El Ministerio Público de Guatemala busca sabotear el traspaso de poder con un nuevo caso contra Bernardo Arévalo

El Ministerio Público de Guatemala, encabezado por la fiscal general Consuelo Porras, sigue minando el camino del presidente electo, Bernardo Arévalo, para que tome posesión: este jueves la Fiscalía abrió un nuevo caso que no solo señala al mandatario como responsable de daños al patrimonio de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), sino que abre un antejuicio y exige despojarlo de su inmunidad para procesarlo. La querella también alcanza a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y diputados del Movimiento Semilla, el partido político que enarbola un discurso anticorrupción que le granjeó el suficiente apoyo popular para ganar la segunda vuelta electoral.

“Las acciones del Ministerio Público contra miembros del Movimiento Semilla son espurias e inaceptables”, expresó Arévalo en su cuenta de la red social X, antes Twitter. El fiscal Saúl Sánchez, a cargo de la nueva investigación, señaló que al presidente electo por supuestos “delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita”.

En una rueda de prensa ofrecida la mañana de este jueves, la Fiscalía acusó a Arévalo y Herrera de participar en 2022 en la toma a la fuerza del campus universitario estatal; una protesta estudiantil en rechazo a las elecciones celebradas ese año en la casa de estudios superiores, cuando los universitarios denunciaron irregularidades en la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac.

Aparte del antejuicio contra la dupla presidencial del Movimiento Semilla, la Fiscalía emitió 28 órdenes de captura, la mayoría relacionadas a este nuevo caso y otra orden de arresto contra el exjefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Jordan Rodas, por otra causa. Rodas había participado en el proceso de selección de rector de la Usac, pero fue torpedeado. En su lugar fue electo Mazariegos, a quien Estados Unidos incluyó en julio pasado en la Lista Engel de sancionados por desvirtuar “procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022, tras un proceso de selección fraudulento”.

Aunque se trata de causas separadas, según el Ministerio Público, Rodas asegura que este nuevo caso contra el presidente electo es parte de la misma insistencia del “pacto de corruptos” de Guatemala para sabotear la toma de posesión, por ende, insiste, burlar la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas.

“El caso contra mí y contra el presidente Arévalo está mal planteado, no tiene sustento legal alguno, pero esto es una prueba más de que no solo la Fiscalía, sino el pacto de corruptos no respetan la decisión popular. Así como se robaron las elecciones en la universidad San Carlos, se están queriendo robar las elecciones del país, cuando la gente optó claramente por tener a Bernardo Arévalo como próximo presidente del país”, dijo Rodas a EL PAÍS, exiliado desde hace un año y dos meses, luego de que su candidatura vicepresidencial en el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) fuera bloqueada. De hecho, la orden de captura emitida este jueves contra Rodas está relacionada con la participación del exprocurador en la contienda electoral de 2023.

“De forma sorpresiva llegaron hoy a mi residencia en Quetzaltenango, donde está mi esposa y mi hija, cuando es de conocimiento público que yo no estoy en Guatemala”, expresó Rodas. “Intimidan a mi familia lo cual es deleznable. Luego escucho esa conferencia de prensa del Ministerio Público y es un caso espurio. Mi gran delito fue aspirar a ser rector de la única universidad pública. Estuve a punto de ganar el proceso y hoy veo que muchas personas que aspiramos a una Usac que haga su rol, que busque el bien común, que señale para sacar a las mafias del poder, se ven criminalizadas”.

Detenciones y “pruebas” contra Arévalo

El fiscal Saúl Sánchez aseguró que el presidente electo podría haber cometido los delitos de usurpación de forma agravada, depredación de bienes culturales y asociación ilícita. Durante la presentación del caso, el funcionario mostró como supuestos indicios contra Arévalo capturas de pantalla de videos del presidente electo en las instalaciones de la universidad, participando en eventos académicos, cuando el campus ya había sido liberado.

La Fiscalía también buscará que se le retire la inmunidad a los diputados del Movimiento Semilla Samuel Pérez y Román Castellanos, así como al diputado electo Raúl Barrera, entre otros. La acusación detalla que los sindicados utilizaron la toma de la universidad como una “plataforma para sus candidaturas políticas”. Por este mismo caso, la excandidata a diputada del partido Semilla Marcela Blanco fue capturada y se emitió orden de captura contra otras 25 personas, entre ellos exfuncionarios, políticos, estudiantes y profesores universitarios. Aunque no todos los nombres de los querellados se han hecho públicos.

El Ministerio Público de Consuelo Porras ha sido fuertemente criticado en Guatemala y en el exterior por intentar intervenir en los resultados de los comicios y buscar cancelar al partido del presidente electo. Arévalo ha denunciado públicamente a Porras de encabezar un intento de “golpe de Estado” en su contra para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.

Estados Unidos amenaza con sanciones

Estados Unidos amenazó este viernes con imponer nuevas sanciones económicas y restricciones de visados contra autoridades de Guatemala si el presidente electo no asume su cargo el próximo 14 de enero. “Estamos dispuestos a usar todas nuestras herramientas para combatir ese ataque a la democracia en Guatemala, incluyendo sanciones económicas, sectoriales o de visas”, aseguró el secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, en una entrevista con EFE.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la solicitud de la Fiscalía de Guatemala para retirar la inmunidad a la dupla presidencial electa. En un comunicado, la OEA “condena enérgicamente la presentación de antejuicios hecha hoy por el Ministerio Público de Guatemala, que incluye al presidente electo del país, Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, así como varios integrantes de los partidos políticos Semilla, VOS y Winaq”.

Las decisiones del Ministerio Público de Guatemala “constituyen acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral y pueden afectar el resultado del mismo, por lo cual resultan absolutamente improcedentes e inaceptables para un sistema político democrático”, según la OEA. También señaló que la Fiscalía “como institución del Estado se encuentra en violación de lo que establece la Carta Democrática Interamericana”.

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