El PSOE y la derecha coinciden para impedir que se retire el delito de injurias al Rey

Las exhibiciones de unidad del Gobierno han vuelto a tropezar este martes con la Monarquía. Aún estaba caliente la foto de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con el flamante proyecto de Presupuestos, cuando las dos fuerzas políticas han escenificado sus diferencias en el Congreso a propósito de la forma de Estado, un asunto que divide a la Cámara de forma poco habitual: el PSOE, con el centroderecha, y Unidas Podemos, con el pelotón de la izquierda y los nacionalistas. Los primeros suman el 75% del arco parlamentario, con lo que derrotarán la propuesta de ERC, apoyada por Unidas Podemos, para retirar del Código Penal los delitos de injurias al Rey y ultraje a España

Ha sido en uno de esos plenos a la hora de la siesta, con el banco azul desierto y los grupos parlamentarios luciendo portavoces menos habituales. Pero no ha faltado el color, con las referencias a casos muy sonados en los últimos años de personajes como el rapero Valtonyc -huido en Bélgica tras su condena en España-, el humorista Dani Mateo o los caricaturistas de El Jueves. Esos episodios han dado pie a que algunos diputados hiciesen suyas expresiones sancionadas por la justicia. Jaume Asens, de Unidas Podemos, y Néstor Rego, del BNG, han concordado con Valtonyc en que “los borbones son unos ladrones”. Y Marta Rosique, de ERC, ha exhibido desde la tribuna la portada de El Jueves con el dibujo de una escena de sexo entre los actuales Reyes, que en 2007 provocó el secuestro de la revista y una multa posterior de 3.000 euros

La propuesta era una “aspiración vetusta de ERC”, como la ha definido uno de sus críticos, Isidro Martínez, de Foro Asturias. Los republicanos catalanes ya lo intentaron sin éxito varias veces, la última hace dos años. Esta vez correrá la misma suerte, porque la Corona es de las pocas cosas que aún reconcilia al PSOE con las fuerzas que le niegan su constitucionalismo.

Los proponentes han esgrimido como principal baza dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que anuló sendas condenas al líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, en 2011, por llamar al entonces rey Juan Carlos “jefe de los torturadores”, y a dos independentistas catalanes, en 2018, por quemar fotos del monarca. En el primero de esos fallos, el tribunal expresó sus reservas a que se confiera a la Monarquía una protección jurídica específica, con sanciones de cárcel, frente a ataques considerados injuriosos. El PP y el resto del centroderecha han opuesto la “doctrina muy consolidada” en sentido contrario de la justicia española, incluido el Tribunal Constitucional.

Abrió fuego Carolina Telechea, de ERC: todo obedece a una “sacralización de la Corona”, a la que “se otorga un derecho medieval” para “perseguir la disidencia política”. “No es una cuestión de monarquía o república, es una cuestión de democracia”, ha apuntado. El portavoz de Unidas Podemos se ha sumado plenamente. Ha acudido no solo a las sentencias europeas sino a informes de organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU. “Ninguna institución puede estar fuera de la crítica política, aunque las críticas hieran, ofendan y sean ingratas”. Más subido de tono ha concluido: “Lo que nos ofende de verdad es que el heredero designado por el dictador huya para refugiarse en otra dictadura”.

Para los grupos de centroderecha, el único propósito de ERC es protegerse a sí misma de sus habituales ataques a las instituciones españolas y lograr que “insultar al Rey sea gratis”. “El bien protegido no es la persona, son las instituciones”, ha subrayado Eloy Suárez Lamata, del PP. José María Sánchez, de Vox, ha sostenido que “no hay ningún país en el orbe” que no tenga un protección especial para sus jefes de Estado, incluidas repúblicas como la francesa.

En el largo desfile de los grupos de izquierda y nacionalistas, han abundado las apelaciones al PSOE y su “alma republicana”, sin lograr conmover a los socialistas. La diputada Isaura Leal ha defendido que “es legítimo” dar una protección especial al Rey, aunque ha concedido que se puede discutir cuál debe ser la “sanción jurídica”. Pero, según ella, el asunto requeriría “un profundo debate y consenso que no concurre en este momento”. Su socio Asens se lo ha tomado con resignación y sin una sola crítica: “Lo han rechazado ya dos veces. Esperemos que a la tercera vaya la vencida”.

Para reconciliarse con sus aliados, el PSOE tenía otra carta en el orden del día: una propuesta con el objetivo de eliminar las penas de cárcel por delitos de coacciones en la actuación de piquetes huelguistas. El debate ha llegado oportuno para coser lo que la Monarquía había descosido.Y el Congreso se ha vuelto a dividir en los dos bloques habituales, derecha e izquierda, como toda la vida.