La batalla por la subida del salario mínimo se libra en las comunidades

Las diferencias territoriales de los salarios dibujan una España desigual. El poder de compra de los residentes en las grandes capitales no tiene nada que ver con el de otras zonas más rurales. Vivienda, transporte y cesta de la compra suele ser más caros en las metrópolis que en las localidades más pequeñas. Por eso, las rentas y salarios suelen compensar esta situación. Aunque no siempre: la revalorización de los salarios ha sido una de las principales reclamaciones de los trabajadores como respuesta a la incesante subida de los precios. Organizaciones sindicales y empresariales, tras muchos tiras y aflojas, acordaron en mayo una senda de subidas del 10% entre 2023 y 2025, que sumaría otro 2% adicional en función del comportamiento de la inflación en los dos últimos años. La parte más baja de la pirámide salarial ha ido aliviando la presión de los precios con las reiteradas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), que se ha situado en los 15.120 euros brutos al año en 2023.

Sin embargo, la uniformidad salarial no casa con las distintas particularidades territoriales que diluyen o engordan —según por dónde se mire— los sueldos en relación con el coste de la vida. Esta circunstancia da pie al nacimiento de una tensión socio-geográfica que ya ha generado las primeras reacciones: desde CC OO Madrid reclaman la firma de un Acuerdo “a la madrileña”, puesto que consideran que en la capital los actuales 1.080 euros al mes (en 14 pagas) no cubren el 60% del salario medio particular de la comunidad. Esta situación es una vieja reivindicación de los funcionarios de la Administración del Estado, que reclaman un complemento salarial en las ciudades más caras. “El complemento de insularidad y otros para grandes ciudades donde el nivel de vida es más alto tendría que ser más adecuado”, reclamaba hace cinco años Miguel Borra, presidente del sindicato CSIF en una entrevista en EL PAÍS. Y la situación se ha agravado. Los médicos y profesores no quieren ir a Baleares porque el coste de la vivienda es inasumible. Para los funcionarios de justicia o la policía resulta más rentable lograr un destino en ciudades medianas.

Para los peor pagados la situación es más acuciante. “Lo que queremos es que, a través de la negociación colectiva, se corrija esta diferencia territorial”, indica Paloma Gómez, secretaria general de CC OO Madrid. Las cuentas realizadas por este sindicado —recogidas en un informe sobre salarios—, advierten de que para cumplir con el compromiso adquirido por el Gobierno con la Carta Social Europea de situar el SMI a la altura del 60% del salario medio nacional, trasladado al marco regional, en la Comunidad de Madrid este debería alcanzar los 17.707 euros al año (1.264 euros mensuales). “El problema de Madrid se da porque los salarios altos son de los más elevados de España, entre otras razones, por el efecto de capitalidad; mientras que los bajos también son mucho más bajos por el modelo productivo que tenemos, más basado en los servicios que en la industria”, analiza Gómez.

En el informe se visibiliza la diferencia que existe entre el PIB per cápita y el salario medio en cada comunidad autónoma. Una distancia que se hace mayor que en ningún otro territorio en Madrid, con un descuadre de más de 5.000 euros. “Es evidente que a pesar de tener la renta por habitante más elevada del país, los salarios medios no son tan altos como en otros lugares en los que esta renta per cápita es más baja, pero donde la diferencia es menos acentuada. Aquí la mayoría de las familias trabajadoras no se beneficia de ser la comunidad autónoma más rica, como se defiende desde el Gobierno de la Comunidad”, añade Ramón Boixadera, economista de CC OO Madrid.

La reclamación de un salario mínimo diferenciado por territorios ha sido defendida por las patronales durante las últimas negociaciones. “El SMI unifica todo. Madrid y Barcelona tienen un coste de la vida que poco tiene que ver con el de otros territorios. Habría que evaluar un SMI que se acoplara a cada territorio”, ha recalcado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. Su petición, sin embargo, busca una rebaja en determinados lugares e incluso sectores (otro de sus planteamientos), al contrario de lo que piden los sindicatos, que a la postre supondría una subida. Fuentes del Ministerio de Trabajo reiteran su rechazo ante cualquier alteración del salario mínimo dentro del Estado. “Tendría efectos devastadores en términos de unidad de mercado”, ha aseverado, en alusión a estos postulados, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Fuentes de la negociación colectiva remarcan que hasta que no se conforme un nuevo Gobierno no se abordarán la próxima subida prevista para 2024.

Otro de los argumentos que ha enarbolado la patronal para rechazar cualquier hipotética nueva subida del SMI es que tras la última subida, ya hay más comunidades autónomas en las que los 15.120 euros anuales están por encima del 60% del salario medio, que en las que se encuentra por debajo. De acuerdo con datos del INE y Eurostat, esto sucede en 13 territorios, con la salvedad de Cataluña (55,3%), Navarra (54,8%), País Vasco (51,4%) y Madrid (50,5%).

Algunas empresas, sin embargo, no han dudado en valerse de los convenios provinciales para aprobar diferentes escalas salariales para el mismo puesto en función del lugar de residencia. Por ejemplo, un dependiente de una tienda de grandes almacenes de Murcia cobra menos que un trabajador de la misma cadena de otra provincia porque la compañía para la que trabaja ha aprovechado los convenios territoriales.

Variable determinante

La potestad de determinar el salario mínimo es exclusiva del Ejecutivo, y su ámbito de aplicación se extiende por todo el país. De ahí que la lucha por elevar las remuneraciones solo pueda tener cabida dentro de la negociación colectiva. “No es buena idea empezar a hacer este tipo de distinciones”, opina Enrique Devesa, profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). “Una vez abierta esta caja de Pandora, ¿Dónde ponemos el límite? ¿En las comunidades? ¿En las provincias? ¿En los pueblos?”, se cuestiona. “Es un debate antiguo, que alguna vez se ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, con el caso de los funcionarios. Que cobran lo mismo independientemente del lugar en el que vivan”, completa.

El coste de la vida en el lugar de residencia es una variable determinante a la hora de buscar un empleo. Un estudio de The Adecco Group Institute comparó el poder de compra de los habitantes de cada comunidad autónoma descontando la inflación respecto de la evolución del salario medio. Así, contraponiendo estas variaciones entre el cuarto trimestre de 2020 con las del mismo periodo de 2022, concluyó que solo cuatro autonomías exhibían incrementos anuales, mientras que las 13 restantes presentaban pérdidas. El poder de compra del salario medio aumentó en Canarias (1.919 euros de mejora) y Baleares (1.594) —dos de las comunidades que en 2020 en las que se declararon más ERTE—, Cataluña (467) y en la Comunidad Valenciana (34). En el lado opuesto, los territorios que más perdieron fueron Navarra (1.132 euros), Asturias (902) y Castilla-La Mancha (871).

El acuerdo firmado entre los sindicatos (CC OO y UGT) y las patronales (CEOE y CEPYME) para el incremento salarial es solo una hoja de ruta referencial para la negociación colectiva. Los últimos datos sobre subidas dentro de convenios colectivos que recoge Trabajo evidencian que estas alzas se están situando cerca de la órbita establecida a nivel general. En el mes de agosto, el incremento salarial pactado para 9,2 millones de trabajadores fue del 3,38%.

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