Bruselas subraya que el referéndum es ilegal, pero pide diálogo y dice que “la violencia nunca puede ser instrumento político”
La Comisión Europea dice que confía en Rajoy para superar la crisis en Cataluña
![Claudi Pérez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F71ea40f5-5f68-4e9d-ae7b-df2491e6d4ac.png?auth=eb4725545f7c140fe76e3fdf9351a9c622683551e0beba4dc33e745b6ce4cbc3&width=100&height=100&smart=true)
El referéndum catalán es ilegal. Y el desafío independentista de Cataluña es un asunto interno de España, pero quedaría fuera de la UE automáticamente en caso de secesión. La Comisión Europea se ha ceñido hoy al guion de las últimas semanas pero ha añadido varios mensajes novedosos tras las cargas policiales de ayer en Cataluña: “La violencia nunca puede ser un instrumento en política”, ha asegurado un portavoz del Ejecutivo de la UE en una rueda de prensa monográfica sobre el asunto catalán, que además ha pedido diálogo y ha asegurado que estos son tiempos “de unidad, no de división”. El jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se ha mantenido en contacto durante el fin de semana con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Juncker hablará de nuevo hoy con Rajoy.
Bruselas ha dado hoy apoyo explícito al Gobierno español (“confiamos en el liderazgo de Mariano Rajoy para gestionar este proceso tan difícil”), pero marca una línea con respecto a la actuación policial. Y lanza también un mensaje claro para el Gobierno catalán: “La votación de ayer en Cataluña no fue legal”. “Y si se organiza un referéndum de acuerdo con la Constitución, el territorio que abandona un Estado miembro quedaría fuera de la Unión Europea”, según Bruselas. “La Comisión cree que estos son tiempos para la unidad y la estabilidad, no para la división y la fragmentación”, ha dicho el portavoz de Juncker. Los Gobiernos de cuatro de los grandes países de la UE —Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda— han hecho referencias explícitas a la unidad constitucional de España: las cancillerías cierran filas en público, aunque en privado las imágenes de las cargas policiales han pasado factura.
El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, se ha sumado a ese toque de atención a España. "Compartiendo los argumentos constitucionales [del Gobierno], hago un llamamiento a encontrar la forma de evitar una escalada y el uso de la fuerza", ha dicho tras una conversación telefónica con Rajoy. Tusk había evitado hasta hoy cualquier referencia al procés.
Bruselas lleva semanas diciendo que los acontecimientos en Cataluña son “un asunto interno” de España y que el referéndum es “ilegal”, algo que ha reiterado hoy. La novedad es que la Comisión, en línea con varios Gobiernos críticos con las imágenes de la intervención policial durante el referéndum, no cierra filas con la respuesta de Rajoy al desafío de Puigdemont. “La violencia nunca puede ser un instrumento político”, ha repetido una y otra vez el portavoz de Juncker ante la catarata de preguntas de la prensa internacional. Bruselas ha pedido también respeto “por los derechos fundamentales” de los ciudadanos. El brazo ejecutivo de la UE ha optado por evitar una condena explícita de los métodos policiales, para alivio del Ejecutivo español, en la diana de toda la prensa internacional. Las fuentes consultadas aseguran que en la Comisión han causado un fuerte impacto las imágenes que llegaban ayer de la respuesta policial al referéndum.
A pesar de que el procés entra de lleno en la agenda europea —el colegio de comisarios lo debatirá mañana en una reunión en Estrasburgo—, Bruselas rehúsa aclarar si el Ejecutivo comunitario estaría dispuesto a aceptar un papel de mediador, como le piden cada vez más voces: tanto el Gobierno catalán como varios Ejecutivos de la UE lo han reclamado en las últimas horas. “La Comisión no tiene por el momento ningún papel”, ha señalado el portavoz.
La presión sobre la Comisión Europea crece ante la alarma de la opinión pública internacional, tras los más de 800 heridos del domingo en Cataluña. La reacción en toda Europa a las escenas de represión policial fue de shock, aunque tanto Bruselas como Berlín y París, los tres actores principales fuera de Barcelona y Madrid, mantienen una silente cautela. “El Gobierno español ha infraestimado la reacción europea”, apunta un análisis del laboratorio de ideas Eurointelligence, que vincula las algaradas en Cataluña con las tensiones relacionadas con el ascenso de fuerzas extremistas en todo el continente. Federico Santi, de Eurasia Group, ve “probable” una declaración unilateral de independencia en las próximas horas, y vaticina “una respuesta aún más fuerte de Madrid”, en lo que califica como “la peor crisis política e institucional desde 1980”.
Mensajes de condena
Antes de la intervención de Bruselas, varios Gobiernos ya habían empezado a romper con los mantras del “asunto interno” español relativos al desafío independentista catalán. Los Ejecutivos de Bélgica, Finlandia, Eslovenia y Lituania condenaron ayer la violencia y pidieron diálogo político. Berlín y París evitaron el domingo a respaldar al Gobierno de Mariano Rajoy, más necesitado que nunca de esos apoyos internacionales pero con la imagen deteriorada después de las fotografías sobre las cargas policiales en las portadas de la prensa internacional.
La Eurocámara debatirá el abuso legal y los incidentes policiales
El debate sobre Cataluña se traslada también al Parlamento Europeo. La cámara no llegó a acordar la semana pasada una iniciativa de los verdes para incluir Cataluña como uno de los temas de discusión en el pleno de esta semana. Pero los episodios del domingo han modificado las posturas iniciales. Partido Popular Europeo, socialistas y liberales han pactado un debate más amplio que aúna las dos líneas argumentales: Constitución, Estado de derecho y derechos fundamentales en Cataluña.
Ese epígrafe tan genérico ha permitido dar cabida tanto a la violación de las leyes por parte de la Generalitat como a las críticas por el comportamiento policial, lo que ha concitado también el respaldo de la izquierda minoritaria y de los verdes. La discusión se producirá el miércoles por la tarde en Estrasburgo, según confirma el Parlamento Europeo.
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