuentes financieras detallan que por cada 100 euros de recaudación del impuesto, el PIB se reduce en 130 euros. “Al disminuir el PIB, se recauda menos de lo previsto por otros impuestos como el IVA, el IRPF o Sociedades. Por tanto, lo que obtiene el sector público por el nuevo impuesto es menos de lo que pierde el conjunto de la economía”. De esta forma, el sector intenta explicar los inconvenientes del gravamen para tratar de frenarlo. Un intento que parece caer en saco roto, ya que el Ejecutivo sigue con su hoja de ruta y este martes comenzará con la tramitación parlamentaria para aprobar el impuesto a la banca (y a las energéticas) antes de acabar el año.

El informe se ha realizado bajo la dirección del catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de Valencia, Juan Martín Queralt. Y ha contado con expertos como Álvaro Rodríguez Bereijo, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid; Gabriel Casado Ollero, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid; Jorge Onrubia Fernández, profesor Titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad Complutense de Madrid; Germán Orón Moratal, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UJI de Castellón, y José Manuel Tejerizo López, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED.

Durante la presentación del estudio, los responsables del mismo han destacado que el impuesto provoca inseguridad jurídica por su retroactividad, no justifica el umbral marcado que solo afectará a las entidades que en 2019 ingresaran más de 800 millones en margen de intereses y comisiones en España y, además, no se considera como un gasto fiscalmente deducible. Estas condiciones se pusieron para alcanzar la meta marcada por el Gobierno de recaudar 3.000 millones en dos años, una cifra que se rebasará en unos 500 millones tras la subida de tipos del BCE si no se modifica el tipo impositivo.

Por último, Queralt, director del estudio, han incidido en la desventaja competitiva que supone para los bancos nacionales respecto a sus pares extranjeros con filiales en España: “Podrán hacer mejores ofertas al no tener que hacer frente a este coste”. Este es precisamente otro de los puntos en los que más están insistiendo las patronales bancarias y de las cajas de ahorros (AEB y CECA), ya que creen que los bancos extranjeros y las fintech podrán arrebatarle parte del mercado.