Scholz firma un acuerdo “histórico” con los Estados federados para reducir la migración irregular

Alemania endurecerá su política de migración y asilo con un objetivo primordial: hacer que el país sea menos atractivo para los inmigrantes irregulares. El canciller Olaf Scholz describió este martes como “histórico” un acuerdo con los líderes de los 16 Estados federados para compartir los costes de la atención a los refugiados e introducir una serie de medidas que en la práctica supondrán una reducción de las prestaciones que ofrece el país a los solicitantes de protección.

El nuevo rumbo de Berlín en migración y asilo contrasta con la política de puertas abiertas que puso en marcha la democristiana Angela Merkel en 2015 durante la crisis de los refugiados. Los tiempos son otros: hay un partido de ultraderecha (Alternativa para Alemania) que se ha disparado en las encuestas cuestionando la política migratoria alemana y los ayuntamientos y los länder (Estados federados) llevan meses presionando al Gobierno federal para que reduzca la presión de las continuas llegadas, que han sobrecargado todos los servicios públicos, desde la vivienda a la educación pasando por la sanidad.

Después de una reunión de más de ocho horas, Scholz y los presidentes de los 16 Estados presentaron en la madrugada del martes en Berlín un documento que, aunque deja muchos asuntos sin concretar, sí perfila ese nuevo rumbo. Se han acordado medidas para facilitar la deportación de los solicitantes de asilo que no tengan derecho a quedarse en el país, con procedimientos acelerados y expulsiones más rápidas, especialmente hacia países cuya tasa de reconocimiento sea inferior al 5%. “Nuestro objetivo común es hacer retroceder la inmigración irregular”, declaró el canciller.

También habrá recortes en las prestaciones que reciben los solicitantes de asilo. El ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) que podrían suponer un ahorro de 1.000 millones de euros a las arcas públicas. La medida no solo “aliviará la carga de los Estados federados y de los municipios”, sino que también “reducirá el atractivo del Estado del bienestar alemán”, añadió. Entre otras cosas, se empezará a trabajar para introducir tarjetas de pago para los refugiados, con las que podrán comprar comida y otro tipo de productos sin usar dinero en efectivo. El objetivo es evitar que transfieran dinero a sus países de origen, algo que sobre todo los conservadores consideran un incentivo para escoger Alemania frente a otros destinos.

Tras la decisión italiana

El acuerdo en Berlín llega apenas horas después de que Italia anunciara que construirá centros de acogida en Albania para deportar a inmigrantes rescatados en el mar y mientras la Unión Europea está revisando sus normas de asilo y migración con el objetivo de reducir la inmigración irregular. En la línea de lo decidido por el Ejecutivo de Giorgia Meloni, el Gobierno alemán también va a “examinar” si es posible llevar a cabo procedimientos de asilo fuera de Europa, aunque Scholz tiene muchas dudas sobre la constitucionalidad de la medida.

El documento acordado con los länder recoge también que la negativa de muchos países de origen a acoger de vuelta a sus nacionales es “uno de los mayores obstáculos” para que se produzcan más deportaciones de solicitantes de asilo rechazados. Por tanto, se incrementarán los esfuerzos para concluir acuerdos migratorios con esos países y se jugará con el incentivo de las ofertas para la inmigración legal de mano de obra y trabajadores cualificados. Scholz asegura que perseguirá ese objetivo “al más alto nivel”.

Buena parte de la negociación se centró, sin embargo, en solucionar los problemas que tienen ahora las regiones, que son las encargadas de proporcionar los servicios básicos a los refugiados y solicitantes de asilo. Scholz ha accedido a compensarles con un sistema per cápita de 7.500 euros anuales por refugiado a partir del año que viene, así como un anticipo de 1.750 millones de euros en el primer semestre de 2024. En total, el año próximo, el Gobierno federal destinará 3.500 millones de euros a ayudas para que municipios y regiones alojen e integren a los refugiados.

La preocupación por la inmigración irregular en Alemania ha aumentado en los últimos meses, hasta situarse en el primer puesto de la lista de cuestiones que inquietan a los ciudadanos. Además de los solicitantes de asilo ―entre enero y septiembre, unas 230.000 personas pidieron asilo en el país, más que en todo 2022―, los ayuntamientos atienden ya a más de un millón de refugiados ucranios que llegaron tras el inicio de la invasión rusa en febrero del año pasado. En ese contexto, el partido ultra Alternativa para Alemania se ha colocado segundo en los sondeos a nivel nacional con un discurso duro antiinmigración.

Además de este acuerdo con los Estados federados, la coalición de Scholz (formada por socialdemócratas, verdes y liberales) ya tiene en marcha un amplio paquete legislativo migratorio, que incluye permitir que los refugiados puedan incorporarse antes al mercado laboral y una nueva ley, ya aprobada por el consejo de ministros, para deportar con mayor agilidad a quienes permanecen en situación irregular en el país.

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