Inteligencia artificial al servicio de los trabajadores digitales

El auge de los robots, plataformas y algoritmos, la implantación de la mal llamada economía colaborativa o el impacto de la inteligencia artificial en los espacios laborales tradicionales, como fábricas u oficinas. Las tecnologías están remodelando el mercado laboral y las instituciones del trabajo, no para beneficio de los trabajadores, sino de las grandes empresas tecnológicas. Buena parte de sus tareas se encuentran cada vez más fragmentadas o repartidas geográficamente. Además, los algoritmos son capaces de monitorizar en tiempo real la actividad laboral, con el riesgo, si no se gestiona adecuadamente, de crear nuevas formas de explotación o discriminación. La desagregación de tareas y su dispersión en la cadena de valor global están desafiando nuestros sistemas de seguridad social, alterando las normas establecidas en los convenios y legislaciones vigentes.

Amazon sintetiza bien este cambio de paradigma, donde el algoritmo se convierte en tu jefe. Ha estado bajo escrutinio de los poderes judiciales porque su sistema cibernético para controlar la productividad laboral pone en riesgo intencional a los freelance que trabajan en los almacenes. Ha implantado otro esquema, en este caso de videovigilancia en furgonetas, para castigar las posibles infracciones de los repartidores. Gracias al despliegue de avanzados sistemas de cálculo, también ha desarrollado la inteligencia artificial para justificar despidos que, en ocasiones, socavaban los intentos de su personal de sindicarse y negociar colectivamente. “Pueden monitorearte cada minuto, escanear tus tareas”, explicaba un trabajador en la primera huelga en la historia de Amazon, durante el Prime Day en el Reino Unido. Llevan 22 desde enero.

En ocasiones se argumenta que el auge de estos nuevos “jefes algorítmicos”, responsables de automatizar tareas como la contratación de personal, la asignación de tareas, la determinación de salarios e incluso de los despidos de muchas empresas puede tener efectos positivos sobre la eficiencia, máxime en un momento de estancamiento de la productividad. No obstante, existen algunos otros problemas, habitualmente invisibilizados en nuestros debates públicos sobre la introducción de tecnologías para organizar los espacios de trabajo: la extracción de datos para incrementar la vigilancia, con el riesgo de que se produzcan sesgos que pueden reforzar la desigualdad racial, de género y clase, o la progresiva pérdida del derecho sobre los datos que producen los trabajadores.

Así lo denuncian desde los trabajadores de Hollywood que recientemente se han enfrentado a la degradación laboral que genera la inteligencia artificial (IA), o la infinidad de batallas de la última década de repartidores u otras profesiones de la economía de plataforma, hasta escritores que presentan demandas contra empresas de inteligencia artificial e industrias creativas pidiendo medidas para proteger su propiedad intelectual.

En los últimos años, muchos trabajadores y sus sindicatos han llevado el algoritmo a los tribunales. Existe evidencia jurídica suficiente como para sostener que cierto uso de las tecnologías puede discriminar a los trabajadores en lugar de empoderarles. Un caso notable que dio forma a todas las acciones futuras en materia de igualdad se produjo cuando, en febrero de 2021, el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que los conductores de Uber deberían clasificarse como “trabajadores” y no como “contratistas independientes”. Esta clasificación otorgaba derecho a los conductores a beneficios como el salario mínimo, vacaciones pagadas y descansos. La gestión algorítmica de Uber y el control sobre los conductores fueron factores clave en la decisión del tribunal.

Otro tribunal de Países Bajos deliberó a favor de los trabajadores frente a los gigantes del transporte y reparto privado, Uber y Ola, al juzgar que las plataformas no pueden basarse en ocultar secretos comerciales para negar a los conductores el acceso a sus datos, colocando en el centro del debate la supervisión humana, la transparencia y acceso a los datos personales del algoritmo. “Solo una verdadera negociación del algoritmo, de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, permite formas de empleo estables, transparentes y dignas”, señalaban los trabajadores italianos tras escuchar la sentencia más reciente, del Tribunal de Palermo el pasado 20 de junio contra la multinacional española Glovo.

A medida que la gestión algorítmica se extiende a los espacios de trabajo tradicionales, así como a muchos otros ámbitos de la vida, la pregunta que debemos hacernos parece evidente: ¿quién tiene el control de los datos que alimentan los sistemas de inteligencia artificial? ¿Qué rol desempeñan los monopolios de las Big Tech? Estas preguntas son importantes, especialmente porque la economía digital ataca a trabajadores que, por lo general, siguen careciendo de derechos laborales y protecciones sociales, agravando el desequilibrio de poder en la sociedad.

La Unión Europea se encuentra en una posición única para garantizar que la revolución digital siga anclada en nuestros valores democráticos, poner en el centro los derechos de los trabajadores y los ciudadanos y el diálogo social. El enfoque legislativo comunitario es innovador en muchos ámbitos, pese a que las interacciones entre la legislación sobre la inteligencia artificial, el Reglamento General de Protección de Datos y la propuesta sobre el trabajo de plataformas necesitan de una mayor cohesión para ser realmente efectivas. Por ejemplo, la legislación en materia de IA y la propuesta de directiva para facilitar las reclamaciones de daños causados por los sistemas automáticos de toma de decisión no consideran explícitamente el impacto de los algoritmos en las condiciones de trabajo. Tampoco prevén la prohibición del uso de ciertas tecnologías en situaciones particulares, como cuando atañen al despido de trabajadores.

Como señalan las sentencias judiciales mencionadas anteriormente, lograr un entorno de trabajo digital más justo y equitativo requiere de ir más allá: el acceso a los datos, gobernanza democrática y transparencia. La Ley Europea de Gobernanza de Datos sugiere soluciones innovadoras para abrir las cajas negras de los sistemas utilizados para la gestión algorítmica y conceder el derecho a escrutarlos a las partes interesadas. Por ejemplo, la creación de espacios públicos de datos que permitan la negociación entre los titulares de datos (los trabajadores) y quienes los recopilan (las empresas). Las organizaciones colectivas tradicionales, los sindicatos, y las instituciones públicas interesadas también deberían tener acceso a ellos, proteger tanto la privacidad de los datos como el secreto comercial, para asegurar que las reglas de los algoritmos sean transparentes y mitiguen los posibles efectos negativos de la economía digital.

Al final del día, restringir los algoritmos que puedan ejercer un control abusivo sobre el trabajo y favorecer aquellos que permitan tender hacia una sociedad asentada sobre nuevos derechos digitales es un argumento en favor de la democratización de la economía. ¿Cómo crear instituciones democráticas para organizar el trabajo del siglo XXI? Pienso en un Organismo de Gestión de Datos para Trabajadores Digitales para otorgar a los trabajadores más control sobre sus datos, mediante el derecho a decidir qué usos de la información recopilada son legítimos, o en qué circunstancias se produce y con qué fines. Un intermediario de datos público e independiente que sirva al interés general.

Si entendemos que los datos son el nuevo recurso clave en la economía digital, los trabajadores y sindicatos deben participar activamente en darles forma para compartir los beneficios de la inteligencia artificial. El enfoque participativo también puede ayudar a redefinir un nuevo pacto social entre empresas y trabajadores. Ciertamente, si los trabajadores están comprometidos y empoderados, la productividad y la eficiencia también crecerán. En el contexto de la doble transición digital y ecológica, una forma de gobernanza algorítmica que contribuya a garantizar la autonomía estratégica, la competitividad de la industria europea, pero también el avance en los derechos, es más urgente que nunca.