Cómo hacer a Vox inevitable

Como en las otras comunidades donde Vox ha entrado en el Gobierno, también en Aragón la Consejería de Agricultura y Ganadería estará en manos del partido nacionalpopulista. Al leer las 13 páginas del acuerdo de gobernabilidad, al releer el bloque dedicado a agricultura, medio rural y territorio, recordé a José Yagüe, un agricultor de Villastar, un pueblo a nueve kilómetros de Teruel. No lo conozco; solo escuché su testimonio. Fue el pasado 13 de abril cuando Íñigo Alfonso lo entrevistó en RNE. Es un caso local para interpretar las contradicciones del mundo de hoy, ahora incluso más, cuando el ataque ruso a un puerto interior ucranio ha disparado el precio de los cereales. Y entonces se teme por una crisis alimentaria global. Y aquí apenas llueve. Y él, como tantos, este año perdió la cosecha. La conversación era sobre la sequía y la ruina del secano.

José dijo que era uno de los cinco o seis agricultores en un pueblo donde la mayoría de los casi 600 vecinos trabajan en Teruel. “Ha sido la siembra más cara de la historia”, explicó. Había invertido entre 500 y 600 euros por hectárea. “El tema del gasoil y el fertilizante”, es decir, las consecuencias de la guerra y la crisis energética sobre su pequeña finca. Además, no llovía. No recordaba cuándo había llovido tan poco. A mediados de marzo, la cosecha ya estaba perdida y no la había asegurado porque, después de otras sequías y el aumento de la póliza, tampoco salían las cuentas. Tal vez recuperaría 100 euros gracias a la subvención de la Política Agraria Común, la PAC, una política clásica de la Unión Europea cuyo propósito original era el apoyo a los agricultores y el mantenimiento de la economía rural y, con el tiempo, también incorporó la condición de la contribución a la lucha contra el cambio climático. Esa mañana de abril debía llover, según las previsiones. José miraba el cielo. Tampoco llovió. Lo único que podía compensar las pérdidas era la cosecha de regadío. Maíz y cebada. El pantano aún estaba en buenas condiciones, pero, si no llovía, en pocos meses el otro problema serían los caudales ecológicos, que él consideraba que en su pueblo, sin peces, tampoco tenían mucho sentido.

Cuando Vox elige las consejerías de Agricultura, explota un campo abonado para consolidar su discurso: conecta con un pasado que idealiza y sabe que puede exacerbar los legítimos temores ante el futuro de unos agricultores a los que la izquierda no sabe dar respuesta, a los que desampara el modelo de desarrollo progresista. “Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la España menos poblada percibe que su papel va a ser secundario”, escribió aquí el lúcido político socialista que es Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz durante la última legislatura; “lo único que parece atribuirse a la España rural es la de generadores de energía renovable, actividad que genera riqueza, pero pocos empleos”. Esa cosmovisión urbana, tan liberal y autosatisfecha por el compromiso con el medio ambiente sin ensuciarse, fue el origen del malestar donde se gestaron protestas como las de los chalecos amarillos. La Francia rural volcó su odio sin futuro en las principales ciudades del país. No es fácil mantener la esperanza con la conciencia de que tu mundo desaparece mientras llegan alimentos importados de territorios donde no hay normativas medioambientales, aumenta el precio del gasóleo... Y no llueve.

En el primer punto del acuerdo de gobierno sobre agricultura, después de referirse a “tradiciones, fiestas, modelo de vida”, el PP y Vox se comprometen a prestar “especial atención” a “las normativas que condicionan la viabilidad de sus explotaciones”. Esas normativas son las europeas y cada vez más están vinculadas al compromiso con la transición verde. Contra esa transición está Vox, contra la ciencia, pero catalizando el miedo y la realidad de miles de ciudadanos atrapados en contradicciones sin respuesta. La pregunta que el miércoles formulaba el columnista David Brooks resuena también aquí: “¿Cuándo dejaremos de comportarnos de manera que el trumpismo sea inevitable?”.