Salario mínimo único

Desde el inicio del nuevo ciclo de aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) —que se elevó durante la última legislatura con el objetivo de situarlo en el 60% del salario medio nacional, en consonancia con la Carta Social Europea— se han venido escuchando propuestas respecto de la conveniencia de adaptar el SMI al salario medio de cada comunidad autónoma. Los defensores de esta medida inciden en que, dadas las disparidades entre comunidades autónomas, el SMI establecido es en algunos casos menor que el salario medio regional y, en otros, está cerca de esa magnitud. Al mismo tiempo, otros defensores de un SMI diferenciado apuntan a que el coste de la vida experimenta notables diferencias entre unas comunidades y otras, de manera que lo que consideramos un sueldo adecuado en una región más barata es insuficiente para mantener cierto nivel de vida en otra. De esta manera, se apuntaría a la necesidad de modular el SMI en función tanto de la productividad como del nivel de vida.

Los detractores de esta propuesta señalan, al contrario, que establecer un SMI autonómico diferenciado ahondaría en las diferencias entre los mercados laborales de las comunidades autónomas, rompería la integridad del mercado nacional e incidiría en las desigualdades territoriales.

Se trata sin duda de un debate complejo. Si el SMI es una herramienta de política social dirigida a evitar disparidades excesivas en el mercado de trabajo, parece razonable defender que sea el mismo en todo el Estado, como también lo son las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital, prestaciones todas ellas que no se modulan por el coste de la vida en cada comunidad autónoma.

La determinación de salarios diferenciados en cada ámbito geográfico se podría traducir en cierto desplazamiento de la oferta de empleo hacia las zonas con menores salarios, al suponer una ventaja en materia de costes laborales que favorecería a las regiones donde estos fueran menores. Esto incidiría, sin embargo, en la integridad del mercado y en desnivelar la competencia entre empresas, incluyendo su impacto en la creación de nuevos emprendimientos. Se debe señalar, además, que no es el territorio el que fija el salario promedio, sino la composición sectorial de su mercado de trabajo. De manera que cualquier cálculo sobre el sueldo medio de cada comunidad autónoma debe tener en cuenta la composición del empleo por sectores, evitando así errores que distorsionen el diagnóstico.

Los defensores de la propuesta apuntan a que los mercados laborales de las comunidades autónomas tienden a ofrecer, a corto plazo, poca movilidad, y que, cuando se produce, suele ir en la dirección de autonomías con más actividad económica y más oportunidades de empleo. Establecer un salario mínimo más bajo para las regiones menos adelantadas podría, dicen, traducirse en una mayor inversión y generación de empleo, fijando a la población al dotarla de más oportunidades.

Sopesando los pros y los contras, un buen modelo de mercado laboral no debería ahondar en los diferenciales territoriales, sino fijar un suelo social común, de manera que las divergencias en términos salariales se acordasen en la negociación colectiva. El Gobierno, que tiene la responsabilidad de legislar para toda la ciudadanía, puede establecer el suelo mínimo, pero los ajustes entre uno y otro territorio deberían pasar por reforzar el diálogo social y la negociación de convenios territoriales en cada sector. Hacen falta más herramientas para combatir la desigualdad, no menos.