La ley de amnistía se convierte en una pesadilla para la UE

Una crisis política se está gestando en Europa en torno al abuso de las leyes con fines políticos. El casus belli es el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con Junts, el partido independentista catalán liderado por Carles Puigdemont, antes de la votación de investidura la pasada semana. Los acontecimientos encierran el riesgo de extenderse mucho más allá de España. Incluso podrían echar a pique la adhesión a la UE de una Escocia independiente.

El elemento central del acuerdo entre Sánchez y Puigdemont es una ley de amnistía para los dirigentes catalanes. Normalmente, no es algo que un Parlamento tenga capacidad para decidir. Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, escribió una carta al Gobierno español en la que expresaba su alarma ante la idea de que una amnistía política invalide una resolución legal de un poder judicial independiente. La oposición española coincide con Reynders. Pero, hoy en día, todo el mundo interfiere en los procesos judiciales.

Richard Nixon es famoso por haber respondido a una pregunta de David Frost: “Bueno, si lo hace el presidente, significa que no es ilegal”. La ley de amnistía española tiene algo de nixoniana. El pacto amnistiaría a los catalanes independentistas que colaboraron con el referéndum de 2017. También levantaría la orden de detención contra Puigdemont, que era presidente de Cataluña en el momento del referéndum. El sí obtuvo una victoria aplastante, con una escasa participación. La votación desencadenó una feroz reacción de las autoridades españolas (otro caso de políticos incoando procesos judiciales). Puigdemont huyó del país tras una insólita persecución en coche y un cambio de vehículo bajo un puente. Actualmente es diputado del Parlamento europeo y no ha vuelto a España desde entonces.

El reglamento de procedimiento de la Unión Europea, que tiene tres años de antigüedad, otorga a la Comisión el derecho a injerirse en la política de un Estado miembro si sospecha que se ha infringido la ley europea. La Comisión siempre ha sido la guardiana del Derecho europeo, pero carece de derechos de aplicación efectivos. La Comisión no ha adoptado un procedimiento de infracción contra España. Todavía estamos en la fase de redacción de cartas. La UE se enfrenta ahora al dilema de seguir sus propias normas o dificultar los apoyos parlamentarios del Gobierno de un gran Estado miembro. También se arriesga a desaprovechar la oportunidad de dar una solución política al conflicto catalán.

La principal arma de los procedimientos de infracción de la UE es el derecho a retener los pagos del presupuesto comunitario. No se trata de un procedimiento jurídico, como su nombre da a entender. Es un procedimiento político. La Comisión Europea adopta primero una decisión y después somete el asunto a votación de los ministros de la UE. Estos pueden bloquear la decisión si obtienen una mayoría suficientemente amplia. La intención es proteger al poder judicial de la política, pero son los políticos quienes ponen en marcha el procedimiento.

Se diseñó para lo que la UE considera gobiernos díscolos, como los de Polonia y Hungría. Sin embargo, las infracciones de la legislación de la UE no son el dominio exclusivo de los gobiernos rebeldes. Los Estados miembros de la UE tienen tradiciones judiciales diferentes. El Gobierno polaco saliente, dirigido por el partido Ley y Justicia, sometió a sus jueces y magistrados a procedimientos disciplinarios claramente contrarios al Derecho de la UE. Viktor Orbán, primer ministro húngaro, ha ido mucho más lejos que Polonia en su supresión de la libertad de expresión y el sometimiento del sistema judicial. España, en cambio, es una democracia estable. Es uno de los pilares de la UE moderna. Sin embargo, los gobiernos españoles también tienen un historial de maltrato a su poder judicial independiente. En concreto, no han renovado el mandato del Consejo General del Poder Judicial, órgano de 20 miembros que nombra a los jueces españoles y garantiza la independencia de la judicatura. Ese mandato expiró hace cinco años. La Comisión Europea ha instado a España a que renueve el Consejo, pero sin éxito.

El embrollo político español plantea importantes dilemas: ¿será la Comisión tan dura con España como lo fue con Polonia, por ejemplo? En caso afirmativo, ¿está dispuesta la UE a provocar una crisis política en un gran Estado miembro? Si la respuesta es negativa, la UE se arriesgaría a ser acusada de hipocresía al aplicar los procedimientos de infracción únicamente contra los adversarios políticos.

No creo que los fans del Estado de derecho lo pensaran bien. Angela Merkel se mostró escéptica desde el principio. Lo que los partidarios del imperio de la ley siempre han subestimado es que los atacados contraatacarán. Orbán chantajea ahora a la UE vinculando la reanudación de los pagos presupuestarios al desembolso de la ayuda financiera a Ucrania. ¿Cómo puedes disciplinar a los Estados miembros si dependes de ellos para tu política exterior?

España tendría muchos más recursos para chantajear a la UE si esta se pusiera a ponerle piedras a su nuevo Gobierno por motivos legales.

Aparte de todo esto, el conflicto repercute también en la postura de la UE frente a los movimientos independentistas en otros lugares. En Escocia ha habido mucha complacencia con respecto a la posible adhesión a la UE tras un hipotético voto afirmativo en un referéndum de independencia. Y en la UE no son pocas las personas que apoyarían la entrada de este país.

Pero tampoco ellos lo han pensado bien. No es concebible que un Gobierno español acepte la adhesión de una Escocia independiente al tiempo que niega el mismo derecho a los catalanes, sobre todo ahora que España y Cataluña han dejado atrás sus conflictos del pasado.

La UE no puede mostrarse a la vez hostil hacia Cataluña y cordial con Escocia. Tampoco puede consentir que se infrinja la ley en unas partes de Europa, pero no en otras. No puede mostrar animadversión hacia Orbán y al mismo tiempo permitir que Sánchez pisotee el poder judicial español. Todos estos son dilemas autoinfligidos.