La justicia europea bloquea la primera deportación de migrantes a Ruanda del Gobierno de Johnson

El Brexit era la garantía de una mayor libertad para endurecer la política de inmigración, pero ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el primero en asestar un duro golpe a los planes de Boris Johnson para externalizar a un tercer país la gestión de solicitantes de refugio. El TEDH, localizado en Estrasburgo, ha tomado la decisión que varios tribunales ingleses se habían resistido a adoptar. Ordenó primero, a última hora del martes, la suspensión del traslado de un ciudadano iraquí de 54 años, al que se notificó que había sido designado para el viaje, a pesar de que “el 27 de mayo de 2022, un doctor del Centro de Inmigración [donde residía, a su llegada al Reino Unido] había emitido un informe en el que indicaba que el solicitante podría haber sido sometido a torturas”, según la orden de suspensión emitida por el TEDH. Un juez de guardia del tribunal comenzó a revisar las reclamaciones de los otros seis inmigrantes que iban a estar en el primer avión con destino a Ruanda, porque los argumentos jurídicos empleados para frenar la deportación del ciudadano iraquí serían válidos también para ellos. Finalmente, decidió ordenar la suspensión del traslado de todos ellos, como adelantó la cadena ITV.

El instinto de supervivencia de Boris Johnson le llevaba a pensar que el que resiste, gana. Cualquier estrategia para reducir la inmigración irregular recibirá el aplauso de esos votantes conservadores que en 2016 respaldaron el Brexit, y en 2019 se entregaron al actual primer ministro. Downing Street y el Ministerio de Exteriores británico habían decidido poner pie con pared frente al aluvión de críticas que ha recibido su política de deportación de solicitantes de asilo al país africano de Ruanda. Los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan un escaño en la Cámara de los Lores, enviaron una carta al diario The Times en la que denuncian con dureza esta práctica migratoria: “Debería avergonzarnos como nación”.

“Deportaciones, o devoluciones forzosas de los solicitantes de asilo a sus países de origen, no son el modo de afrontar esta situación. Es una política inmoral que avergüenza a Gran Bretaña”, dice un texto cuya primera firma es la del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, cabeza principal —después de la Reina, que es la cabeza suprema— de la Iglesia anglicana. Ya se había pronunciado con anterioridad sobre las deportaciones en una homilía en la que definió la práctica como “contraria a Dios”.

“No estoy de acuerdo en absoluto. Los únicos inmorales en todo este asunto son los traficantes que comercian con la miseria humana”, respondió a los obispos la ministra británica de Exteriores, Liz Truss. “Esta gente [en referencia a los autores de la carta] tiene que sugerir alguna política alternativa que funcione. La nuestra es completamente legal y completamente moral”, dijo Truss.

El primer vuelo hacia Ruanda debía despegar el martes, a última hora de la noche, del aeropuerto de London Stansted. Aunque el Gobierno de Johnson quiso mantener en secreto hasta el final lugar y hora del vuelo, el registro de la Autoridad Civil de Aviación había revelado que sería una compañía española radicada en Mallorca, Privilege Style, la encargada de fletar un chárter que iba a partir casi vacío al aeropuerto de Kigali. De los 130 inmigrantes preavisados sobre su inminente destino, ya solo quedaban menos de una decena.

El Gobierno se había echado atrás con el resto, por las dudas y desafíos legales que suponía cada caso particular. Había pasado de ser una “solución práctica” a un empeño simbólico del Ejecutivo de Johnson, para demostrar que nadie le iba a torcer el brazo. Algunos cálculos publicados por los medios británicos sugerían que el vuelo tendría un coste final de unos 580.000 euros aproximadamente. “El valor del vuelo justifica el precio”, defendió la ministra. “Lo que queremos realmente es impedir el coste que suponen, tanto monetario como en vidas humanas [las embarcaciones que cruzan el canal de la Mancha]”, argumentó.

La justicia británica se puso, de momento, del lado del Gobierno de Johnson. El viernes, un juez del Alto Tribunal de Inglaterra rechazó las peticiones de inmigrantes individuales y de organizaciones humanitarias para que el primer vuelo fuera suspendido. Su decisión fue ratificada el lunes, 72 horas después, por un tribunal de apelación. Pero eso no supone que los magistrados hayan respaldado la legalidad final de la política. Eso quedará en manos del Tribunal Supremo, que deberá pronunciarse antes de fin de año. En cualquier caso, el organismo rechazó también el martes la suspensión del primer vuelo. El compromiso de la ministra del Interior, Priti Patel, de recibir de vuelta a los deportados si finalmente los tribunales ratifican la ilegalidad de la nueva política de inmigración convenció a los magistrados. “Existen disposiciones expresas que contemplan el regreso de los individuos realojados en el artículo 11 del protocolo de intenciones [firmado entre Londres y Kigali]”, afirmó en su sentencia el ponente del tribunal, Robert Reed.

Según ese protocolo, las autoridades de Ruanda deben facilitar a todos aquellos inmigrantes enviados por las autoridades británicas “un alojamiento y acomodo que garantice su salud, seguridad y bienestar personal” mientras el Reino Unido decide si les concede el estatuto de refugiado o algún tipo de protección internacional. Todos ellos podrán moverse libremente por el país, como cualquier residente legal. Los trámites de asilo o concesión de estatuto de refugiado deberán realizarse de acuerdo con la Convención de Refugiados de la ONU y las propias leyes ruandesas de inmigración, y garantizarán la asistencia de intérprete y representante legal durante todo el proceso.

Aluvión de demandas

Cuando Boris Johnson anunció la nueva política de deportaciones, acordada con el Gobierno de Ruanda a cambio de una primera entrega de más de 140 millones de euros, ya anticipó que debería hacer frente a un aluvión de demandas en los tribunales. Su opción fue culpar a los abogados y organizaciones activistas de contribuir, con el retraso provocado por sus recursos, a que se anquilosara un problema ya existente. “Lo que hay detrás de su intento por socavar la política [de traslados] a Ruanda, es, me temo, un intento de socavar todos nuestros esfuerzos por encontrar rutas legales y seguras para los que vienen al Reino Unido, en vez de las rutas peligrosas e ilegales que utilizan”, dijo Johnson a sus ministros en la reunión del Gabinete del martes. Son encuentros vetados a las cámaras, pero el primer ministro ha comenzado a permitir el acceso a los medios a los primeros minutos, para lanzar un mensaje destinado más a los ciudadanos que a los miembros de su Gobierno.

En las últimas horas, Johnson decidió elevar el tono frente a las críticas, hasta el punto de sugerir la posibilidad de que su Gobierno retire al Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos. El ala dura del Partido Conservador, y muchos jueces conservadores, llevan años criticando un corpus legal que condiciona el derecho común británico y deriva en una revisión constitucional de cualquier decisión ―incluso política― por parte de un tribunal, el Supremo, creado en la era de Tony Blair y aún extraño al sistema judicial anglosajón. “¿Será necesario cambiar algunas leyes para que nos ayude [a evitar todos los recursos en los tribunales], a medida que avanzamos? Es muy posible que así sea”, aseguró Johnson. El TEDH, precisamente, basa la gran mayoría de sus resoluciones en la convención a la que Johnson culpa de la excesiva burocracia judicial.

Otros comentarios, como su rechazo a la intervención en el debate migratorio del heredero al trono, Carlos de Inglaterra, los mantiene en privado. El diario The Times reveló la semana pasada que el hijo de la reina había mostrado, en una conversación privada, su rechazo a una política que definió como “espantosa”. El Palacio de Buckingham no ha confirmado, ni desmentido, la información.

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