El PP se moviliza en Bruselas para tratar de frustrar la ley de amnistía
“Pedro Sánchez debería irse del país en el maletero de un coche”, dice el vicesecretario de Organización de los populares
La dirección del PP se siente reforzada en su estrategia, tras las manifestaciones multitudinarias del pasado domingo contra la ley de amnistía, y este lunes ha hecho su discurso más encendido hasta la fecha contra el presidente del Gobierno en funciones. “Pedro Sánchez debería irse del país en el maletero de un coche”, ha llegado a decir el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, en rueda de prensa en la sede del partido tras el comité de dirección. En paralelo, el PP se moviliza en Europa para tratar de frustrar la medida de gracia a los encausados del procés independentista catalán que allana el camino para la investidura de Sánchez. El grupo parlamentario del Partido Popular Europeo ha pedido que la Eurocámara celebre un debate sobre la ley de amnistía española la próxima semana y mientras tratan de tocar todos los resortes para lograr que Bruselas se pronuncie sobre el texto.
Cuando los periodistas han preguntado a Tellado qué quería decir al sostener que Sánchez debería irse de España en un maletero —un juego de palabras con la forma en la que Carles Puigdemont huyó de España en 2017—, el dirigente del PP ha dicho que era “un chascarrillo”. Pero no ha querido desautorizar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que afirmó que España es una “dictadura” tras el pacto del PSOE con los independentistas.
Tellado se ha mostrado comprensivo con esa declaración de la presidenta madrileña: “Hoy la democracia es más débil y los cimientos se encuentran amenazados por el Gobierno”, ha enfatizado el representante de la dirección del PP, que se ha negado a contestar con un sí o un no a la pregunta de si la cúpula popular considera que España es una dictadura. “Concuerdo con la presidenta Ayuso en que nuestra democracia es más débil que hace unas semanas. Hoy, la democracia española está amenazada por el propio Gobierno en funciones”, ha remachado. “Pedro Sánchez es el mayor peligro para la democracia española”, ha insistido en otro momento.
Los populares caldean así el ambiente en los días previos al debate de investidura de Sánchez —que se celebrará el miércoles y el jueves— y tratan también de achicar todo el espacio posible a Vox. Los populares consideran que el partido de Santiago Abascal tuvo un gesto “generoso” al aceptar el liderazgo del PP en la convocatoria de las manifestaciones del domingo, que respaldó. Se desmarcan, en principio, de la iniciativa de una huelga general que promueven los ultras, que consideran un “globo sonda para distraer la atención”, según fuentes de la cúpula del PP; y tampoco prevén, como les pide Vox, dejar sin calificar la ley de amnistía en la Mesa del Senado cuando llegue a la Cámara alta. Lo que sí han hecho es modificar el Reglamento para retrasar dos meses la aprobación de la norma.
En paralelo a la inflamación de su discurso, el PP prosigue en su intento de torpedear la ley de amnistía por todas las vías, incluida la europea. Este lunes, el grupo del Partido Popular Europeo (PPE) ha reclamado que se celebre un debate en la Eurocámara sobre la ley de amnistía española. El PP y Ciudadanos, que conserva siete eurodiputados, se están movilizando para llevar a las instituciones europeas su denuncia sobre la medida de gracia. Este jueves, la conferencia de presidentes de la Eurocámara decidirá la agenda del próximo pleno, el de la semana del 20 de noviembre, y si la petición tiene mayoría —los populares europeos cuentan con tenerla— se celebrará el debate en el Parlamento Europeo en Estrasburgo.
El PPE, “extremadamente preocupado”
“El Grupo del Partido Popular Europeo [PPE] está extremadamente preocupado por el deterioro del Estado de Derecho en España tras el intento de los socialistas de ganarse el apoyo de los separatistas catalanes”, dice un comunicado de los populares europeos firmado por su presidente, Manfred Weber, y por la vicepresidenta del grupo y jefa de la delegación española, Dolors Montserrat. “Las disposiciones del pacto de amnistía que han firmado corren el riesgo de violar la separación de poderes y socavar la independencia judicial”, aseguran. “A lo que nos enfrentamos en España es al principio del fin del Estado de Derecho y a la ruptura de la separación de poderes”, ha señalado Montserrat.
