El Tribunal Supremo del Reino Unido confirma la ilegalidad de la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha confirmado la ilegalidad de las deportaciones a Ruanda de solicitantes de asilo que lleguen de manera irregular a territorio británico, declarada por la justicia en junio pasado. El Gobierno de Rishi Sunak había acudido a la más alta instancia de la justicia británica, en un intento de salvar una estrategia de inmigración duramente criticada por las organizaciones humanitarias y que ha tensionado en su interior al propio Partido Conservador. La exministra del Interior Suella Braverman, destituida esta misma semana por Sunak, encabezó al ala dura del partido en su reclamación a Downing Street de que ignorara la legalidad internacional y forzara las primeras deportaciones. Hasta la fecha no ha salido un solo vuelo.

Sunak se ha comprometido, después del golpe recibido por la sentencia, a cambiar leyes y tratados, en un intento de calmar al ala dura del Partido Conservador.

Los cinco magistrados del Supremo admiten que, en el debido tiempo y con las medidas adecuadas, el Gobierno de Ruanda puede ser capaz de garantizar los derechos de los inmigrantes a la hora de tramitar su solicitud de asilo, y evitar su devolución al país de origen. De momento, sin embargo, los magistrados no ven, con las pruebas a su disposición, que exista esa garantía. “En el momento presente, hemos llegado a la conclusión de que los cambios necesarios para eliminar posibles riesgos [para la seguridad jurídica de los inmigrantes] pueden llevarse a cabo en el futuro, pero todavía no se han producido”, afirma la sentencia.

El Supremo reprocha en su decisión al Gobierno de Sunak que no hubiera tenido en cuenta las pruebas y argumentos aportados por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, en las que dejaba claras las dudas sobre la capacidad del Ejecutivo de Ruanda para poder gestionar con garantías de legalidad la tramitación de centenares de inmigrantes y solicitantes de asilo. El Alto Comisionado hacía referencia expresa a los errores e ilegalidades del acuerdo desplegado en su día entre los gobiernos de Israel y Ruanda, que supuso la deportación (también a Uganda) de cerca de 4.000 solicitantes de asilo eritreos y sudaneses.

Sunak, a través de un portavoz, ha lamentado la decisión del Supremo, pero asegura que ya trabajaba desde hacía meses en un plan alternativo ante el posible revés judicial. “Seguimos completamente comprometidos en nuestro propósito de frenar la llegada de embarcaciones con inmigrantes. Y el Tribunal Supremo, como otros tribunales en sentencias previas, ha confirmado que el principio mismo de enviar inmigrantes ilegales (sic) a un tercer país seguro para tramitar allí sus solicitudes de asilo es algo legal”, ha defendido.

El diario The Times adelantaba este miércoles que Downing Street planea mejoras legales en el acuerdo firmado con Ruanda, que serían sometidas luego a la aprobación de la Cámara de los Comunes con el fin de sortear la decisión del Supremo.

Durante la sesión de control de la Cámara de los Comunes, que tiene lugar cada miércoles, Sunak se ha comprometido a revisar las leyes nacionales o los tratados internacionales que “frustren” los planes del Gobierno para frenar la inmigración irregular. “Estoy dispuesto a cambiar nuestras leyes y revisar esas relaciones internacionales”, decía el primer ministro, sin especificar todo lo lejos que está dispuesto a llegar con una promesa claramente dirigida al ala derecha de su partido, para frenar posibles revueltas. El primer ministro ha confirmado además que su Gobierno está mejorando el acuerdo suscrito con Ruanda.

El nuevo ministro del Interior, James Cleverly, ha intentado defender la política de deportaciones con la mención a la voluntad de otros países europeos de seguir un camino similar. “La estrategia de Ruanda es firme y ambiciosa, pero solo es un componente más de las medidas para frenar la inmigración ilegal (...). Hay un claro apetito por este concepto. En toda Europa aumenta la inmigración ilegal, y los gobiernos están siguiendo nuestro ejemplo. Italia, Alemania y Austria exploran ya modelos similares a nuestro acuerdo con Ruanda”, ha dicho Cleverly.

