Urge reformar el ingreso mínimo vital

La llegada del ingreso mínimo vital (IMV) en 2020 supuso un salto cualitativo en las políticas de protección social de nuestro país. Impulsada por la crisis de la pandemia, esta prestación se instauró como mecanismo de garantía de rentas en un momento en el que numerosos especialistas y expertos apoyaban la idea de un mecanismo transitorio, urgente y ágil para responder a la caída de ingresos provocada por la pandemia. Ese papel lo cubrió, con mayor éxito, el sistema de los ERTE, pero el ingreso mínimo vital, cuya implementación estaba ya prevista en los acuerdos programáticos del Gobierno de coalición, aceleró su lanzamiento en otoño de 2020 con el objetivo de complementar los sistemas autonómicos de rentas de inserción. Dado que nuestro modelo competencial sitúa los servicios sociales en las comunidades autónomas, se buscó el encaje institucional en la Seguridad Social, que mantiene sus competencias en el ámbito de la Administración General del Estado. El sistema debería haber llegado a más de 800.000 familias en poco tiempo, pero la complejidad de ponerlo en marcha, la ausencia de un suficiente sistema administrativo de apoyo y las múltiples trabas burocráticas retrasaron mucho su despliegue efectivo y redujeron su alcance hasta situarlo muy por debajo de lo deseado: un 35% de sus potenciales beneficiarios, con datos de la Airef de 2022. Al mismo tiempo, algunas comunidades autónomas, de manera muy oportunista, redujeron sus propios sistemas de garantía de rentas, limitando así el potencial de protección del conjunto del sistema.

El IMV ha experimentado ya varias reformas pensadas para alcanzar a una mayor población, y sus cuantías se han actualizado como parte del escudo social diseñado para combatir la crisis de precios, pero sigue siendo un instrumento imperfecto que requiere de reformas de calado tanto en su diseño como en su cobertura. El hecho de que el 95% las personas más vulnerables de entre los vulnerables, como son las personas sin hogar, no puedan acceder a la ayuda por falta de conocimiento, ausencia de documentación en los múltiples requisitos burocráticos, o dificultades en la tramitación, debería ser señal suficiente para acometer una profunda reforma del sistema y centrarla en sus necesidades, comprendiendo sus condiciones de partida y atendiendo a sus carencias. En el ejercicio de los derechos —y el ingreso mínimo vital debería serlo— las personas deberían pasar por delante de los requisitos de una burocracia paralizante.

Los análisis realizados suponen que la reforma del IMV para atender adecuadamente a las personas sin hogar debería tener un coste mínimo, y podría en cualquier caso ser complementaria de otras políticas destinadas a erradicar la lacra del sinhogarismo en nuestra sociedad, con intervenciones innovadoras como las que llevan desarrollando desde hace años las entidades punteras en la lucha contra este problema social. Pero el reto no acaba en este ámbito específico, sino que la reforma pendiente debe enfocarse en solucionar las variadas lagunas que han surgido en la aplicación efectiva del sistema, que ya fueron evidenciadas por la Airef el pasado verano.

El Gobierno está evaluando, con fondos del plan Next Generation, los primeros resultados del IMV y su complementariedad con diferentes políticas de inserción sociolaboral. Las conclusiones se harán públicas a lo largo de 2024. Mientras esta evaluación se completa, será imprescindible perfeccionar un mecanismo que, habiendo sido presentado como la última red de seguridad de nuestro sistema de protección social, mantiene todavía demasiados agujeros por los que se escapan las vidas, expectativas y opciones de las personas y las familias más vulnerables.