El arzobispo de Canterbury condena por “moralmente inaceptable” la ley de Sunak para frenar la inmigración irregular

Los dos hombres que protagonizaron el pasado fin de semana la que muchos desde la izquierda británica consideran la ceremonia más anacrónica de las últimas décadas en el Reino Unido —Carlos III y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby— son a la vez los que tienen una mirada más realista y compasiva ante el reto global de los movimientos migratorios. La principal autoridad de la Iglesia (anglicana) de Inglaterra ha sumado su voz a la de los miembros de la Cámara de los Lores que pretenden rebajar la gravedad de las nuevas leyes aprobadas por el Gobierno conservador del Reino Unido.

El monarca británico, cuando todavía era príncipe de Gales, se encargó de que su entorno filtrara a los medios lo “espantosa” (appalling, fue el término empleado en inglés) que le resultaba la decisión del entonces primer ministro, Boris Johnson, de comenzar a deportar a Ruanda a los migrantes en situación irregular que llegaran a las costas del sur de Inglaterra. Johnson mostró su irritación con indirectas, al comentar a los medios que le preguntaban por la opinión de Carlos de Inglaterra que “la gente necesita contemplar la política aprobada con una mente abierta”.

“Reclamo al Gobierno que reconsidere gran parte de esta ley, que no está a la altura de nuestra propia historia, de nuestra responsabilidad moral o política, ni de nuestros intereses políticos o internacionales”, ha dicho Welby en un breve discurso ante la Cámara alta.

Las deportaciones a Ruanda forman parte de una nueva ley de inmigración que el Gobierno de Rishi Sunak ha logrado ya aprobar en primera tramitación en la Cámara de los Comunes. La norma supone negar a los que lleguen a territorio británico de forma irregular el derecho a solicitar asilo e impone al ministro del Interior de turno la obligación de expulsarlos cuanto antes. La Cámara de los Lores, donde a las voces de los liberales demócratas se unen representantes independientes, igual de escandalizados con la nueva ley, ha comenzado a debatir el texto este mismo miércoles. Las enmiendas puestas sobre la mesa buscan rebajar la severidad de una política que, como señalan las principales organizaciones de ayuda a los refugiados, va en contra de la propia legalidad internacional.

“[La ley] ignora la realidad de que el problema de la migración debe ser tratado también en origen, y no solo en el canal [de la Mancha, por donde llegan las pateras desde las costas de Francia]. Como si fuéramos un país aislado del resto del mundo. Es una ley limitada en su alcance que no contempla toda la acción de Gobierno. No aborda la gestión o prevención de conflictos que impulsan la migración. No aborda el impacto del cambio climático, que provoca migraciones y más conflictos. Es una ley aislacionista. Y es inaceptable moralmente e ineficaz políticamente dejar que sean los países más pobres los que afronten por sí solos esta crisis mientras nosotros cortamos las vías internacionales de escape”, ha denunciado el arzobispo.

La “voluntad de los ciudadanos”

La ministra del Interior, Suella Braverman, era consciente de que la voz del arzobispo, en uno de los debates más delicados que afronta el Gobierno de Sunak, tenía especial peso. De hecho, era la primera vez en más de tres años que Welby decidía intervenir en un debate legislativo. Los conservadores están convencidos, sin embargo, de que las encuestas les dan la razón, y de que la mayoría de los británicos respalda un endurecimiento de las leyes para frenar las llegadas.

En enero de 2023, según cifras del propio Ministerio del Interior, llegaron un total de 1.180 inmigrantes a las costas británicas, después de atravesar el canal de la Mancha. Unos pocos menos que en enero del año anterior (1.330). La tendencia de los últimos años, sin embargo, refleja un incremento exponencial que ha desatado las alarmas. El año pasado cruzaron el canal casi 46.000 inmigrantes; en 2021, fueron 28.500; en 2020, 8.466; en 2019, 1.843; en 2018, el primer año en que el Gobierno comenzó a contar los inmigrantes interceptados, 299.

“Instamos a la Cámara de los Lores a que estudie cuidadosamente la nueva Ley de Inmigración. Que recuerden que está redactada para cumplir la voluntad del pueblo británico de un modo justo y humano, y que le den su respaldo”, ha escrito Braverman en una pieza que firmaba en el diario The Times junto al ministro de Justicia, Alex Chalk, para publicar en las horas previas a que comenzara el debate en la Cámara alta.

“Para que nuestro país sea realmente soberano, debemos ser capaces de decidir quién puede entrar en nuestro territorio. El pueblo británico entiende esto sin la menor incertidumbre”, afirmaban los dos ministros en un texto con claros ecos del discurso que impulsó el Brexit: Take Back Control, Recuperemos el control, que siempre se refirió en primer lugar al control de las fronteras.

La Cámara de los Lores podrá hacer poco por frenar la ley, aunque retrasará su tramitación con la discusión prolongada de varias enmiendas. Brian Paddick, miembro liberaldemócrata de la Cámara, ha puesto este miércoles sobre la mesa una enmienda a la totalidad del texto —fatal motion, en la terminología parlamentaria británica— con la pretensión de derribar por completo la norma durante la primera lectura por parte de los lores. Es un mecanismo poco utilizado y condenado al fracaso por falta de apoyos. El principal partido de la oposición, el laborista, critica duramente la ley, pero de un modo vago y general. Más por su supuesta ineficacia que por su crueldad. La formación de centro-izquierda se ve cerca del poder, según vaticinan las encuestas, y no quiere desviar su discurso del sentir mayoritario contra la inmigración irregular que, según cree percibir, existe entre la ciudadanía británica.

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