La Europa de libre circulación eterniza los controles fronterizos

Ya hace casi nueve años que la crisis de refugiados puso a prueba las costuras del espacio Schengen, el que permite la libertad de movimientos de los ciudadanos dentro de la UE y otros cuatro Estados. Conforme llegaban las oleadas de refugiados que provocó el conflicto sirio, varios países de Europa central y del norte comenzaron a notificar a Bruselas que volvían a introducir el control de fronteras o, al menos, se guardaban el derecho de hacerlo: Alemania, Austria, Hungría, Suecia, Dinamarca… Desde entonces, bastantes de estos países renuevan la situación cada seis meses, tiempo máximo que permite la regulación. Con los años, a los movimientos migratorios masivos se han sumado otras causas: amenazas terroristas, crimen organizado, contrabando, la pandemia… Pero, como se ha visto esta semana con el roce entre Varsovia y Berlín o la anterior entre Viena y Roma, la migración y el tráfico de personas siguen teniendo un papel destacado en la revitalización de los controles fronterizos.

Entre 2006 y hasta mitad de 2015 se había recurrido muy pocas veces a las excepciones a Schengen: 36 veces y por periodos de tiempo muy limitados, unos días por la organización de un evento, una visita de alto nivel (la del presidente de los Estados Unidos, por ejemplo) o la celebración de una cumbre de líderes. En los nueve años posteriores, la cifra se ha multiplicado por nueve: 336.

“Desde 2015, el espacio Schengen ha estado sometido a una presión constante y hoy nos enfrentamos a una realidad diferente a la que existía cuando se creó. La inestabilidad en la vecindad europea y en regiones más lejanas, las consecuencias de la situación extremadamente excepcional de la crisis de refugiados de 2015, la crisis de la covid-19 y la amenaza del terrorismo exigen una reflexión y un seguimiento”, apuntaba un informe de evaluación de 2020 elaborado por la Comisión Europea. Un año después, Europa descubrió una variante nueva de estos movimientos de población: la instrumentalización de los migrantes como amenaza híbrida que empezó a emplear en 2021 el régimen autocrático del bielorruso Aleksandr Lukashenko.

No siempre se esgrime el argumento de los movimientos para reintroducir los controles, ni se anuncia una prolongación por meses. España, por ejemplo, ha advertido a Bruselas que desde el jueves pasado y hasta el próximo sábado habrá controles fronterizos en varios aeropuertos, puertos y en fronteras terrestres. ¿Motivo? La cumbre de líderes de la UE de la próxima semana en Granada. Portugal hizo lo mismo el pasado julio para la visita del papa Francisco por la Jornada Mundial de la Juventud.

Acusaciones entre vecinos

Cuando un país recupera los controles fronterizos —la notificación a Bruselas no tiene por qué suponer que se despliegan— es fácil que haya algún cruce de acusaciones entre vecinos. Alemania ha anunciado esta semana que va a hacer controles en las carreteras para afrontar la ola migratoria que llega a través de los más de 1.000 kilómetros de frontera que comparte con Polonia y la República Checa, con el trasfondo también del escándalo de la venta de visados que afecta al Gobierno polaco.

Varsovia anunció a su vez que reforzaría los controles a los vehículos que pueda considerar sospechosos de transportar migrantes en la linde con Eslovaquia. Días antes, el roce llegó entre Italia y Austria a cuenta de los controles de este último país en el paso fronterizo de Brenner. Fue el viceprimer ministro italiano y líder ultra, Mateo Salvini, quien amenazó a Viena con llevarla ante los tribunales europeos.

No obstante, en ocasiones estos controles no tienen por qué suponer una suspensión de la regulación de Schengen. Berlín ha explicado que su anuncio de esta semana no supone una excepción en la regulación del tratado —aunque mantiene controles con Austria desde 2015—, y así lo ha confirmado la Comisión Europea. “Es un tipo de medida alternativa que consideramos útil. La Comisión ha promovido el uso de estas medidas alternativas temporales desde 2017″, ha declarado una portavoz comunitaria.

La zona Schengen es, sobre el papel, un espacio de libre circulación de personas compuesto por 27 Estados que no coinciden exactamente con los miembros de la UE. Irlanda, por ejemplo, no forma parte de él. Y Rumania y Bulgaria están a la espera de recibir el visto bueno del resto de socios, algo que a finales del año pasado despertó la oposición de Países Bajos y Austria. Ambos países, en cambio, sí dieron el visto bueno a Croacia, el último país en incorporarse, el pasado 1 de enero. Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein son los Estados de Schengen que no forman parte del club comunitario.

Para recuperar los controles fronterizos, la norma prevé tres situaciones. La más utilizada es la que viene regulada por los artículos 25 y 26 para casos “previsibles”, por lo que el Estado que recurre a ella debe informar a la Comisión con cuatro semanas de antelación. Es a la que se ha acogido España para la celebración de la cumbre, porque está pensada para eso expresamente. Puede prolongarse por 30 días y se puede ir renovando hasta seis meses. Hay otras dos: la que requiere una acción inmediata en respuesta a una amenaza, por ejemplo, terrorista. La última sería la que pone en riesgo todo el espacio Schengen por falta de control en las fronteras exteriores.

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