Las reclamaciones de Italia dificultan cerrar el pacto migratorio de la UE

Las reclamaciones de Italia y algunos flecos en la arquitectura de la gestión de asilo dificultan cerrar el pacto migratorio que trata de consensuar desde hace años la Unión Europea. Italia, en primera línea fronteriza de llegadas irregulares, ha puesto sobre la mesa la preocupación de los países del sur, que reclaman más en ese equilibrio entre solidaridad y responsabilidad que persigue el acuerdo europeo. Italia pide, por ejemplo, que el periodo en el que un país está obligado a encargarse del solicitante de asilo que ha recibido en sus fronteras se reduzca a 12 meses (ahora son 24); los países del norte, como Alemania, Holanda o Suecia, que acogen sobre todo movimientos secundarios desde otros países de la UE, quieren que ese margen sea de tres años. Las exigencias de Italia también contemplan otros elementos de esa “solidaridad obligatoria pero flexible”.

Los ministros del Interior de los Estados miembros negocian este jueves en Luxemburgo dos de los últimos capítulos del pacto migratorio —los de la gestión de la migración—, congelado durante años. La propuesta de la nueva regulación europea que ha redactado el Consejo de la UE, coordinado por Suecia (que preside este semestre), contempla pagos para los Estados miembros que reciban a solicitantes de asilo reubicados desde otros socios de la UE (las cifras están en discusión). Propone, además, otros pagos para cubrir los traslados de un país de la Unión (de recepción) a otro (de reubicación) y más fondos para apoyar los reagrupamientos familiares de las familias con menores, según un borrador de la propuesta al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La nueva regulación se basa en el concepto de “solidaridad obligatoria pero flexible” y plantea imponer a los socios que se nieguen a acoger a los solicitantes de asilo que les correspondan en el reparto común una contribución de entre 10.000 y 22.000 euros por inmigrante rechazado, como adelantó este diario este miércoles. Es una horquilla amplia y la cantidad final, que irá a la cesta de solidaridad, está aún abierta. Fuentes comunitarias apuntan que esa cifra será de 20.000 euros.

Los Veintisiete debaten ahora la pauta de esos tiempos de responsabilidad que preocupan a Italia, donde, con el Gobierno de ultraderecha, el tema es particularmente sensible. Otros países del Mediterráneo quieren, además, que ese periodo de responsabilidad sobre las solicitudes de los solicitantes de asilo sea más corto si han llegado a sus fronteras en operaciones de búsqueda y salvamento. Rescatar a quien está en peligro en el mar es una obligación internacional, señalan fuentes comunitarias.

El objetivo es sacar adelante dos de las tres regulaciones pendientes en los próximos días y por mayoría cualificada (no por unanimidad). Hungría y Polonia se oponen a todo pero para avanzar en el pacto hace falta que Italia sume, no solo por el voto, también porque, aunque se reuniera esa mayoría cualificada, el acuerdo no funcionaría si los cinco países del Mediterráneo —entre ellos Italia, Grecia o España— lo rechazan. La negociación llega todavía muy abierta a la mesa de los ministros del Interior y las posiciones todavía están muy escoradas, no solo entre los países del norte y los del sur (a Italia no le convence tampoco la fórmula que se usa para determinar cuántos solicitantes de asilo acoger en toda la UE y por país), sino en otros frentes.

Uno de los más importantes es qué criterio se seguirá para devolver a las personas a las que las autoridades hayan denegado el asilo (el procedimiento, además, será más rápido). Alemania, por ejemplo, quiere que solo se contemple la repatriación a su país de origen. Otros, como, Países Bajos o Italia, plantean que se puedan devolver a los países desde los que cruzaron si esos se consideran “países seguros”.

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