La UE mantendrá a los solicitantes de asilo en centros cercanos a las fronteras mientras revisa sus peticiones

La UE busca diferenciar desde el inicio a los migrantes económicos de los refugiados para agilizar la expulsión de quienes no tengan derecho al asilo. Los nuevos reglamentos comunitarios, acordados por los ministros del Interior de los Estados miembros este jueves, representan un hito al fijar por primera vez un reparto estable entre los Estados miembros de una pequeña parte de los demandantes de asilo que lleguen a la UE. Al mismo tiempo, restringen también las posibilidades de permanencia en el bloque comunitario. Los acuerdos establecen pautas más restrictivas de ingreso y determinan que, tras un primer análisis, los solicitantes de asilo que tengan pocas posibilidades de obtener el amparo —incluidas familias con niños— tengan que aguardar en instalaciones especiales localizadas en territorio comunitario —en las mismas fronteras o cerca de ellas— mientras duran los trámites. Las características más específicas de esos centros tendrán que concretarse en una negociación posterior, pero el modelo puede incluir centros abiertos, según fuentes comunitarias.

Las nuevas normativas, que forman parte del pacto migratorio bloqueado durante años, también amplían el abanico de países a los que se puede expulsar a quien ha visto rechazada su solicitud de asilo: podrá ser enviado no solo a su país de origen, sino a cualquier otro considerado “seguro” con el que tenga una “conexión razonable”, un concepto que se ha dejado abierto tras intensas negociaciones entre los Veintisiete y que da grandes poderes a las autoridades nacionales para determinar esa conexión.

El capítulo, que plantea como principal novedad un umbral de reubicados (trasladados desde los países bajo presión migratoria a otros Estados miembros) de 30.000 al año, no está cerrado del todo. Los dos reglamentos fruto del acuerdo del jueves deberán negociarse ahora con el Parlamento Europeo para obtener el texto legal definitivo. Y será ese el punto en el que algunos socios volverán a poner sobre la mesa sus reclamaciones.

Alemania, que se había mostrado firme para lograr una excepción para que excluir de los centros a las familias con niños menores de 12 años —algo especialmente inaceptable para el partido de Los Verdes—, tratará de introducir ese punto en esa negociación apoyándose en la Eurocámara, según ha explicado la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser. Los Veintisiete llegaron al acuerdo tras muchas horas de debate y reescribir varias veces las propuestas. Y con Italia finalmente a bordo —después de intensos tiras y aflojas y varias concesiones a Roma— Berlín decidió ceder en ese punto para no bloquear el pacto.

Las organizaciones de derechos humanos han criticado duramente el acuerdo, que consideran que reduce los niveles de protección de quienes llegan a las fronteras europeas buscando seguridad. “Los líderes europeos instituirían procedimientos en las fronteras europeas que, a sabiendas, causarían sufrimiento, incluida la detención de personas en instalaciones cerradas en las fronteras durante meses”, dice Eve Geddie, directora de la Oficina de la Unión Europea de Amnistía Internacional, que critica la posibilidad de enviar a los migrantes a terceros países “seguros”.

El nuevo sistema abre dos canales: el primero, el tradicional, para las personas que procedan de países en conflicto —Sudán, Afganistán— o con situaciones específicas; el segundo, el acelerado, es para los originarios de países con menos de un 20% de solicitudes de asilo reconocidas —India, Senegal, Túnez, Turquía, Serbia— que, mientras aguardan la respuesta a la petición, deberán esperar en esos centros especiales, instalados fundamentalmente en países como Grecia o Italia, según los expertos.

El acuerdo político alcanzado el jueves flexibiliza en parte la localización de estos centros, que en ocasiones no tendrán por qué estar cerca de las fronteras si eso permite no sobrecargar los puntos de entrada y para que no sea necesario construir nuevas infraestructuras, señalan fuentes diplomáticas. Estos centros no tienen que estar vinculados a la detención —algo que se hará en las condiciones fijadas, por ejemplo, a quien se considere una amenaza para la seguridad nacional—, pueden ser centros abiertos y funcionar con otras medidas de garantía de localización de las personas (como que deban comparecer cada cierto tiempo), una condición que era especialmente importante para España, que tiene modelos que encajan en esta descripción, como los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Serán los Estados miembros quien determinen en principio el modelo a seguir, pero el acuerdo no está pensado, en cambio, para los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), de régimen cerrado.

Bruselas, que ha puesto sobre la mesa al menos 1.000 millones de euros del presupuesto de la UE para compensar los costes de esos centros, afirma que ese procedimiento acelerado es “más humano”, ya que evita que los migrantes estén en situaciones de incertidumbre prolongada. En esta segunda vía, en la que los migrantes recibirán la respuesta a su petición en 12 semanas, según el acuerdo, no pueden pasar más de seis meses desde que se solicita el asilo y se ejecuta una expulsión.

Más opciones de expulsión a los migrantes

Con el acuerdo de este jueves, los Veintisiete también buscan fórmulas para ampliar el abanico de los países a los que poder expulsar a los migrantes rechazados. En 2022, solo el 21% de las personas que no tenían derecho a la protección internacional fueron expulsadas, debido no solo a trabas burocráticas o a los movimientos dentro de la UE de las personas con una orden de expulsión, sino también a la falta de acuerdos de retorno con algunos países. De ahí que socios como Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y el eje del sur hayan presionado para dejar lo más abierta posible la opción de enviar a los solicitantes de asilo rechazados a países terceros considerados “seguros”. Será la Comisión Europea, según los reglamentos, la encargada de hacer una lista común de esos países, un punto que puede volver a calentar el debate, como ya ha ocurrido en el pasado.

Todo lo acordado implica que los dos nuevos reglamentos modifican el convenio de Dublín, que fija el marco de gestión de las peticiones de asilo, y simplifica la devolución de los solicitantes desde los países del interior de la UE a los de primera línea fronteriza con el exterior.

A la regulación del acuerdo aún le queda un importante camino y ya se enfrenta a una serie de trabas. Una de ellas es la férrea oposición de Hungría y Polonia, que rechazaban de lleno el pacto y votaron en contra, y que han amagado ya con incumplir. “La reubicación forzosa no resuelve el problema de la migración, pero viola la soberanía de los Estados miembros. Polonia no pagará por los errores de las políticas de inmigración de otros países”, ha lanzado el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, en las redes sociales, insinuando que podría incumplir otra de las novedades cruciales de los acuerdos que, con la idea de compartir la responsabilidad sobre los flujos migratorios, marcan que los países que rechazan aceptar las reubicaciones que les corresponden en el reparto, deberán contribuir a la cesta de solidaridad común con financiación (20.000 euros por cada reubicado rechazado) o medios técnicos y logísticos cuantificables. Aunque los países sometidos a una fuerte presión migratoria no tendrán que acoger a personas reubicadas desde otros Estados ni contribuir a la cesta financiera. Sí recibirán, en cambio, apoyo de la hucha común.

Hungría también rechaza de lleno esa idea de “solidaridad obligatoria pero flexible”. Este viernes, el primer ministro ultraconservador, Viktor Orbán, aseguró que el acuerdo es “inaceptable”. “Bruselas está abusando de su poder. Quieren reubicar a los inmigrantes en Hungría por la fuerza”, lanzó en sus redes sociales.

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