Reducir burocracia, menor nivel de idioma y nuevos visados: así corteja Alemania a los trabajadores cualificados
El Parlamento alemán aprueba la nueva ley de inmigración con la que quiere paliar su preocupante escasez de mano de obra
Alemania quiere atraer a trabajadores extracomunitarios a su mercado laboral y se ha dado cuenta de que su exasperante burocracia y la rigidez de sus normas estaba dejando al país en inferioridad de condiciones respecto a otros destinos de la inmigración cualificada como Estados Unidos o Canadá. La modificación de la ley de inmigración que ha aprobado este viernes el Parlamento alemán pretende acabar con esa desventaja. La nueva norma da más facilidades, rebaja requisitos y permite incluso entrar en el país sin una oferta de trabajo en firme, con un visado o “tarjeta de oportunidad” que permitirá residir legalmente durante la búsqueda de empleo.
“Es la ley de inmigración más moderna del mundo”, ha asegurado la ministra del Interior, Nancy Faeser, durante la sesión parlamentaria que la ha aprobado, con 388 votos a favor (los de la coalición de Gobierno que forman socialdemócratas, verdes y liberales), 234 en contra y 31 abstenciones. La oposición democristiana de la CDU se ha negado a aprobar el texto alegando que también abre la puerta a la entrada de trabajadores no cualificados. El partido de ultraderecha AfD asegura directamente que el país no necesita a nadie de fuera.
Alemania tiene un problema gravísimo de falta de mano de obra. En las encuestas las empresas lo destacan como uno de los mayores riesgos para su negocio. No encuentran personal en el país y cuesta mucho competir con otros lugares para atraer a los trabajadores extracomunitarios dispuestos a emigrar. El ministro de Trabajo, Hubertus Heil, ha calculado que se teme una brecha de siete millones de trabajadores para 2035. El mercado laboral alemán necesitaría incorporar 400.000 personas de fuera de la UE cada año para compensar su envejecida pirámide poblacional.
La nueva norma incluye un sistema de puntos basado en el modelo canadiense que permite acceder a la llamada “tarjeta de oportunidad”, un visado que da derecho a buscar trabajo en Alemania durante un año, siempre que el aspirante demuestre que puede mantenerse durante ese tiempo. El sistema otorga puntos con base en distintos criterios como la experiencia profesional, la edad, la conexión con Alemania o las habilidades lingüísticas. Tener menos de 35 años dará puntos. Contar con un mínimo de dos años de formación profesional en el país de origen o un título universitario también. Y, consciente de que los países anglófonos son mucho más atractivos, el Gobierno ha rebajado el nivel de alemán exigido, de un A2 (elemental) a un A1 (principiante).
La reducción de la burocracia es clave en la nueva norma. Hasta ahora la homologación de los títulos extranjeros era tan complicada que muchas empresas ni lo intentaban o pasaban meses de trámites hasta poder contratar a sus empleados de fuera de la UE. “Es inaceptable que haya que rellenar 17 formularios distintos para traer a este país a un trabajador sanitario”, se quejó Faeser en el Bundestag. La novedad es que ya no hará falta homologar muchos títulos en Alemania. Una cualificación reconocida en el país de origen y al menos dos años de experiencia profesional serán suficientes. Además, en caso de que el título sí necesite ser reconocido, la persona podrá empezar a trabajar durante el proceso.
Los partidos de la coalición también quieren favorecer la migración educativa, es decir, la oportunidad de emigrar a Alemania para recibir formación profesional o estudios universitarios con el objetivo de quedarse a trabajar de forma permanente. Los estudiantes extranjeros podrán hacer prácticas remuneradas para ganarse la vida.
Las opciones de reunificación familiar también se amplían. Si hasta ahora los trabajadores cualificados podían llevar consigo a cónyuge e hijos, ahora también se permitirá hacerlo con padres y suegros.
La ley pretende ser mucho más flexible con los visados, que hasta ahora se otorgaban con un propósito específico. Por ejemplo, si alguien llegaba al país con un visado de turista y se le ofrecía un puesto de trabajo, debía abandonar el país y solicitar un nuevo visado. Esto ya no será necesario según el texto aprobado por el Bundestag, porque los permisos podrán adaptarse a las circunstancias.
Hay novedades también para los solicitantes de asilo. El Gobierno quiere darles la oportunidad de iniciar una formación profesional o de conseguir un trabajo. Si su procedimiento ya está en marcha y les ofrecen un empleo, podrán quedarse en Alemania aunque al final se determine que no tienen derecho a asilo (los refugiados reconocidos ya tienen derecho a trabajar). Esta posibilidad solo se ofrecerá a quienes tuvieran procedimientos de asilo en curso y no a nuevos solicitantes para no crear incentivos a la inmigración irregular. La fecha límite es el 29 de marzo de este año. La salvedad se ha incluido en respuesta a las críticas de la oposición conservadora, que acusaba al Gobierno de Olaf Scholz de eliminar trabas a la inmigración y promover la llegada de personas con poca cualificación.
Las asociaciones de empresarios y la industria han reaccionado en general de forma positiva a la nueva ley. Arndt Kirchhoff, de la Asociación de la Industria Metalúrgica y Eléctrica, aseguró en la cadena pública ARD que agradecen por ejemplo las facilidades en la homologación de titulaciones. También hay críticas porque la norma no va tan lejos como debería. El presidente de la Confederación Alemana de Oficios (ZDH), Jörg Dittrich, sigue creyendo que es demasiado burocrática. El gerente general de la Asociación Central de la Industria Alemana de la Construcción, Felix Pakleppa, echa en falta que se centre tanto en la existencia de calificaciones formales, cuando lo que necesita su sector es personal con experiencia laboral.
Los partidos conservadores siguen pensando que cuestiones como rebajar el nivel de conocimientos de alemán anima a trabajadores poco cualificados. Así lo denunció Andrea Lindholz, de la CSU bávara, durante su intervención. Además, al permitir que trabajen los solicitantes de asilo se corre el riesgo de “convertir el proceso en una especie de oportunidad de búsqueda de empleo en Alemania financiada por el Estado”, añadió.
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