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¿Quién puede gobernar España?

El PP, también con Alberto Núñez Feijóo, considera que ninguna otra formación tiene la legitimidad para dirigir el país, lo que pone en riesgo el futuro del sistema de 1978

Tribuna Ridao 15 dic 22
Nicolás Aznarez
José María Ridao

Unas recientes declaraciones del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han dejado al descubierto, más que tantas otras antes y después de su llegada a la dirección del Partido Popular, las claves ideológicas de una fuerza política decisiva en el sistema democrático español. El Partido Popular no renueva el Consejo General del Poder Judicial, dijo Núñez Feijóo, para “proteger a la justicia” del Gobierno de Pedro Sánchez. Poco o nada cabe esperar de las tertulias y artículos de opinión, salvo acusaciones cruzadas acerca de quién es el responsable del progresivo deterioro institucional que se observa desde 1993. Y, sin embargo, lo más revelador de las declaraciones del líder de la oposición no es que sostenga que las instituciones han alcanzado un punto de deterioro irreversible por la supuesta agresión del Gobierno, algo que está en su derecho de pensar, sino que la vía escogida para defenderlas sea incumplir las normas vigentes que las regulan. No se trata de una excusa más de las muchas que ha invocado el Partido Popular para asegurarse, mediante el bloqueo de la renovación del Consejo, aquello de lo que acusa al Gobierno: mantener bajo influencia ese órgano en su actual composición, más favorable a sus intereses que la que saldría de la entrada de nuevos magistrados de acuerdo con la mayoría parlamentaria. Al no dar cumplimiento al mandato constitucional de renovar el Consejo, y al asegurar que lo hace para proteger a la justicia, Núñez Feijóo parece querer justificar una suerte de medida de excepción declarada por sí y ante sí. De otro modo, ¿cómo interpretar el anuncio de que ha asumido poderes como el de ignorar una norma con la excusa de proteger el sistema del que emana? ¿Y qué pensar, además, cuando la primera agresión a la justicia como institución, la agresión que da pie a las reales o supuestas por las que denuncia al Gobierno, es la que, por omisión deliberada, están cometiendo él y su partido?

Las declaraciones de Núñez Feijóo sobre el Consejo General del Poder Judicial fueron precedidas de otras, hace apenas unas semanas, que, vistas en perspectiva, corroboran la necesidad de descifrar las más recientes. En aquella otra ocasión, Núñez Feijóo acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber roto el pacto constitucional suscrito en su día por el Partido Socialista y el Partido Popular. Una vez más, tertulias y artículos de opinión activaron su atronadora maquinaria discutiendo acerca de si, en efecto, el presidente Sánchez lo había roto o no. Nada como un líder político que señale la Luna para que el periodismo de opinión, este periodismo de opinión, mire el dedo. Porque lo cierto es que la Luna hacia la que señalaba Núñez Feijóo era cuando menos un espejismo anacrónico, ya que el Partido Socialista y el Partido Popular nunca suscribieron ningún pacto constitucional porque, sencillamente, el Partido Popular no existía en el momento en el que el pacto constitucional fue suscrito. En aquel momento, la fuerza política que se transformaría en el Partido Popular era Alianza Popular. El matiz importa porque, a diferencia del Partido Socialista, la UCD o el Partido Comunista, Alianza Popular no alcanzó un acuerdo interno acerca de la posición que debía mantener ante el referéndum para aprobar la Constitución de 1978, y de ahí que hubiera de conceder libertad de voto a sus simpatizantes. El sector encabezado por Manuel Fraga, él mismo constituyente, defendió el sí. Pero otro sector defendió la abstención y otro, incluso, el no. La paradoja con la que viene lidiando el Partido Popular desde que se convirtió en alternativa de Gobierno por la implosión de la UCD y el desgaste del Partido Socialista tras 14 años en el poder es que los sectores que lo condujeron a la victoria de 1996 fueron los mismos que, desde Alianza Popular, propugnaron el no y la abstención en el referéndum constitucional.

Por descontado, la Transición fue la ocasión para que los líderes políticos del momento revisaran las posiciones que habían mantenido mientras duró la dictadura, sin hacerse reproches acerca del pasado. Un ministro secretario general del Movimiento como Adolfo Suárez evolucionó, así, hacia posiciones en las que pudo encontrarse con un Partido Socialista que renunció al marxismo, liderado por Felipe González, y un Partido Comunista que, bajo la dirección de Santiago Carrillo, aceptó la bandera y la monarquía. Lo que diferencia la confluencia de estos líderes en la búsqueda de una salida democrática para España de la actitud que adoptaron los sectores de Alianza Popular que propugnaron el no o la abstención en el referéndum constitucional y que, reconvertidos en militantes del Partido Popular, alcanzarían el poder en 1996, es que estos, a diferencia de los protagonistas de la Transición, no abandonaron sus posiciones anteriores, sino que las convirtieron en su programa, reformulándolas. Basta leer el artículo Unidad y grandeza, publicado por José María Aznar en 1979, para entender que lo que el autor defendía entonces, la necesidad de limitar el pluralismo político en nombre de la nación española, siguió defendiéndolo después solo que cambiando el término nación por el de Constitución. La idea en uno y otro caso seguía siendo la misma: al igual que la política inspirada en la nación española solo podía ser una, una y nada más, también la política inspirada por la Constitución tiene que ser una y solo una. En concreto, la política que defiende el Partido Popular, la política inspirada por los dirigentes que, al identificar la nación española, su idea de la nación española, con la Constitución de 1978, pasaron de presentarse como lo que eran, dirigentes recelosos del pluralismo, a hacerlo como “patriotas de la Constitución”, como constitucionalistas.

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A partir de esta síntesis reductora, que tergiversaba el sentido integrador de la Constitución, ningún Gobierno que no encabece el Partido Popular puede ser legítimo, como se ha encargado de recordar Núñez Feijóo al Partido Socialista, tomado el testigo de Pablo Casado, que a su vez lo tomó de Mariano Rajoy al igual que este de José María Aznar. Tampoco ninguna política que no sea la suya puede ser correcta, moralmente aceptable y ni siquiera bienintencionada, porque, en virtud del constitucionalismo, ningún partido, salvo el Popular, tiene las credenciales requeridas para dirigir la lucha antiterrorista, hacer frente a los intentos de secesión, aprobar Presupuestos o pasar leyes que, en su caso, declarará constitucionales o inconstitucionales ese Tribunal cuya renovación bloquea el Partido Popular para, según dice, protegerlo. El periodismo de opinión no podía dejar pasar la ocasión para entonar jeremiadas sobre el fin de la democracia en nuestro país por las medidas con las que con más, menos o ningún acierto trata de responder el Gobierno, al que compara con las dictaduras latinoamericanas. La realidad es que, lo recuerde o no ese periodismo de opinión, el único Gobierno que ha permanecido un año en funciones y practicado y teorizado sobre por qué no debía someterse al control parlamentario, exactamente como se hace en esas dictaduras, fue un Gobierno del Partido Popular. Por esta razón, la pregunta más relevante que cabe dirigir al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no es si renovará o no el Consejo General del Poder Judicial, porque no lo hará. La pregunta más relevante, la pregunta de cuya respuesta depende, esta vez sí, el futuro del sistema de 1978, es si, aparte de él mismo y el programa de su partido, considera que algún otro partido y algún otro programa que obtengan una mayoría es digno —o legítimo— de gobernar España.

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