Una política migratoria conflictiva

El 14 de abril de 2022, la entonces ministra del Interior del Gobierno de Boris Johnson, Priti Patel, viajó a la capital de Ruanda, Kigali, para firmar un acuerdo que supondría más de 144 millones de euros y permitiría a las autoridades británicas reenviar a ese país a gran parte de los inmigrantes en situación irregular interceptados cada año en el canal de la Mancha. Serán sobre todo los varones adultos, que en su mayoría componen los denominados por Downing Street “emigrantes económicos”: personas que, según esta clasificación, no estaban siendo realmente perseguidas por motivos políticos, religiosos o de cualquier tipo, sino que aspiraban a mayores oportunidades vitales.

“Nuestra compasión puede ser infinita, pero nuestra capacidad para acoger personas no lo es”, dijo Johnson ese día, en un discurso diseñado para relanzar el mensaje de dureza contra la inmigración irregular que se prometió con la salida del Reino Unido de la UE.

El Gobierno conservador se enfrentó de inmediato con la oposición de las organizaciones de ayuda a los inmigrantes, de la Iglesia Anglicana y, sobre todo, de los tribunales. Fue el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, el primero en actuar. El 14 de junio, esa Corte de justicia ordenó a última hora la suspensión del primer vuelo programado para Kigali. Apenas viajaban en él media docena de inmigrantes, después de que la mayoría de las personas programadas para viajar hubieran frenado su desplazamiento a través de recursos legales.

Un año más tarde, fue la justicia británica la que dio un duro golpe a la estrategia de Ruanda. Un tribunal de apelación la declaró ilegal. “Las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo”, leyó entonces el magistrado que presidía el tribunal, Ian Burnett.

“Esta política habría causado un enorme daño a las personas que llegan en busca de seguridad a nuestras costas, solo para ser informadas de que serán expulsadas del país con un billete de ida a Ruanda. También habría provocado el confinamiento a gran escala de personas en centros de acogida insalubres y superpoblados, donde habrían permanecido en un limbo indefinido a la espera del resultado de una evaluación que demostrara su idoneidad para ser trasladadas a Ruanda, un mecanismo que al parecer aún no existe”, ha celebrado la organización Médicos Sin Fronteras en un comunicado nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo.

La batalla de Braverman

El Gobierno de Sunak, que heredó e hizo suya la estrategia de deportaciones, se aferró a una última alternativa legal. Recurrió ante el Supremo la sentencia del tribunal de apelación. Frente al ala dura del Partido Conservador, y a la propia ministra del Interior cesada esta misma semana, Suella Braverman, que reclamaban que el Reino Unido se desvinculara de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) en materia de inmigración, Downing Street optó por agotar todos los cartuchos legales antes de lanzarse a una aventura tan incierta y desafiante de la legalidad internacional.

La decisión del Supremo pone contra las cuerdas al primer ministro, que estableció como una de las prioridades de su mandato poner freno a la llegada de inmigrantes irregulares a través de las aguas del canal de la Mancha. Confiaba en que la amenaza de ser deportados a Ruanda tendría un efecto disuasorio que, después de la sentencia, se desinfla.

“Prometimos poner freno a la llegada de embarcaciones a través del canal de la Mancha. Prometimos recuperar el control de nuestras fronteras [el famoso Take Back Control que prometía el Brexit]. Si este Gobierno no da un paso adelante y hace lo que tiene que hacer, no habrá razón alguna para que los ciudadanos vuelvan a confiar en nosotros”, ha amenazado Danny Kruger, vicepresidente de la corriente interna del partido llamada Nuevos Conservadores, que agrupa al menos a un par de docenas de diputados dispuestos a dar la batalla junto a Braverman.

Pero el alto tribunal también ha dado un serio varapalo a la exministra y a la derecha más extrema de los tories, porque en su sentencia deja claro que las manos del Gobierno, en materia de inmigración, no están solo atadas por la CEDH, sino por toda una red de derecho internacional humanitario y de tratados firmados por el Reino Unido y construidos a lo largo de décadas, que deberían ser también ignorados si, como pretendía Braverman, el Gobierno británico decidiera seguir adelante, contra viento y marea, con las deportaciones a Ruanda.

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