Torquemada en Guatemala

Quebrantando el principio de legalidad con irracional tozudez, el mandato central que ahora cumple la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, es impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, y los principales dirigentes de su partido, Movimiento Semilla, asuman el próximo 14 de enero. La última e inesperada carta que se sacó de la manga fue acusarlos de asociación ilícita y depredación de bienes culturales por haber apoyado en 2022, a través de sus redes sociales, a quienes protestaban contra el fraude que fue avalado por el ‘Pacto de Corruptos’ en la elección de rector de la influyente Universidad de San Carlos (USAC, la única estatal).

En la madrugada del pasado jueves 16, la fiscal desató una verdadera cacería: 31 allanamientos y 27 órdenes de captura contra docentes y estudiantes universitarios, periodistas y dirigentes sociales, incluyendo al ex defensor del pueblo, Jordán Rodas, el más fuerte aspirante a la Rectoría de la USAC, en el exilio desde hace más de un año. Logró capturar a cinco profesores y estudiantes; todos están acusados de los mismos delitos, bajo el caso denominado “USAC: botín político”, el cual jurídicamente no alcanza a sostenerse ni siquiera con alfileres. Más tarde, ese mismo día, reveló su verdadero propósito: despojar de inmunidad al binomio presidencial electo y a seis diputados opositores, truncando así el proceso democrático.

Consuelo Porras es una burócrata gris que durante tres décadas pasó desapercibida en los pasillos de los tribunales. La mejor descripción de ella que escuché de sus colegas hace ya varios años fue: “Baila al son que le toquen”. Navegando bajo una bandera de inocuidad fue designada fiscal general en 2018, y no tardó en mostrar sus verdaderas intenciones: desmantelar el Estado de derecho corrompiendo la justicia hasta la médula. Fanática religiosa, inmune a las masivas protestas populares y a las sanciones internacionales, al perseguir con crueldad y saña continuadas a los operadores de justicia independientes y a los disidentes, ella cree reafirmar su convicción de que “está salvando a Guatemala del comunismo”. Tiende al autoencierro. Lo que le filtra su primer círculo es “la” realidad detrás de las cuatro paredes de su despacho. Por eso no previó que la población enardecida llamara a la puerta de su casa durante las protestas en octubre. Desde entonces se esconde y duerme en cuarteles y casas de seguridad del régimen.

Porras y sus fiscales no atravesaron solos la línea roja que rompe el Estado de derecho. Sus actos son impensables e insostenibles sin la orquestación de Miguel Martínez -el poder tras el trono del presidente Alejandro Giammattei- y el diputado Manuel Conde, un viejo político que aspira a desbancar a Bernardo Arévalo. Ellos disponen de innumerables caletas, producto de la corrupción de cuatro años, para comprar de manera continua la voluntad de diputados, fiscales, jueces y magistrados. El otro factor de apoyo tras bambalinas con que cuenta la señora Torquemada en Guatemala es la facción troglodita de la oligarquía rapaz, que ha cultivado en esta crisis una relación simbiótica con grupos neofascistas, en cuyas filas militan antiguos oficiales de inteligencia que sembraron el terror durante el conflicto armado (1960-1996), conocidos como los “mata-amarrados”. Cada semana todos ellos elaboran planes fantasiosos que solo alcanzan a ejecutar en mínima medida, suficiente para mantener en vilo la democracia en este país.

A diferencia del tratamiento de las regresiones democráticas ocurridas en Venezuela, Nicaragua y El Salvador, en Guatemala la comunidad internacional está respondiendo casi en tiempo real. Hay dos razones que lo explican: la ilegitimidad del régimen y una oposición legítima con opción de poder y capacidad de movilización.

Por eso, Estados Unidos y la Unión Europea están elevando su capacidad de coordinación; además, el Consejo Permanente de la OEA se ha reunido extraordinariamente cinco veces desde que estalló la crisis postelectoral -la última vez, el 15 de noviembre con una resolución abrumadoramente adversa al régimen guatemalteco- y se elevan las voces exhortando a aplicar la Carta Democrática Interamericana, que haría de Guatemala literalmente un Estado paria. Patrick Ventrell, el más alto representante del presidente Joe Biden en el país ya habló públicamente que de las sanciones individuales a políticos, funcionarios y empresarios que han ido en aumento en estos días, y sin dificultad pueden pasar a trastocar las relaciones comerciales, sí y solo sí la fiscal general continúa con licencia para matar la democracia, la cual le ha sido extendida por los factores retrógrados del poder interno.