El Parlamento ruso prevé legalizar la deportación forzosa de población de los territorios ucranios anexionados

La Duma estatal, la Cámara baja rusa, tramita una serie de enmiendas que permitirán la deportación o traslado forzoso de personas en las zonas ocupadas por Moscú en Ucrania, una práctica contraria a la legalidad internacional. La reforma abarca varios aspectos de la ley marcial, que rige actualmente en los territorios ucranios que ahora controla Rusia en las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. El artículo 8 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional considera un crimen de guerra “el traslado, directa o indirectamente, por la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio”.

“Se prevén medidas para el movimiento forzoso y controlado de ciudadanos de estos territorios a los territorios donde no se ha introducido la ley marcial”, ha anunciado brevemente y a través de la red de mensajería Telegram el jefe de la comisión de la Cámara alta sobre legislación constitucional y construcción del Estado, Andréi Klishas. El alto cargo ha señalado, además, que se endurecerán los castigos para quienes infrinjan ese estado de excepción.

El presidente ruso, Vladímir Putin, impuso la ley marcial en las cuatro provincias ucranias bajo ocupación en octubre de 2022, un mes después de proclamar su anexión y en plena retirada rusa de la orilla occidental del río Dniéper, en Jersón. La orden presidencial, sin embargo, no incluyó Crimea, ocupada ilegalmente en 2014, pero el mandatario instó a su Gobierno a reforzar la seguridad de la península del mar Negro.

La legalización de las deportaciones forzosas choca frontalmente con el derecho internacional, aunque ello no es problema para el Kremlin, que sometió todas esas normas a la legislación rusa en su reforma constitucional de 2020, en plena pandemia. El artículo 49 del Convenio de Ginebra sobre la Protección de Civiles en Tiempo de Guerra establece que “los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo”.

Ese convenio internacional de 1949, ratificado por Moscú, hace una excepción con las evacuaciones “si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares”. El derecho internacional advierte de que las evacuaciones “no podrán implicar el desplazamiento de personas protegidas más que en el interior del territorio ocupado, excepto en casos de imposibilidad material”. Entre las “personas protegidas” se encuentra la población civil.

Esta iniciativa podría tener un precedente en el traslado de menores ucranios a Rusia, medida que también prohíben las leyes internacionales, salvo en caso de absoluta necesidad. El Tribunal Penal Internacional emitió en marzo una orden de detención contra Putin y la comisionada del Kremlin para los Derechos de los Niños, María Lvova-Belova, por la “deportación ilegal” de estos menores.

Otra de las enmiendas que tramita el Parlamento ruso contempla “la detención administrativa” por un periodo de hasta 30 días en caso de violar las restricciones impuestas por la ley marcial, según Klishas, quien ha asegurado que estas medidas tienen como objetivo “garantizar la seguridad y proteger a los ciudadanos”.

En paralelo, la Duma estatal aprobó este miércoles la segunda de las tres revisiones que debe pasar una enmienda sobre la celebración de elecciones y referendos en territorios bajo estado de excepción. Los cambios incluyen la posibilidad de abrir colegios electorales fuera de aquellas regiones y que los votantes no necesiten identificarse con el pasaporte y puedan mostrar otros documentos.

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