Los límites al Gobierno de Milei

El desenlace de las elecciones presidenciales en Argentina ha dejado dos récords históricos pero contradictorios: nunca antes un candidato había recibido tantos votos (Javier Milei, 14,4 millones) y nunca antes el ganador de las elecciones había llegado a la presidencia con tan poco poder.

A pesar de que el 56% del apoyo popular en la segunda vuelta le otorgue al nuevo Gobierno de Javier Milei una fuerte legitimidad política, su Ejecutivo nace con muchos límites para desplegar un programa propio.

El primer y principal obstáculo a la gobernabilidad de Milei es su exigua fuerza en las cámaras legislativas. Argentina tiene un sistema de gobierno presidencialista, en donde la legitimidad del Ejecutivo no emana del Legislativo —como en los sistemas parlamentarios—, sino que cada poder tiene su propia fuente de legitimidad, lo que le otorga a cada uno de los órganos de gobierno cierta capacidad de veto. En el caso de Milei, al tratarse de un político outsider, su partido, La Libertad Avanza (LLA), apenas reúne cerca del 15% de diputados en la Cámara baja y el 11% de los senadores en la Cámara alta. Se trata de una situación excepcional. Desde la vuelta a la democracia en 1983, lo más frecuente es que el partido que gana la presidencia acumule cerca o más de la mitad de los diputados, y en el caso de los gobiernos peronistas la mayoría en el Senado. Milei está obligado pues a tejer alianzas con los que fueron sus contrincantes políticos. El apoyo previo a la segunda vuelta por parte del expresidente Macri y de quien fue la candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, allanan el camino, pero no es suficiente. Para gobernar, Milei también tendrá que buscar acuerdos con sectores del peronismo y hacer equilibrios con sus socios preferentes. No hay alternativa. Gobernar a golpe de decretos presidenciales no es una vía con demasiado recorrido, pues, a pesar de darle más margen de tiempo para desplegar sus políticas (y esperar buenos resultados), aquellos requieren la convalidación del poder legislativo.

El segundo límite con el que se encontrará Milei es la propia estructura federal del Estado. En la Argentina los gobernadores de las provincias (el equivalente a las comunidades autónomas en España) poseen mucho poder político y, como en cualquier estructura de gobierno multinivel, requiere de su colaboración para el desarrollo de muchas políticas públicas. A su vez, y a diferencia de lo que sucede en España, los gobernadores ejercen un importante control sobre los legisladores de su circunscripción en el Congreso de la nación, teniendo la capacidad de pactar, al margen de la disciplina de partido, políticas que beneficien a sus propios territorios. En la actualidad, ninguna de las provincias está bajo el mando de un gobernador de LLA, lo que implica una importante fuente de debilidad. Pero puede que Milei encuentre en la gestión del anunciado recorte de la obra pública y en la actual necesidad de financiación de las provincias cierta fortaleza para negociar algunos apoyos.

El tercer obstáculo a la gobernabilidad de Milei es la propia situación del espacio opositor en el centroderecha. Tras la derrota en la primera vuelta de las elecciones, la coalición JxC implosionó. El sector más cercano a Macri se alineó rápidamente con Milei, pero ciertas corrientes de su partido —el PRO— se desvincularon de dicho compromiso. Asimismo, la otra gran pata de la coalición, la Unión Cívica Radical (UCR), se negó a apoyar la candidatura de Milei. El resultado es que tanto en las negociaciones en las cámaras como con los gobernadores el nuevo Gobierno no se enfrentará a un actor homogéneo, sino a una amalgama de corrientes con diferentes intereses difícilmente de contentar y equilibrar con cierta coherencia.

El cuarto problema para la gobernabilidad del nuevo Ejecutivo será, sin duda, la contestación social: la calle. Sin saber aún qué podrá hacer y qué no, lo que es seguro es que Milei intentará aplicar una terapia de shock para frenar y revertir la inflación, conseguir equilibrio fiscal y poner en marcha su drástica reestructuración del Estado (la motosierra), la desregulación de la economía, y sus “políticas culturales”, por ejemplo, revertir la ley del aborto. Téngase en cuenta que los niveles de movilización y protesta política en la Argentina son de por sí altos, y cuando el peronismo ha estado fuera del poder siempre ha sabido pulsar a la calle para dificultar la gobernabilidad de sus oponentes. Es difícil pensar que en esta ocasión sea diferente. Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, se han mostrado especialmente beligerantes contra los movimientos sociales. Un escenario de violencia en las calles es especialmente dañino para la convivencia social y letal para la estabilidad gubernamental.

Por último, el factor tiempo. No sería descabellado pensar que Javier Milei se juega su Gobierno en los primeros 12 meses de mandato. Argentina está al borde de la hiperinflación y estabilizar la economía es el objetivo inmediato del nuevo Ejecutivo. Para ello necesitará presentar una estrategia integral de reformas que conlleva importantísimos costes para la sociedad. Fundamentalmente, un recorte fiscal abrupto y profundo. En campaña, Milei argumentaba que esos costes los pagaría “la casta”, pero eso ya no le vale. De hecho, esas reformas, para salir adelante, necesitan del apoyo de la casta. Como apuntábamos antes, Milei depende de la concurrencia de legisladores peronistas y gobernadores que apoyen el paquete de medidas para la estabilización. Quizás, en estos primeros meses, entre la luna de miel y el proceso de reconfiguración del peronismo aún abierto, Milei pueda encontrar espacios para el acuerdo. Pero el paso del tiempo encarece el precio de la concertación. En 2015, Macri naufragó en su intento de hacer reformas estructurales. Milei hoy lo tiene aún más difícil. Tiene una sola carta que tiene que jugar rápido y con acierto.

En definitiva, el nuevo Ejecutivo nace con mucha legitimidad, pero débil. Los límites a la gobernabilidad obligarán a Milei a dejar de ser Milei: apartar sus propuestas basadas en patear completamente el tablero, tejer alianzas, llegar a compromisos transversales y no alimentar el conflicto social.