Pacto agridulce sobre inmigración

Tras un largo, tenso y agotador periodo de negociación, los 27 países miembros de la Unión Europea alcanzaron por fin el miércoles un acuerdo sobre el reglamento que regula cómo actuar en situaciones de crisis migratoria. Es el quinto y último punto contemplado en el pacto migratorio y de asilo que viene negociándose desde hace años. La presidencia española ha puesto un gran empeño en sacar adelante este reglamento que desbloquea el pacto, consciente de que, si se perdía esta oportunidad, la siguiente podía tardar mucho en llegar. Sin embargo, el acuerdo es tan frágil que el consenso ha durado 48 horas. Las discrepancias expresadas por algunos países, con Polonia y Hungría a la cabeza, irrumpieron ayer en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Granada, hasta el punto de impedir que la cuestión de la inmigración figurara en la declaración final conjunta.

El acuerdo del miércoles fue posible a costa de endurecer las condiciones para solicitar asilo, alargar el tiempo de detención permitido para los inmigrantes susceptibles de ser repatriados y delegar el control de los flujos de personas a países limítrofes que no garantizan el cumplimiento de los convenios internacionales sobre derechos humanos. Es objetivamente un avance importante, dado que la alternativa era seguir en la parálisis, pero tiene sabor agridulce. Por un lado, es el mejor pacto posible porque permite desbloquear la situación de anormalidad en que vive Europa desde la emergencia migratoria de 2015, cuando saltaron por los aires las normas establecidas en el Convenio de Dublín sin disponer de una alternativa común de acogida que garantizara la gestión solidaria de las crisis. Esta situación ha creado graves dificultades a los cuatro países que concentran la mayoría de las llegadas: Grecia, Italia, Malta y España.

Lejos de la propuesta inicial de articular un mecanismo de reparto equitativo y solidario de los solicitantes de asilo, el acuerdo prevé un sistema de solidaridad obligatorio pero flexible. De manera que los países podrán elegir entre acoger el cupo que les corresponda o pagar 20.000 euros por cada solicitud que rechacen. Ha sido la única forma de alcanzar un consenso suficiente, aunque no total. Polonia y Hungría siguen oponiéndose a cualquier política común y son tan beligerantes que el presidente de Hungría, Viktor Orbán, llegó a decir al llegar a Granada, en una expresión lamentable, que se consideran “legalmente violados”.

Si se tiene en cuenta que Austria, Eslovaquia y la República Checa se abstuvieron, el camino que queda no va a ser fácil. Lo acordado tiene que ser sometido ahora a una negociación entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo. Y es previsible que sea objeto de nuevas escaramuzas para intentar endurecerlo. La inmigración se ha convertido en un elemento de polarización política en muchos países. La sesión paralela celebrada en Granada por iniciativa de los primeros ministros del Reino Unido e Italia al margen de la agenda oficial indica hasta qué punto es objeto de una disputa que puede monopolizar las elecciones europeas de junio de 2024. El peligro de involución es evidente. Por eso hay que celebrar como un avance lo pactado, aunque persistan importantes sombras sobre la forma en la que se aplicará en situaciones de crisis migratoria. Entre ellas, los obstáculos que pueden encontrar las organizaciones humanitarias que trabajan en el Mediterráneo y el peligro de que algunas de sus actuaciones puedan ser incluso perseguidas criminalmente.