Cuando Costa Rica acusó de terrorismo a una mujer embarazada por ser la directora de una radio ‘subversiva’

Ana Lorena Cartín Leiva ya puede reírse de aquel momento en el que, acompañada de su abogado y con ocho meses de embarazo, llegó al juicio que el Gobierno de su país emprendió contra ella “por atentar en contra de la seguridad nacional” al ser la representante legal y la directora general de Radio Noticias del Continente (RNC). Se ríe porque recuerda el cerco policial en torno a los juzgados, y la frase que uno de los agentes dijo mientras les impedía el paso: estamos aquí porque se va a juzgar a una guerrillera, y es posible que un comando armado venga a tratar de liberarla”.

Era 1981 y la estación de radio de onda corta, establecida legalmente en la capital costarricense, tenía solo tres años de vida y cuatro atentados con explosivos contra sus instalaciones en su breve existencia. Se construyó ahí de forma legal gracias a las gestiones de varios ex miembros de la guerrilla urbana argentina de Montoneros, que huyeron de la dictadura militar en el país, tras el golpe de Estado de Jorge Rafael Videla, en 1976. Con la ayuda de una antena diseñada especialmente para que la estación transmitiera en onda corta —es decir, que las ondas electromagnéticas reboten a distintas alturas de la ionosfera y permite que las señales alcancen puntos lejanos e incluso den la vuelta al planeta— un grupo de ingenieros, personal administrativo y trabajadores comenzaron transmisiones bajo la tutela de la costarricense Ana Lorena Cartín Leiva, quien había llegado a la dirección de RNC tras ser elegida por sus compañeros de militancia política para encabezar el proyecto radiofónico.

Una investigación del mexicano Aníbal Fernández García, señala al ex montonero Raúl Cuestas como uno de los que lideró los esfuerzos fuera de su país para vincular a más opositores de la región y buscar la forma de comunicar al resto del mundo lo que los militares latinoamericanos hacían de forma sistemática en contra de todo aquel que se opusiera o que significara una amenaza a su proyecto de Gobierno y de control.

Además, la sombra omnipresente de Estados Unidos recaía sobre los hombros de los gobiernos militares, para evitar que emprendimientos tachados como “subversivos” como RNC fueran replicados en la región. Así que las presiones que vivieron no solo los trabajadores de aquella estación de radio, sino el Gobierno del entonces presidente Rodrigo Carazo, terminaron por implosionar un proyecto de colaboración que buscaba denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se gestaban desde Centroamérica hasta la Patagonia.

Cartín Leiva era química de formación, desde joven estuvo interesada en participar en política, pero también en generar cambios “desde abajo”. Asegura que solo de esa forma las cosas tendrían una transformación real que provocaría en la gente un deseo genuino de participar en ellos. Ya había hecho radio años antes junto con una amiga, tenían un programa que buscaba lograr “que la cultura se democratizara y que no fuera solo para las élites”. Su elección como directora general de RNC, en 1979, cuando tenía 31 años de edad, la tomó por sorpresa: “Yo siempre creí que sí iba a ser parte del equipo, que iba a trabajar, pero no esperaba que los compañeros me hubieran visualizado con esa capacidad de solidaridad militante y me dieran tal responsabilidad”, cuenta.

Con la suspicacia causada por ser una radio establecida por una guerrilla sudamericana, las noticias de la estación comenzaron a ir de boca en boca, tejiendo redes entre otras guerrillas o grupos opositores a gobiernos o dictaduras, casi a la par que la Operación Cóndor creaba vínculos poderosos entre los militares latinoamericanos para perseguir, torturar, desaparecer y asesinar a quienes consideraban un peligro en cualquier territorio, mar o cielo, en donde se escondieran. Los proyectos de cooperación transnacional no pueden ser comparados, pero RNC empezaba a ser ese lugar en donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, de El Salvador, la Resistencia Nicaragüense, los guatemaltecos que huían de la violencia, o los panameños que peleaban por tener el control del Canal de Panamá, acudían para transmitir mensajes, partes de guerra, o denuncias de violaciones a sus derechos y al de las poblaciones a las que pertenecían.

Con los cuestionamientos a su forma de financiación y los constantes ataques de medios de comunicación locales y en especial, del grupo de ultraderecha Costa Rica Libre, llegaron también los atentados —la estación sufrió cuatro en total— y las amenazas de muerte a Ana Lorena. “Constantemente me llamaban para decirme que me iban a matar”. Además, asegura que durante la experiencia que duró tres años con ella al frente, el hecho de ser mujer le planteó situaciones mucho más graves que si se hubiera tratado de un hombre. “Tuve que armarme de valor porque muchas veces se menospreciaba que fuera una mujer al frente de la radio. Por estar al frente, y solo por eso, decían que yo era una prostituta. Llamaban al teléfono preguntando por la prostituta. Una vez los encaré y respondí: mire, yo podría ser prostituta, pero no soy una cobarde”.

También recuerda cuando una periodista de la televisión la entrevistó. Cuando fue transmitido el resultado de aquella charla, Cartín Leiva quedó pasmada. “Se me había editado tanto, que yo misma salía haciéndome daño, quedando mal. Y yo decía, no puede ser, porque si hubiera sido un hombre lo hubieran respetado más”.

En 1981 el último de los atentados acabó también con el proyecto. El Gobierno cerró por decreto el derecho de la estación a tener ondas de transmisión. Cada vez que Ana Lorena Cartín recuerda este momento, recuerda que es algo que nunca podrá perdonarle al presidente Rodrigo Carazo, que rebasado por las presiones de los grupos de derecha en su país, empresarios, los gobiernos como el argentino, el guatemalteco o el estadounidense, tomó la decisión de terminar con el problema.

Durante su juicio, que duró más de ocho meses, Ana Lorena Cartín enfrentó el proceso embarazada, con el temor de su familia y el propio de que su hijo naciera en la cárcel o que su salud se deteriorara gravemente antes de recibir un veredicto. Recuerda cuando solicitó al juez que su comparecencia fuera retrasada debido al avanzado estado de embarazo que presentaba y la negativa rotunda del letrado. Pese a aquellos años de mucha soledad —sus compañeros militantes tuvieron que salir del país y sus trabajadores liquidados por sus servicios— se sintió siempre orgullosa de la labor que hizo. “Yo no me arrepiento porque se logró el objetivo: que se dijera lo que pasaba en El salvador, en Guatemala, en Nicaragua, Chile, con los mineros en Bolivia, las luchas de los panameños; las atrocidades tanto de (Jorge Rafael ) Videla, como de (Augusto) Pinochet, las manifestaciones que se estaban dando en Brasil, etc., Nosotros lo transmitimos todo”.

En marzo de 1982 el juez archivó el caso de Ana Lorena Cartín y borró de su expediente todo rastro de la acusación, con una clara advertencia: le prohibía volver a utilizar ondas de transmisión radial y portar armas de fuego.

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