Federalismo contra la sequía

Sale de casa con un cazo, la llama una planta sedienta de su jardín, la riega vertiendo la poca agua que ha reciclado. Qué mangueras. Un cazo de cocina. Ha vivido siempre en un pueblo montañoso cuyo nombre es el de una embotelladora de toda la vida, pero desde hace algo más de un mes nuestra vecina jubilada ya solo puede regar dos días a la semana. Mientras camina por el césped reseco, me dice que antes había usado esta agua para hervir la verdura y me pregunta si las he visto. ¿El qué? Dos piscinas en construcción. En teoría ahora no podrán llenarlas. Veremos. Porque los ayuntamientos no tienen mecanismos para controlar qué harán sus propietarios cuando llegue el verano. Ella regresa a su casa, la otra industria del pueblo necesita explotar los acuíferos para seguir produciendo bebidas vegetales —el cortado, por favor, con leche de avena— y ni una sola nube a la vista durante una semana de abril.

En Benidorm, Semana Santa, acaban de contabilizar récord de visitantes, santo turismo, que miden así: en 2019, en estos días, consumo de 111.013 metros cúbicos; en 2023, 122.411. A la vez un agricultor de Teruel ve cómo la cosecha de secano va a ser una ruina y el consultor agrícola Daniel Trenado explica en Twitter el drama rural en su Campiña Sur extremeña.

El cálculo electoral de Moreno Bonilla le lleva a poner en riesgo el pulmón de Doñana mientras los caudales ecológicos del Tajo/Segura crispan las relaciones entre comunidades y con la administración general del Estado. España sigue igual, pero se seca. Durante lo que llevamos de año, según la Agencia Estatal de Meteorología, las lluvias no han llegado ni a la cuarta parte de su promedio normal en el sur y el este del país. Lo más probable es que este abril sea el más seco de la serie histórica que empezó en 1995. Mientras escribo este artículo más superficie quemada, empieza otro incendio forestal. Ahora no es Asturias. Vuelve a ser Valencia. Y la AEMET prevé que el trimestre que va de mayo a julio otra vez será más cálido de lo normal.

Lo normal ha dejado de serlo. Nuestro presente es el período de transición a la nueva normalidad de la emergencia climática. Como de repente ocurrió con la pandemia, toca adaptarse porque no hay alternativa a una realidad que se constata y se padece de norte a sur: la sequía condicionará la cotidianidad de todos y también el modelo de desarrollo del conjunto del país, porque si afecta al turismo y a la alimentación todo se altera. Dar una respuesta desde la política a esta nueva crisis implicará explorar herramientas que forjen lealtad y permitan pactar y actuar, como en los días de las comisiones interterritoriales y las conferencias de presidentes. No es ideología. Va mucho más allá del partidismo miope. Esta urgencia, que sitúa el territorio en el núcleo de la gobernanza, desafía el modelo territorial imperante porque exige avanzar en dinámicas de federalización. Es un caso prototípico.

“Las fronteras político-administrativas cambian en función del bien común a preservar o gestionar”. Parece sentido común. Así lo plantearon hace un año los profesores De la Peña y Mondragón de la Universidad del País Vasco en un artículo sobre el nexo entre federalismo y sostenibilidad en España, centrado precisamente en la planificación hidrológica. A falta de cultura federal e instrumentos de cooperación intergubernamental, la gobernanza multinivel que señala la directiva europea queda obturada porque el papel de decisor final lo impone la Administración General del Estado y la imposibilitan “los discursos de sesgo identitario que transforman los conflictos existentes con presuntos agravios regionales o nacionales”. Así España irá a peor mientras el país se seca. La vía racional es el federalismo de los hechos como método para impulsar una planificación hidrológica en la que tienen que colaborar y estar implicados todos los niveles administrativos. Más claro que el agua. Una realidad más tozuda que un cazo.