Inmigración y marco ultra

El rendimiento electoral que la extrema derecha está obteniendo de sus campañas contra la inmigración está llevando a diferentes países europeos a un endurecimiento de sus políticas, sin esperar a que se materialice el Pacto sobre Inmigración y Asilo, que ha de permitir una respuesta unificada y común al problema. Los Veintisiete alcanzaron a principios de octubre un acuerdo sobre el Reglamento de Crisis, el último escollo que quedaba para poder sacar adelante el pacto, un asunto nuclear para el futuro de la Unión, después de que la normativa vigente se desplomara con la crisis migratoria de 2015.

El movimiento más significativo se ha producido en Alemania. Tras los buenos resultados de Alternativa por Alemania en las elecciones regionales y el ascenso que prevén los sondeos a nivel federal, el canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz, ha decidido poner fin a la política de puertas abiertas iniciada por su antecesora, la conservadora Angela Merkel. En un acuerdo con los 16 Estados federados, Berlín ha decidido endurecer la política de migración y asilo con el objetivo declarado de hacer que el país resulte menos atractivo para los inmigrantes. Las medidas económicas de apoyo a los länder para que puedan atender unos servicios sociales sobrecargados son razonables, pero las medidas disuasorias, que incluyen procedimientos acelerados de expulsión para la inmigración irregular y un recorte generalizado de las prestaciones para los solicitantes de asilo, suponen una clara involución.

También lo son las iniciativas para externalizar los procedimientos de asilo fuera de la UE. Es el caso de Italia, donde ya gobierna una coalición de extrema derecha. La primera ministra, Giorgia Meloni, acaba de firmar un acuerdo con Albania para construir en ese país centros de acogida con capacidad para gestionar un flujo anual de 36.000 rescatados por los equipos de salvamento en el Mediterráneo. Las organizaciones humanitarias temen que el acuerdo sea una vía para facilitar la deportación irregular de inmigrantes, pues estos centros se ocuparán de la gestión de las solicitudes de asilo y de la repatriación de quienes no obtengan el estatuto de refugiado. En todo caso, suponen un paso más en el proceso de externalización del control de la migración, que comenzó con acuerdos con países limítrofes con la UE, como Turquía, para frenar las llegadas y ahora se extiende a la gestión de las salidas sin esperar a que fructifique el esperado acuerdo comunitario.

Es la misma política que ha intentado, de momento sin éxito, el Reino Unido. El Tribunal Supremo de este país ha confirmado la ilegalidad del plan del Gobierno conservador de Rishi Sunak de deportar a Ruanda a los inmigrantes que lleguen de forma irregular para que gestione las peticiones de asilo o la devolución al país de origen. En línea con lo que ya había advertido el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, el Supremo británico considera que Ruanda no cumple los requisitos para garantizar los derechos humanos de los implicados. La sentencia ha provocado un cisma en el Gobierno que ha llevado a la destitución de la ministra de Interior, Suella Braverman, partidaria de ignorarla y comenzar las deportaciones.

Todos estos movimientos reflejan el nerviosismo y la creciente inquietud de los partidos de gobierno por los costes electorales de la inmigración en tiempos de incertidumbre. Pero adoptar las recetas de criminalización y rechazo de la extrema derecha, lejos de resolver el problema, lo que hace es legitimar sus posiciones y facilitar que siga obteniendo rédito electoral.