El Congreso da el primer paso para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a la bandera

El PSOE se ha sumado definitivamente a la propuesta que desde hace tiempo defienden las fuerzas a su izquierda y los independentistas para despenalizar los delitos de injurias a la Corona y de ultraje a los símbolos de España. Los socialistas ratificaron este jueves su apoyo a una proposición de ley, impulsada desde el Senado por ERC y EH Bildu, que plantea la supresión de dos artículos y un apartado de otro del Código Penal para retirar al Rey y a su familia esa protección legal específica y dejar de considerar delito actuaciones como la quema de la bandera. Frente a la cerrada oposición de la derecha, el PSOE y sus aliados habituales acordaron iniciar el trámite de la iniciativa.

Los socialistas han recorrido un largo camino en los dos últimos años para acabar de definirse sobre un delito cuya aplicación ha provocado casos como el del rapero Valtònyc, huido en Bélgica desde 2018. En octubre de 2020, el PSOE unió su voto a la derecha para rechazar una proposición de ERC similar a la ahora aprobada. Un año después, los socialistas sí dieron su apoyo a otra iniciativa de Unidas Podemos que pedía suprimir ciertos delitos de opinión, el de injurias a la Corona entre ellos. El PSOE advirtió entonces que apoyaba que se tramitase la ley, pero que la enmendaría porque no compartía todo su contenido. Esas diferencias no se han salvado hasta hoy y el texto está empantanado entre continuas ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas.

Tras dos años de insistencia, los aliados del PSOE consiguieron que esta vez no pusiese objeciones. Los socialistas dieron vía libre al trámite de una reforma que se dirige específicamente a eliminar los delitos de injurias a los Reyes y al titular del Principado de Asturias, penados con hasta seis años de prisión, y otros castigados con multas, como el uso de la imagen de los monarcas “de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona” o el “ultraje a España y sus símbolos”. Esos cambios legales, argumentó la diputada socialista Andrea Fernández, contribuirán a reforzar “la libertad ideológica y la libertad de expresión”.

El asunto suscitó uno de esos debates en los que el Congreso se divide de forma nítida. De un lado, la izquierda y todos los grupos nacionalistas, el “Gobierno y los que quieren destruir España”, en boca de sus contrincantes. Y del otro, “la vuelta del trío de Colón”, como ironizaron los portavoces del PSOE y Unidas Podemos. PP, Vox y Ciudadanos habían presentado enmiendas a la totalidad, cada uno por separado y todas con texto alternativo. Los populares pedían dejar las cosas más o menos como están; Vox proponía incluso endurecer algunas penas y Ciudadanos, en cambio, rebajar las condenas de cárcel a multas. Solo el texto del PP logró el voto favorable de los tres grupos y dio la medida del reparto de fuerzas en la Cámara sobre la cuestión: 152 síes (se sumaron Coalición Canaria y los regionalistas navarros y asturianos), 191 noes (PSOE, UP, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, CUP y BNG) y una sola abstención, la del regionalista cántabro José María Mazón.

La base argumental de los tres grupos de la oposición fue muy similar. Abrió brecha el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, para denunciar que lo que se pretende es “legitimar el insulto” y garantizar a los independentistas “impunidad frente a su campaña de demolición de los símbolos de España”. Con palabras muy parecidas, vinieron luego a concluir lo mismo José María Sánchez, de Vox, y Eloy Suárez, del PP. Sánchez reprochó al PSOE su cambio de postura y a los aliados de este la reiteración —”perseverancia antipatriótica”, lo llamó él— con que han planteado esta iniciativa en los dos últimos años. El popular Suárez también situó la propuesta como parte de un intento de los independentistas de “socavar una de las instituciones del Estado que les molesta mucho” e interpeló a los socialistas: “¿Vamos o no a mantener y proteger el texto constitucional?”. La socialista Fernández le replicó: “No vamos a permitir que esto se convierta en una afrenta al orden constitucional”.

Por parte de los grupos del Gobierno, quien más ardor puso en defender la iniciativa fue Enrique Santiago, de Unidas Podemos. “Esto no va sobre símbolos e instituciones, va sobre derechos y libertades”, sentenció Santiago. El diputado de UP, como todos los portavoces que intervinieron en favor de la iniciativa, recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha condenado dos veces a España por la aplicación de estos delitos. “Con esto”, subrayó, “se abrieron procesos penales por comentarios artísticos o satíricos, por una caricatura de El Jueves o por pitar el himno de España en un estadio”.