El comisario europeo de Justicia afirma que analizará la ley de amnistía y se reunirá con el Gobierno de Sánchez

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha tratado de recoger carrete tras la polémica que suscitó su carta al Gobierno español de hace una semana en la pedía explicaciones sobre la “posible ley de amnistía” y hablaba de “serias preocupaciones por los debates en curso” sobre la medida. Una misiva enviada cuando aún no existía siquiera un borrador de propuesta. “No he expresado ninguna preocupación”, ha dicho este miércoles Reynders en su primer comentario tras su carta. “He pedido recibir el texto [de la ley]. He recibido muchas preguntas en la última semana en España sobre el texto”, ha añadido. El comisario de Justicia ha explicado que los servicios jurídicos comunitarios analizarán ahora el documento, remitido por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, este martes, y después se reunirá con el Gobierno español, como Bolaños solicitó al enviar la proposición de ley que perdona a los implicados en el procés independentista catalán.

“Hemos recibido una propuesta del ministro Bolaños para organizar dicho contacto después de nuestro intercambio de cartas y por supuesto que lo haremos. Es algo frecuente, organizamos todo tipo de diálogos”, ha incidido el comisario de Justicia a su llegada al Consejo de Asuntos Generales, donde se reúnen los ministros de Asuntos Europeos para analizar la situación en Polonia y Hungría, y sus vulneraciones al Estado de derecho de la UE.

Hace una semana, la carta de Reynders —liberal belga que en ocasiones se percibe como cercano a las posiciones del PP— a Bolaños y a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que trasladaba esas “serias preocupaciones” por los debates sobre la amnistía suscitó serias preocupaciones de que el Ejecutivo comunitario se involucrara en ese punto preliminar en una cuestión de política interna española. Cuando Reynders remitió su misiva, el PSOE y los independentistas de Junts trataban de cerrar su acuerdo sobre la propuesta de amnistía en Bruselas; un pacto que garantiza el apoyo de los independentistas a la investidura de Pedro Sánchez.

Hasta ese momento y durante años, Bruselas había incidido en que el tema de Cataluña es un asunto interno de España. Reynders precisa ahora que esas “preocupaciones” no eran suyas, sino de multitud de personas que le han contactado. Así lo afirmó también la Comisión Europea a través de un portavoz dos días después de la carta del comisario de Justicia, que también habló del gran número de quejas ante el Ejecutivo comunitario, aunque sin precisar cifras ni si se trata de ciudadanos, partidos políticos o grupos de presión. Mientras, sigue en marcha una campaña en redes sociales contra la propuesta de ley de amnistía que anima a acudir al portal de la Comisión Europea sobre infracciones del derecho de la UE.

Es en la UE también donde el Partido Popular va a dar gran parte de su batalla con la ley de amnistía. De momento, quiere fijar para la semana próxima un debate sobre la proposición de ley en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La agenda de los temas a analizar en ese foro se determinará mañana y se espera que salga adelante con el apoyo de otras fuerzas. Si no, en cualquier caso, el Partido Popular Europeo podría meter el asunto en el punto de temas de actualidad.

Los populares también han acudido a las instituciones comunitarias —desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, o a Reynders— con sus preocupaciones por la proposición de ley de amnistía y aseguran que hay antecedentes de amnistías en otros Estados miembros que recibieron críticas de la UE, como en Rumanía. Aunque en ese caso se trataba de casos de corrupción en un país sujeto desde su entrada en al UE (en 2007) al mecanismo de control precisamente para verificar su avance en la lucha contra ese problema.

Los servicios comunitarios estudian ahora la propuesta de ley de amnistía. Aunque no tienen demasiado margen: solo si vulnera los principios fundamentales de la UE —como la igualdad de todos los ciudadanos o la separación de poderes— o se ven afectados fondos comunitarios. La propuesta de ley, no obstante, deja fuera el perdón que involucre fondos europeos. Tampoco incluye el llamado “lawfare” —que podría dar lugar a la revisión de penas por una supuesta “judicialización de la política”— que sí aparece, en cambio, en los acuerdos del PSOE y Junts y que ha provocado la protesta de las principales asociaciones de jueces y fiscales españolas.

“Lo he dicho varias veces: antes que nada necesitamos evaluar un borrador del texto y mi petición de la semana pasada fue simplemente que recibiéramos un texto”, ha señalado Reynders este miércoles. “Ahora ya está aquí, así que evaluaremos la situación y debatiremos y entablaremos un diálogo real, como siempre se ha hecho con el Gobierno español”, ha añadido el comisario de Justicia.