Guatemala, ¿fuera de control?

El pasado domingo 1 de octubre, las autoridades indígenas ancestrales de Guatemala anunciaron un paro progresivo en los territorios y sin límite de tiempo a partir del lunes. Su demanda es la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, la hasta ahora inquebrantable punta de lanza del pacto de Corruptos que pretende desconocer los resultados electorales y descalificar penalmente al presidente electo Bernardo Arévalo y su partido, Movimiento Semilla.

Pocas horas antes de la rueda de prensa de los líderes indígenas, la fiscal Porras, con la venia formal de un juez menor, Fredy Orellana, asaltó las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y secuestró las boletas depositadas por la ciudadanía el 25 de junio, rompiendo la cadena de custodia de la autoridad jurisdiccional. Esto ocurrió cuando oficialmente Guatemala está regida bajo el calendario electoral que vence el 31 de octubre. Según la ley, hasta entonces, ningún poder del Estado puede interferir en la esfera de dominio del TSE. Pero la fiscal Porras lo hizo. No solo eso, exigió levantar la inmunidad de las autoridades electorales.

Como es ya costumbre en los últimos cuatro años, el resto de las élites burocráticas judiciales le allanaron el camino. La Corte Suprema avaló la persecución de los magistrados del TSE, cuya suerte quedará en manos de una mayoría del Congreso que integra la alianza favorecida por la desenfrenada corrupción. El plan de la fiscal Porras —avalada por políticos, ciertos burócratas y empresarios que se mueven en las sombras— es encarcelar a quienes velaron por la integridad electoral, incluyendo a ciudadanos de a pie que voluntariamente formaron las juntas electorales. Su argumento es que todos ellos cuajaron un fraude increíble para favorecer a los candidatos anticorrupción del Movimiento Semilla. Consumado ese golpe, según su plan, la persecución seguirá contra Arévalo y sus diputados, para lo cual la Corte de Constitucionalidad le abrió la puerta, también esta misma semana.

Estos movimientos de piezas, que traslucen una estrategia simple aunque ilegal, está siendo operada de manera sumamente eficaz y hasta temeraria por las burocracias judiciales. Hasta ahora caminaron por inercia, ignorando las protestas indígenas que día tras día se van expandiendo. Durante las primeras 72 horas, sin embargo, fueron recibidas con frialdad en la ciudad de Guatemala, el punto neurálgico de la política en un sistema de poder hípercentralizado, aunque es también la plaza electoral más frondosa de Arévalo y su partido. Queriendo poner la tapa al pomo, las cámaras patronales aglutinadas en CACIF obtuvieron con facilidad la licencia judicial implícita para el empleo de la fuerza de represión estatal a fin de desalojar inmediatamente a quienes bloqueaban el paso vehicular en las carreteras. Por si fuera poco, ciertas turbas fueron alentadas como fuerzas de choque contra los manifestantes indígenas que se instalaron en las afueras del búnker de la fiscal Porras, en el céntrico barrio de Gerona, la sede principal del Ministerio Público.

Fue inútil. Los pueblos indígenas siguieron con paso sereno y firme. No pelearon con nadie en los centros urbanos ladinos, donde por lo general no son bienvenidos y resultan blanco de sutiles o abiertas expresiones de racismo y discriminación. Se acercaron a los estudiantes universitarios, a los profesores y autoridades de los centros de enseñanza, a los pequeños y medianos empresarios, a los transportistas, trabajadores en la informalidad y amas de casa. Explicaron que habían dejado sus hogares lejanos porque sin democracia ni libertades, el reino oscuro de la corrupción, el crimen y la impunidad terminaría enseñoreándose, sometiendo a todos los habitantes.

Después de 48 horas, el paisaje cambió. La noche del jueves 5, los universitarios organizaron grandes manifestaciones en Quetzaltenango, la segunda ciudad. El viernes, la ciudad de Guatemala amaneció bloqueada por pobladores y estudiantes. Los pilotos del transporte pesado se sumaron y los comerciantes de todos los mercados cantonales –que tradicionalmente fueron movidos como fuerza de choque del sistema- anunciaron un paro total a partir del lunes 9 si la fiscal Porras sigue en el cargo. Los policías bajan las armas e intermedian. Tras largos cinco días de tensiones e incitaciones anónimas a la violencia, no ha habido una sola víctima.

Nada está resuelto, pero tampoco disuelto. La protesta crece como una bola de nieve que baja desde las alturas de la fría sierra indígena de Los Cuchumatanes. Los pueblos originarios -que son al menos la mitad de la población- están dando una cátedra de civismo y defensa de un sistema político y de justicia que históricamente los ha excluido, pero que aspiran a transformar pacíficamente. La demanda de renuncia de la fiscal puede convertirse este fin de semana en un grito unánime: “Que se vayan todos los del pacto de corruptos”.

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Édgar Gutiérrez es analista político y excanciller de Guatemala.