La justicia del Reino Unido declara ilegales los planes de Sunak de deportar inmigrantes a Ruanda

Un tribunal de apelación del Reino Unido declaró el jueves contraria a la ley la política de deportación de inmigrantes a Ruanda impulsada por el Gobierno conservador de Rishi Sunak. “Las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo”, ha leído el magistrado que preside el tribunal, Ian Burnett. La decisión supone un serio revés a la nueva Ley de Inmigración Ilegal impulsada por Sunak, que además de impedir a los inmigrantes que llegan a las costas inglesas a través del canal de la Mancha la posibilidad de solicitar asilo, incluía como uno de sus pilares fundamentales la posibilidad de deportar a terceros países a los recién llegados.

Los tres magistrados, que han manifestado un fallo dividido —dos frente a uno— han debatido durante cuatro días el recurso de los demandantes a la decisión adoptada en abril por el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, que sostuvo la legalidad de las deportaciones. Su conclusión principal es que la política de Ruanda es contraria al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos: “Nadie será sometido a tortura o a cualquier castigo o tratamiento degradante e inhumano”.

Durante el último año, la decisión de utilizar Ruanda como lugar de destino de los inmigrantes irregulares se ha convertido más en un empeño político de Sunak y de su ministra del Interior, Suella Braverman, que en una política práctica. De hecho, todavía no ha despegado un solo avión desde el Reino Unido rumbo a Kigali. El 14 de junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos retuvo en tierra, en el último minuto, la aeronave que iba a inaugurar una estrategia de inmigración calificada de “cruel”, “inhumana” y “moralmente inaceptable” por varias organizaciones de ayuda a los refugiados y por la Iglesia anglicana de Inglaterra y su máxima autoridad —por debajo del Gobernador Supremo de la Iglesia, el rey Carlos III—, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. A bordo del avión, cuyo viaje era más simbólico que práctico, había media docena de personas que este miércoles formaban parte del grupo de demandantes. Procedían de Vietnam, Siria, Irak, Irán, Sudán y Albania. Todos ellos habían llegado al Reino Unido después de atravesar las peligrosas aguas del canal de la Mancha.

Junto a los demandantes particulares han actuado ante los tribunales varias ONG como Asylum Aid y el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), que ha aportado el grueso de los argumentos jurídicos ante los magistrados. Los abogados de ACNUR relataron al tribunal todo el historial de abusos a los derechos humanos del Gobierno de Kigali, así como la práctica común de devolver a los inmigrantes de modo expeditivo a sus países de origen.

Sunak ha establecido como una de las principales prioridades de su mandato la de frenar la llegada de pequeñas embarcaciones con inmigrantes irregulares —el Gobierno conservador se refiere a ellos como “ilegales”, en contra del término sugerido por ACNUR—, convencido de que este asunto, junto a la economía, supone una amenaza para las expectativas de voto de su partido. En los últimos cinco años, una realidad a la que los países de la UE estaban ya habituados, ha estallado de lleno en el Reino Unido. Las cifras, aunque alarmantes para los británicos, siguen siendo notablemente inferiores a las que han debido manejar naciones del sur europeo. En 2018 llegaron a las costas inglesas 299 migrantes irregulares; en 2019, 1.843; en 2020, 8.466; en 2021, 28.526, y en 2023, 45.755.

Convencido de la eficacia de la política de Ruanda, tanto en términos prácticos como propagandísticos —en su capacidad para disuadir a futuros inmigrantes de cruzar el canal de la Mancha—, el ministerio de Braverman llegó a publicar esta misma semana una memoria económica de la ley. El proceso para deportar a una sola persona hasta un tercer país como Ruanda supondrá para el erario público británico, según ese informe, un coste de 169.000 libras esterlinas (197.000 euros al cambio actual). Los responsables de elaborar unos cálculos tan fríos como inciertos se atrevían incluso a aventurar, con la ayuda de inteligencia artificial, que el nuevo plan comenzará a ser rentable a partir del momento en que se retenga a un 37% de los inmigrantes que llegan a las costas del sur de Inglaterra en pequeñas embarcaciones. En la jerga contable, que los responsables de Interior no tienen problema en utilizar, se llegará al punto de break-even (umbral de rentabilidad).

La batalla que no cesa

Los abogados que han defendido ante el tribunal la posición del Gobierno británico habían intentado convencer a los tres magistrados, sin éxito, de que el Ejecutivo de Ruanda “había mostrado una clara voluntad de cooperar con los mecanismos de control y observación internacional” que se pusieran en marcha. De hecho, el presidente de la sala, Burnett, ha emitido una opinión discrepante de la mayoritaria. “Desde mi punto de vista, el procedimiento establecido provee de suficientes salvaguardas, en un contexto en el que ambos gobiernos [el británico y el de Ruanda] estaban dispuestos a lograr que su acuerdo funcionara”, ha defendido el magistrado.

Sunak y Braverman estaban dispuestos a reiniciar el plan de vuelos a Ruanda a partir de septiembre, en el caso de que los tribunales les hubieran dado la razón. Ante este revés judicial, la próxima instancia para seguir dando la batalla judicial será el Tribunal Supremo. “Ruanda es un país seguro. El Alto Tribunal ya nos dio la razón. ACNUR tiene incluso su propio programa para refugiados de Libia en Ruanda. Nuestro próximo paso será solicitar permiso para recurrir esta decisión [la del Tribunal de Apelación] ante el Tribunal Supremo”, ha anunciado Sunak.

El programa de ACNUR, puesto en marcha a finales de la pasada década, consistía en vuelos de emergencia para sacar de Libia a personas cuya vida estaba en riesgo y no podían huir de un país devastado por una cruenta guerra civil. Algo muy distinto a deportar a inmigrantes que han logrado alcanzar un territorio seguro, como el Reino Unido.

Lo paradójico de un asunto que está provocando más desgaste que refuerzo a la imagen política de Sunak es que las cifras de inmigrantes que se manejan en el plan de deportaciones a Ruanda son mínimas. A cambio de 144 millones de euros, la cifra contemplada en el acuerdo que cerró con Kigali el Gobierno de Boris Johnson en abril del año pasado, el país africano se comprometía a acoger hasta 1.000 inmigrantes en el primer año de prueba. El Reino Unido sostiene económicamente a cerca de 160.000 solicitantes de asilo a lo largo de decenas de hoteles por todo el país, a un coste diario de más de seis millones de euros.

La estrategia de Ruanda se ha convertido más en un pulso entre Downing Street y los críticos contrarios a la medida que en una solución eficaz frente a la inmigración irregular. La Ley de Inmigración Ilegal se encuentra actualmente en la Cámara de los Lores, donde una mayoría contraria al texto ha bombardeado su contenido con enmiendas. Si la política de inmigración de Sunak acaba convirtiéndose finalmente en una realidad legal, será quizá demasiado tarde para seducir al electorado más conservador, que debe acudir a las urnas a finales del año que viene.

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