Alemania endurece su política migratoria con una campaña de deportación “a gran escala”

Lo adelantó el canciller alemán, Olaf Scholz, en la portada del semanario Der Spiegel el fin de semana: “Tenemos que empezar a deportar a gran escala”. Dicho y hecho. La primera reunión del gabinete tras la llamativa entrevista ha aprobado un proyecto de ley con normas más estrictas para deportar en mayor cantidad y más rápido a quienes permanecen en situación irregular en el país. “Para proteger el derecho fundamental al asilo debemos limitar significativamente la inmigración irregular”, ha asegurado la ministra del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, este miércoles en Berlín al presentar el texto, que deberá ser aprobado por el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento alemán.

La coalición alemana ha endurecido significativamente su discurso respecto a la migración en respuesta a las críticas de la oposición y la presión que ejercen los municipios y los Estados federados, que aseguran estar sobrepasados por el número de refugiados y solicitantes de asilo a los que deben atender. El número de entradas irregulares no deja de crecer, y se suma a la presión para los servicios públicos que supone el millón largo de personas que huyeron de la guerra en Ucrania y se han instalado en Alemania.

El país que destacó por su política de puertas abiertas durante la crisis migratoria de 2015 está ahora dando un vuelco a esa filosofía y busca formas de frenar la llegada de migrantes, incluso estableciendo controles fronterizos fijos con sus vecinos del este, dificultando así la libre circulación consagrada en el tratado de Schengen. El “wir schaffen das” (”lo conseguiremos”) que popularizó entonces Angela Merkel encuentra ahora otro clima político y social. Los partidos políticos tratan de ganarse a los votantes de cara a las elecciones regionales del año que viene, en las que la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) parte como favorita con un discurso duro antiinmigración.

La nueva ley, que forma parte de un paquete migratorio mucho más amplio —se prevé, por ejemplo, que los refugiados ucranios puedan incorporarse antes al mercado laboral—, pretende acabar con la burocracia que impide devolver a sus países a los migrantes que no tienen derecho a residir en Alemania porque su solicitud de asilo no cumple los requisitos. El Ministerio del Interior calcula que ahora mismo hay al menos 50.000 personas a las que se les podría aplicar la nueva ley y que deberían abandonar el país inmediatamente.

El número de inmigrantes que en teoría están obligados a abandonar el país es mucho mayor. A 30 de junio eran 279.098 personas, pero de ellas solo una pequeña parte está realmente amenazada de expulsión. La mayoría gozan de lo que se conoce como “estatus de tolerancia” y no pueden ser deportadas bien porque carecen de documento de identidad, están enfermas o tienen un hijo menor de edad que sí tiene permiso de residencia. En la práctica, dos de cada tres intentos de deportación fracasan por distintos motivos, como la imposibilidad de encontrar a la persona en cuestión. Faeser aseguró que este año las expulsiones han aumentado un 27% respecto a 2022, pero que el número sigue siendo insuficiente.

El proyecto de ley concede más atribuciones a la policía para determinar la identidad de una persona y prevé inspecciones sin previo aviso en sus domicilios, algo que organizaciones como Caritas Alemania ya está criticando. Además, las deportaciones dejarán de anunciarse a los afectados, como ocurre ahora. Normalmente, existe al menos un año de “tolerancia” al que sigue un preaviso de un mes para la expulsión. Ese requisito se elimina, con una excepción: las familias con niños menores de 12 años.

Ofensiva contra los traficantes

La ofensiva contra los traficantes, responsables de la entrada irregular en el país de miles de personas, también se endurece. Los miembros de organizaciones criminales podrán ser deportados de forma casi automática cuando hayan sido condenados a un mínimo de un año de cárcel. Hasta ahora entraban en la rueda del proceso legal de la solicitud de asilo y podían permanecer en Alemania. Incluso sin condena, si se encuentran pruebas de su pertenencia a una organización criminal, será más fácil expulsarlos, prometió la ministra del Interior. Además, está previsto aumentar las penas mínimas y máximas para los contrabandistas, “especialmente en casos de acciones violentas”, señaló Faeser, que recordó el accidente en el que murieron siete migrantes en la frontera con Austria después de que el traficante que los transportaba en una furgoneta saliera huyendo de un control policial.

A las dificultades burocráticas y de falta de personal para acelerar las expulsiones se suma en muchos casos la falta de voluntad de cooperación de los países que deben acoger de vuelta a sus nacionales. El Gobierno alemán está tratando de llegar a acuerdos migratorios con los países de origen, explicó Faeser este miércoles. “Las nuevas normas son necesarias para que podamos seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad humanitaria para con las personas a las que tenemos que proteger de la guerra y del terror, como los 1,1 millones de personas procedentes de Ucrania”, añadió. Y se mostró tajante, como el canciller en su comentada entrevista del fin de semana: “Quienes no tienen derecho a quedarse deben abandonar nuestro país”.

El endurecimiento de la ley ha provocado algunas críticas internas, también dentro del Partido Socialdemócrata (SPD) de Scholz, pero es especialmente controvertido para Los Verdes, que mantienen una postura menos estricta en materia de política de asilo y migración. El diputado verde Jürgen Trittin señaló en su cuenta de X (antes Twitter) que las promesas de deportaciones a gran escala no se cumplirán. “Las soluciones reales son compartir la carga en Europa, procedimientos de asilo acelerados, más dinero para los municipios y la integración de los refugiados en el mercado laboral”, añadió. Los liberales del FDP, el tercer socio de Gobierno, hace tiempo que pedían más mano dura. Scholz, por su parte, va dejando muestras de que el problema le preocupa: “El número de refugiados que buscan venir a Alemania en este momento es demasiado alto”, ha asegurado recientemente.

La decisión del Gobierno llega pocos días antes de una importante reunión del Ejecutivo con los Estados federados para abordar el tema de la migración y después de que Scholz enviara una carta al líder de la oposición, Friedrich Merz, asegurándole que está decidido a reducir el número de personas que residen en Alemania sin ninguna perspectiva de regularización. Merz, presidente de los democristianos de la CDU, ha elevado la presión sobre el Gobierno de coalición con declaraciones contra la entrada de más migrantes y ha ofrecido a Scholz un pacto de Estado, que el canciller parece haber aceptado: “Para mí es importante que el Gobierno federal, los Estados federados y la oposición lleguen a acuerdos juntos para reducir notablemente la migración irregular´”, le contesta Scholz en la misiva, publicada por varios medios alemanes.

En paralelo a los intentos de evitar más entradas irregulares y de expulsar a las personas que no tienen derecho a residir en Alemania, el Ejecutivo formado por socialdemócratas, verdes y liberales busca atraer trabajadores cualificados de fuera de la Unión Europea que ayuden a paliar la acuciante necesidad de mano de obra del mercado laboral alemán. En este caso, los requisitos para obtener permisos de residencia e incluso la ciudadanía se están relajando para hacer de Alemania un destino atractivo.

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