El PP y Ciudadanos han enviado además un dossier sobre el asunto con las “alertas” emitidas por asociaciones judiciales, de fiscales o de algunos funcionarios, y una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo, Charles Michel; al alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, al Comisario de Justicia, Didier Reynders, y a los otros 26 Estados miembros de la UE.
“Instamos a las instituciones europeas a que supervisen los acontecimientos relacionados con las preocupaciones planteadas por todos estos grupos especializados y la ley de amnistía en general”, dice la carta del PP y Ciudadanos, que llega después de la misiva enviada por el comisario de Justicia Reynders al Gobierno español en la que pidió más información sobre la ley. El Ejecutivo comunitario, que hasta ahora se había mantenido al margen de todos los asuntos relacionados con Cataluña y el procés, cambió así el tono con la carta de Reynders, liberal belga, pero que se percibe cercano a las posiciones del PP.
Bruselas no ha especificado cuántos ciudadanos han acudido a las instituciones con preguntas y preocupaciones sobre la amnistía, ni si son miembros de partidos políticos y grupos de presión. El Ejecutivo comunitario tiene competencias limitadas y podría intervenir, por ejemplo, si hubiera involucrados fondos comunitarios. Sin embargo, la propuesta de ley de amnistía recoge que no se podrá incluir los delitos que afectaran a intereses financieros de la UE. La propuesta de ley tampoco incluye el polémico “lawfare” que sí está en los acuerdos del PSOE con Junts y que podría dar lugar a la revisión de penas por una supuesta “judicialización de la política”.
Toque de atención
Mientras moviliza a los suyos en la capital comunitaria, el PP alienta la posibilidad de que Europa actúe para frenar la amnistía. Aspira a que Bruselas de algún tipo de toque de atención a España por la medida de gracia. Hablan incluso de aplicar el artículo 7 por violación de los valores fundamentales de la Unión, como se ha hecho (y costó) con Hungría y Polonia. El PP quiere que se compare a España con estos dos países del Este a los que se ha aplicado el artículo 7, pero no por incumplirlo (que llevaría aparejado la pérdida de derecho a voto en el Consejo) sino porque “están en riesgo” de violar los valores fundamentales. Y no se ha hecho por un caso concreto —como una ley de amnistía— sino por la deriva autoritaria de Budapest y Varsovia y por los fallos sistémicos.
Para Polonia y Hungría el artículo 7 —que puede iniciar no solo la Comisión sino también Consejo o el Parlamento Europeo, que es quien lo inició en el caso de Budapest— no ha tenido ninguna consecuencia, no obstante. Hungría en cambio tiene fondos congelados porque se le ha aplicado el llamado reglamento de condicionalidad: la Comisión ha considerado que los fondos europeos han estado en riesgo. A Polonia, en cambio, se le han impuesto multas por incumplimiento de las medidas cautelares europeas impuestas, como por la reforma de la Justicia. En el caso de España, si la Comisión detectara que la ley de amnistía vulnera algún principio fundamental (como la separación de poderes o la igualdad de todos los ciudadanos) podría abrir un expediente disciplinario que en el peor de los casos puede acabar en el Tribunal de Justicia Europeo y en último extremo, si España se negara a incumplir las ordenes de la justicia europea, podría desembocar en sanciones millonarias.
“Nos consta que las instituciones europeas están preocupadas”, ha dicho este lunes el vicesecretario del PP Borja Sémper en una entrevista en Telecinco. “Son conscientes de que España atraviesa un momento crítico. Porque hay un dirigente [Pedro Sánchez] que está dispuesto a firmar que los jueces prevaricaban, eso es el lawfare. Esto preocupa en Europa. Europa está implicada y nos consta que habrá noticias en el futuro”, ha advertido. Otros miembros de la cúpula del PP han insistido en la misma tesis. “España no se rinde. Y todavía hay esperanza de que otros organismos internacionales puedan parar este desvarío”, ha subrayado el coordinador general del PP, Elías Bendodo.
