Las amenazas terroristas y el temor a una crisis migratoria tensan aún más el espacio Schengen

¿Está el espacio Schengen muerto? La pregunta volvió a flotar este jueves en Luxemburgo, donde los ministros de Interior de la UE se reunieron en un contexto de gran tensión que ha llevado a varios países a imponer en los últimos días nuevos controles fronterizos para frenar la inmigración que entorpecen el libre tránsito del que tanto se precia Europa. Además, la crisis de Oriente Próximo tras el ataque brutal de Hamás y la dura respuesta de Israel hace temer a los Veintisiete una renovada amenaza terrorista —que Francia y Bélgica ya han experimentado en carne propia—, y un potencial nuevo flujo migratorio que vuelva a poner a prueba al espacio europeo. El reflejo inmediato, una vez más, está siendo cerrar fronteras.

“No digo que esté muerto, pero Schengen está roto y tenemos que repararlo”, dijo el ministro austriaco del Interior, Gerhard Karner. “Y solo podremos hacerlo si defendemos masivamente las fronteras exteriores, tanto desde el punto de vista legal como el técnico”, agregó el representante de uno de los gobiernos que más han presionado para que Bruselas financie muros fronterizos. A su lado, su par alemana, la socialdemócrata Nancy Faeser, asentía, acotando que solo cuando se logre cerrar el largamente negociado pacto migratorio y de asilo europeo, “entonces Schengen podrá volver a trabajar con fronteras abiertas”.

En vísperas de la cita en Luxemburgo, donde se ha presionado también para que Austria y Países Bajos retiren sus vetos a la entrada en Schengen de Rumania y Bulgaria —algo que la presidencia española de turno de la UE espera lograr en diciembre, según ha dicho el ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska—, Italia anunció que va a restablecer los controles terrestres con Eslovenia, ante el peligro de que puedan entrar terroristas por esa frontera. “Hemos suspendido el tratado de Schengen solo en la frontera con Eslovenia para evitar que por la ruta de los Balcanes lleguen terroristas que podría atacar nuestro país o en Europa”, afirmó el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani. En la lista oficial de motivos enviada a Bruselas, Roma alega un “aumento de la amenaza de violencia en la UE tras el ataque a Israel, el riesgo de una posible infiltración terrorista, una presión migratoria constante por mar y tierra y un incremento en el flujo migratorio del Mediterráneo central”.

Apenas 48 horas antes de la decisión italiana, en Bruselas, un inmigrante tunecino sin papeles —que había entrado por la isla italiana de Lampedusa a Europa y vivido durante temporadas en Suecia antes de instalarse, irregularmente, en Bélgica— había asesinado a tiros a dos ciudadanos suecos para “vengar a musulmanes”, según las primeras pesquisas, como reacción a la quema de ejemplares del Corán en Suecia en los últimos meses.

La facilidad con que un individuo con antecedentes penales y del que había habido avisos sobre su posible radicalización pudo evitar ser expulsado de Bélgica ha desatado las alarmas de los Veintisiete, que han decidido celebrar este viernes una reunión extraordinaria en Bruselas para discutir, como han exigido en los últimos días varios gobiernos europeos, la manera de facilitar o acelerar las devoluciones a sus países de origen de aquellos a quienes se deniegue el asilo y que puedan suponer un riesgo a la seguridad, según ha anunciado la comisaria de Interior, Ylva Johansson.

Ese mismo lunes en que se produjo el nuevo atentado extremista en la capital belga, apenas unos días después del asesinato en Arras (Francia) de un profesor de instituto por otro radicalizado de origen extranjero, Alemania también había anunciado el establecimiento de controles fronterizos fijos en los pasos con Polonia, República Checa y Suiza, así como la prolongación la misma medida que se viene aplicando desde 2015 con Austria. El motivo esgrimido por Berlín es la necesidad de reforzar la lucha contra el tráfico de migrantes y limitar las entradas irregulares, que no han dejado de aumentar en lo que va de año.

En total, y a pesar de que el tratado de Schengen deja claro que el restablecimiento de controles fronterizos internos debe ser una medida “de último recurso, en situaciones excepcionales y respetando el principio de proporcionalidad”, 10 de los 27 miembros de este acuerdo (23 de la UE, más los asociados Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) tienen actualmente en marcha o solicitados controles de fronteras. Pese a ser una medida temporal, que hay que notificar cada vez, algunos países, como Francia, Dinamarca o Alemania, llevan años, algunos al menos desde la crisis migratoria de 2015, estableciendo este tipo de controles temporales en sus fronteras que, hasta entonces, eran realmente una medida muy excepcional.

Las últimas decisiones unilaterales que restringen la libertad de movimiento entre los firmantes del tratado “son un signo evidente de que volvemos a estar en una grave crisis de Schengen”, dice Raphael Bossong, analista del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP). Aunque las razones que esgrimen los países para volver a imponer controles fijos seguramente tienen sustento legal, para este experto es evidente que el tratado ya no se respeta y que “cada vez más se está haciendo de él una lectura arbitraria”.

Además, acota la analista Camino Mortera, los argumentos suenan viejos. “Es el mismo discurso que teníamos en 2015″, cuando la oleada de refugiados sirios provocó una crisis migratoria en Europa, recuerda la jefa de la oficina de Bruselas del Centre for European Reform, que se dice cada vez más pesimista. Si tras la crisis de 2015 y 2016 llegó a la conclusión de que “Schengen había resistido relativamente bien” a la crisis, ahora cada vez está más convencida de que “capea el temporal sobre la base de estar cada vez más reducido”. “La raíz del problema es la falta de acuerdo y de visión global sobre lo que es una política de inmigración y seguridad europea”, subraya. Y mientras no se reconozca esto, y se actúe en consecuencia, “al final lo que se va a hacer es ir, poco a poco, erosionando Schengen hasta probablemente acabar en un mini-Schengen, o algo parecido (…) porque el consenso no está en tratar de encontrar una solución realista y práctica, sino en tratar de evitar que esto se convierta en un problema político”.

Johansson ha reconocido los problemas. “Por supuesto que tenemos muchos desafíos en el área Schengen”, ha dicho la comisaria de Interior en rueda de prensa. “Los controles fronterizos internos son uno de ellos, porque incluso si están justificados por cuestiones de seguridad interna o cruce ilegal de fronteras, todo control interno obstaculiza el movimiento libre y por supuesto que tenemos que evitarlo”, ha reconocido.

Según ha adelantado, su departamento está preparando un “informe con recomendaciones” tras hablar con los países que han establecido controles fronterizos internos. Y aunque ha valorado pasos “positivos” de los Estados miembros, ha pedido “más cooperación policial, más operaciones conjuntas y menos detener a la gente (en las fronteras)”. También ha urgido a España a que coloque entre sus “prioridades” del semestre europeo la aprobación “lo ante posible” de la reforma del reglamento Schengen, que busca asegurar que los controles fronterizos son restablecidos solo como “último recurso” y que evitaría las lecturas unilaterales e interesadas de los Estados. “Cuento con la presidencia española para que priorice esto, porque ayudaría también con otras medidas que se pueden adoptar en vez de imponer controles internos”, ha dicho. Bossong se muestra escéptico. Hay otras prioridades: “Con la actual crisis migratoria, a nadie le importa lo más mínimo”, concluye.

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