Un tribunal de apelación respalda la decisión del Gobierno de Johnson de comenzar a deportar inmigrantes en situación irregular a Ruanda

Un tribunal de apelación del Reino Unido ha confirmado este lunes la legalidad del primer vuelo con inmigrantes en situación irregular con destino a Ruanda, previsto para este martes. El intento de última hora, por parte de organizaciones humanitarias, de frenar la deportación, ha fracasado. El Gobierno de Boris Johnson ya era consciente, cuando presentó su decisión de desviar al país africano a muchos de los inmigrantes que llegaban al Reino Unido a través de las aguas del canal de la Mancha, de que sufriría una avalancha de recursos en los tribunales.

El primer vuelo chárter, previsto para este martes, iba a trasladar a su nuevo destino a 130 personas, que ya habían sido avisadas previamente de la decisión. Según los registros de permiso de vuelo de la Autoridad de Aviación Civil, la aeronave está fletada por una compañía española de vuelos chárter, con sede en Palma de Mallorca, llamada Privilege Style. El registro refleja una autorización para despegar del aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, y aterrizar en el aeropuerto de Kigali. Semanas después, frente a un batallón de organizaciones humanitarias, personal de fronteras, abogados y hasta Naciones Unidas, dispuestos a poner en cuestión las circunstancias personales de cada uno de los deportados, la cifra se ha reducido apenas a 10 o 11 pasajeros. Entre ellos, cuatro iraníes, dos iraquíes, dos albaneses y un sirio, según han explicado al Tribunal de Apelación los abogados de Care4Calais, una de las ONG más activas en la ayuda a los inmigrantes en situación irregular que llegan a las costas británicas.

Johnson confía en apelar con su decisión al electorado más incómodo con el incremento de la inmigración irregular en años recientes. Gran parte de la misma base electoral que en su día respaldó el Brexit a causa de los mismos recelos. Sin embargo, la decisión de externalizar los trámites de refugio o asilo a un tercer país ha provocado la indignación de gran parte de la sociedad británica. El arzobispo de Canterbury, Justin Welby, definió recientemente la medida como “contraria a Dios” (ungodly, en su expresión inglesa). El diario The Times aseguró este fin de semana, según fuentes sin revelar, que el heredero al trono, Carlos de Inglaterra, había expresado en privado su disgusto por el rumbo tomado por el Gobierno de Johnson, que definió como “espantoso”.

Johnson ha evitado un enfrentamiento directo con el príncipe de Gales. Se ha limitado a asegurar que la nueva estrategia “ayudará al Gobierno a evitar que las personas incumplan la ley, y servirá de apoyo a los que están dispuestos a hacer lo correcto”, en declaraciones a la cadena LBC.

La ministra de Interior, Priti Patel, una de las políticas conservadoras con un discurso más duro contra la inmigración, cerró el pasado abril un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Ruanda, el país del este africano que vivió la masacre genocida de la minoría tutsi a manos del poder hutu en 1994. A cambio de ayudas por valor de más de 144 millones de euros, las autoridades británicas podrán reenviar a ese país a gran parte de los inmigrantes en situación irregular interceptados cada año en el canal de la Mancha. Serán sobre todo los varones adultos, que en su mayoría componen los denominados por Downing Street “migrantes económicos”: personas que, según esta clasificación, no están siendo realmente perseguidas por motivos políticos, religiosos o de cualquier tipo, sino que aspiran a mayores oportunidades vitales.

Los abogados que han comparecido este lunes ante el Tribunal de Apelación han argumentado que el juez Jonathan Swift, que el viernes rechazó la petición de que el vuelo fuera suspendido hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo del Reino Unido sobre la constitucionalidad de la nueva política de inmigración, no tuvo sobre la mesa toda la información. El Ministerio del Interior de Patel había asegurado que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados había respaldado la legalidad de las deportaciones.

No fue hasta última hora del viernes, ha argumentado el letrado Raza Husain, cuando se conocieron los importantes reparos expresados por el organismo de la ONU. “En los dos encuentros [mantenidos con el Gobierno británico], la agencia puso sobre la mesa serios reparos respecto a la capacidad de acogida de las instalaciones [de Ruanda] y respecto al riesgo de enviar a ese país a personas que podrían sufrir persecución”, avisó entonces la abogada Laura Dubinsky.

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