Hungría bloquea la ayuda militar europea a Ucrania

Hungría bloquea de nuevo los esfuerzos de los Veintisiete por ayudar a Ucrania frente a la ofensiva rusa. El Gobierno de Viktor Orbán amenaza ahora con impedir la entrega de un nuevo tramo de 500 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz (EPF, por sus siglas en inglés) que compensa a los países de la UE que entregan munición y armas a Ucrania, así como frenar el nuevo paquete de sanciones contra Rusia que prepara el bloque europeo. El motivo es, según el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, la “creciente beligerancia” contra Budapest del Gobierno de Kiev, que ha incluido al principal banco húngaro, el OTP Bank, en la lista negra de entidades que siguen teniendo negocios en Rusia. El anuncio coincide con la visita a Budapest de una delegación del Parlamento Europeo, que considera que el país no ha hecho los suficientes avances para recibir los millones de euros que tiene bloqueados por la corrupción y otras deficiencias del Estado de derecho.

“Mientras los ucranios no retiren al OTP de la lista de patrocinadores internacionales de la guerra, Hungría no podrá participar en las decisiones sobre el EPF, ni sobre las sanciones”, dijo el jefe de la diplomacia húngara. Szijjártó también expresó dudas sobre “las consecuencias del conflicto armado” y sobre el hecho de que la entrega de recursos militares a Ucrania a través del fondo europeo pueda dejar sin “recursos suficientes” al mecanismo para “promover los intereses de la UE en otras regiones” del mundo.

El titular de Exteriores húngaro ha recordado otros asuntos que dificultan su relación con Ucrania. El más reciente es la revelación del diario The Washington Post de que el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, sugirió volar el oleoducto Druzhba, que transporta el petróleo ruso hacia Hungría. Otro que viene de lejos es la situación de la minoría de origen húngaro en Ucrania. El ministro advirtió de que el cierre de escuelas para esta población a partir de septiembre es contrario a la legislación europea.

La decisión de Budapest, anunciada por Szijjártó desde Viena, se conoció este miércoles en plenos preparativos en Bruselas de los consejos de ministros de Exteriores y Defensa de la semana que viene, en los que precisamente la cuestión de los plazos para la entrega de armas a Ucrania promete convertirse en uno de los principales temas de agenda. Fuentes diplomáticas europeas señalan que la maniobra húngara, que bloquea toda la estrategia europea, puesto que se requiere la unanimidad de los Veintisiete para aprobar el uso de los fondos del EPF, era algo esperado. Según indican las mismas fuentes, el alto representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, se ha comprometido a “hablar con Hungría y con Ucrania” del tema para tratar de resolverlo antes de la cita del lunes en la capital belga.

Una alta fuente comunitaria confirmó que se buscará una solución dialogada lo antes posible. “Vamos a hacer lo que hacemos siempre, hablar con unos y con otros; vamos a hablar con los ucranios y vamos a hablar con los Estados miembros, incluida Hungría, porque nuestra prioridad es clara: Ucrania tiene que ganar la guerra y para eso hace falta ayuda militar y una ayuda financiera, lo que es una prioridad absoluta para la UE en este estadio”, dijo al respecto. “Seguro que podremos resolver el problema”, confió.

La UE sigue viendo “problemas con la corrupción” en Hungría

Este nuevo movimiento de Hungría ha coincidido con la visita a Budapest de una delegación del Parlamento Europeo, que sigue viendo deficiencias en la vigilancia anticorrupción en este país para que se libere la entrega de fondos al Gobierno de Orbán. La presidenta de la misión, la eurodiputada alemana Monika Hohlmeier, ha reconocido progresos “después de tres días” en el país. Pero no han sido suficientes. “Todavía hay muchos problemas con la corrupción”, ha añadido la parlamentaria bávara.

Budapest tiene todos sus Fondos de Cohesión bloqueados desde diciembre del año pasado. La Comisión Europea aprobó entonces los planes húngaros de gasto para tener acceso a los casi 22.000 millones de euros que le corresponden del presupuesto de cohesión. No obstante, suspendió la entrega de estos recursos hasta que el Ejecutivo magiar no resolviera los problemas que había detectado la Comisión relacionados con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: independencia judicial, derecho de asilo, protección a la infancia y libertad académica.

Estos problemas son “prerrequisitos que los Estados miembros deben cumplir para garantizar la aplicación eficaz y eficiente de los fondos”, explicaba la Comisión cuando anunció el bloqueo. El Gobierno ultraconservador ha tratado de solucionar rápido la condición que afecta a la independencia judicial, algo que también se le exige para acceder a los fondos del plan de recuperación. El sistema judicial es también central para reducir la corrupción, un problema sistémico por el que se ha aplicado a Hungría por primera vez el mecanismo de condicionalidad, un castigo que congela millones de euros. Los otros tres tienen un alcance más limitado.

La Comisión aprecia avances en el campo judicial tras la última reforma, aunque falta el análisis definitivo para tomar una decisión. Si la evaluación fuera positiva, Budapest podría acceder a unos 12.900 millones de euros. Eso no es todo el dinero bloqueado, ya que todavía quedarían unos 2.900 millones vinculados a los otros requisitos y los 6.500 millones del mecanismo de condicionalidad, que sigue afectando al 55% de tres programas de los fondos de cohesión.

No es la primera vez que Hungría bloquea acuerdos comunitarios relacionados con Ucrania, un asunto que requiere la unanimidad de los socios, mientras se discute si sus vulneraciones del Estado de derecho y su falta de compromiso contra la corrupción afectan al dinero comunitario que le corresponde recibir. A finales del año pasado, Orbán no dio su respaldo a la aprobación de una línea de avales de 18.000 millones de euros como asistencia financiera a Kiev en 2023 hasta que no se aprobó el plan de recuperación húngaro (5.800 millones) y se rebajó algo la cantidad bloqueada por el mecanismo de condicionalidad (de 7.500 millones a 6.500). Finalmente, el ultra dio su brazo a torcer, comprometiéndose a reparar sus agresiones al Estado de derecho.

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