El Gobierno de Sunak calcula un gasto de casi 200.000 euros por cada migrante que deporte a Ruanda

La Ley de Inmigración Ilegal impulsada por el Gobierno de Rishi Sunak es el intento desesperado del primer ministro por poner freno a uno de los problemas que más preocupa, según todas las encuestas, a los votantes conservadores: la llegada irregular de inmigrantes a las costas inglesas. El principal objetivo de la medida, según ha explicado el propio Sunak, es disuadir a las personas que pretenden realizar el largo y peligroso viaje. Aun así, el Ministerio británico del Interior ha sido capaz de pasar por alto la incertidumbre que genera el plan y presentar el impacto económico que, según sus cálculos, tendrá el nuevo marco legal.

El proceso para deportar a una sola persona hasta un tercer país como Ruanda —una de las medidas estrella previstas— supondrá para el erario público británico un coste de 169.000 libras esterlinas (197.000 euros al cambio actual). Los responsables de elaborar unos cálculos tan fríos como inciertos se atreven a aventurar, con la ayuda de inteligencia artificial, que el nuevo plan comenzará a ser rentable a partir del momento en que se intercepte a un 37% de los inmigrantes que llegan a las costas del sur de Inglaterra en pequeñas embarcaciones. En la jerga contable, que los responsables de Interior no tienen problema en utilizar, se llegará al punto de break-even (umbral de rentabilidad).

“El informe de impacto económico demuestra claramente que la peor opción posible es la de no hacer nada, a medida que tanto el volumen de la inmigración ilegal y del sistema de asilo ha aumentado de forma considerable en los últimos años, impulsado sobre todo por la llegada de pequeñas embarcaciones”, asegura la ministra del Interior Suella Braverman en un comunicado personal que acompaña a la publicación.

La ministra resalta, como un dato a su entender sugerente, que el Gobierno puede acabar ahorrándose hasta 100.000 libras (unos 116.000 euros) por cada inmigrante retenido. Para llegar a ese cálculo, Braverman recuerda antes que en el periodo 2022/23, el Reino Unido se ha gastado 4.200 millones de euros en gastos de apoyo al sistema de concesión de asilo y refugio, y casi siete millones de euros diarios en acomodar en hoteles a miles de solicitantes en situación de espera.

“El informe de impacto económico”, insiste Braverman, “incluye además una serie de beneficios no monetizados (sic) que derivarán del hecho de detener la llegada de botes, como por ejemplo: un menor número de individuos dispuestos a llevar a cabo el innecesario y peligroso viaje por el canal de la Mancha; una reducción de la presión en los servicios públicos y en el mercado de la vivienda [del Reino Unido]; y un alivio en otros esquemas de beneficio social, al reducir el número de inmigrantes que dependen del sistema”, enumera la ministra.

El Gobierno de Sunak insiste en referirse oficialmente a todas estas personas como “inmigrantes ilegales”, y no como “irregulares”, el término sugerido por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Según las cifras publicadas en su informe de impacto económico por el Ministerio del Interior, en 2018 llegaron a las costas inglesas 299 embarcaciones; en 2019, 1.843; en 2020, 8.466; en 2021, 28.526 y en 2023, 45.755.

La solución de Ruanda

El primer ministro británico situó la política de inmigración irregular, junto a la lucha contra la inflación, como una de las prioridades de su mandato. En los últimos meses, sin embargo, ha tenido que echarse atrás en promesas de una rotundidad imposible, como la de reducir antes de fin de año a la mitad el número de personas que esperan una respuesta a su solicitud de asilo. Actualmente, superan las 160.000.

El Gobierno incorporó en la nueva ley una medida de corte draconiano: ningún inmigrante que llegue al Reino Unido de modo irregular —salvo excepciones como algunos menores o situaciones de persecución y riesgo para la vida— podrá acogerse a los trámites de solicitud de asilo.

Pero además, en términos prácticos, Sunak ha dado luz verde al alquiler de al menos tres embarcaciones flotantes gigantes —”prisiones flotantes”, según las organizaciones críticas con la ley—, que permanecerán amarradas en puertos del sur del país, para retener allí a los recién llegados (unos 500 varones por embarcación).

El pasado diciembre, el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales dio luz verde al proceso de deportación de irregulares a Ruanda. Downing Street firmó, durante el mandato de Boris Johnson, un acuerdo de acogida con el país africano al que el Gobierno de Sunak se ha subrogado. Si el Tribunal de Apelación que estudia el recurso contra esa sentencia decide finalmente el próximo jueves confirmar la decisión, los primeros aviones con destino a Kigali podrían comenzar a despegar el próximo septiembre, según ha anticipado el Ministerio del Interior.

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