Debate inconmensurable

Advertencia: esto es la antítesis de un artículo de opinión. Lo normal es que un analista clarifique un debate complejo, aportando luz, aunque sea la fugaz cerilla de una columna, a la oscuridad. Pero hoy voy a hacer lo contrario: complejizar una cuestión en la que casi todo el mundo parece tener opinión clara, ya sea a favor o en contra, como es la derogación del delito de sedición. Quisiera añadir un poco de tinieblas a su visión tan diáfana.

Porque hay razones de peso tanto para criticar la eliminación de la sedición como para aplaudirla. La derecha, y una parte de la izquierda, consideran acertadamente que la reforma del Código Penal responde al interés y a la situación de personas concretas, los independentistas procesados. Y esta singularidad de la ley viola la regla máxima de un Estado de derecho: la imparcialidad. Se ha cambiado un delito a deseo de los condenados por el mismo, y quizás ha sido por un fin nobilísimo, pero hay que admitir que pagamos un coste. Discutamos si mucho o poco, pero no neguemos, como hace el Gobierno, ese precio.

También hay argumentos a favor. Primero, la taxatividad. De la misma manera que, si entro en un corral y me llevo unas gallinas, sé que se me juzgará por robo y no por desórdenes, debo conocer el alcance de unas acciones de desobediencia pública. Esto no ocurrió en 2017, cuando, con el Código Penal en la mano, corrían unos ríos de tinta pronosticando la absolución y otros profetizando condenas interminables. Ahora está más claro.

Segundo, la europeización, pero no del delito, sino de las condenas por unos hechos, graves, pero no equiparables a crímenes atroces. Una cosa es que Oriol Junqueras no pagara y otra que pasara más tiempo en la cárcel que un asesino. La europeización a la que aspiro es que las condenas a quienes alteran el orden legal de forma no sangrienta sean vistas en Europa como proporcionadas y no como en el caso del 1-O, donde todavía no me he encontrado a ningún extranjero que afirme que no son severas.

Tercero, la paz social. Esta debería ser la justificación del Gobierno: tenemos un choque de dos bienes incontables, la imparcialidad legal y la concordia social, y optamos por lo segundo, no sin dudas y sin respeto a quienes critican la reforma, pero pensando que, a la larga, es lo mejor para España. Esto es la democracia, amigos: resolver conflictos inconmensurables. @VictorLapuente