Asegurar recursos suficientes para la niñez, una tarea indispensable para erradicar la pobreza infantil en Argentina
La educación y el cuidado de los menores no pueden ser víctimas de la desfinanciación fiscal en medio de la incertidumbre económica y la aceleración inflacionaria
Argentina se encuentra atravesando momentos de fuertes restricciones fiscales e incertidumbre económica y social. La niñez y la adolescencia se ven particularmente afectadas por esta situación. Los últimos datos disponibles indican que más de la mitad de los niños y niñas del país viven por debajo de la línea de pobreza, lo que equivale a casi siete millones, de los cuales alrededor de 1,7 millones vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan siquiera a cubrir la canasta básica de alimentos. La aceleración inflacionaria de los últimos meses hace suponer que, si no se refuerzan las políticas de protección de ingresos destinadas a las familias en situación de mayor vulnerabilidad, la situación podría ser aún más preocupante a finales del año.
En este contexto, el Congreso se encuentra discutiendo el presupuesto para 2023. Por tercer año consecutivo, el mensaje de remisión del proyecto de Ley de presupuesto incorpora un capítulo transversal que permite identificar los recursos financieros y metas de las políticas y programas nacionales dirigidos al cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es un instrumento clave para visibilizar y favorecer la asignación de recursos destinados a la infancia.
Las definiciones que se tomen en el ámbito parlamentario marcarán las prioridades del Estado nacional en términos de asignación de recursos. Desde UNICEF buscamos contribuir a este debate a través de un análisis sobre el Presupuesto 2023 con foco en la niñez y sus derechos, que fue presentado la semana pasada ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
El análisis realizado permitió identificar algunas señales de alerta. En particular, algunas políticas clave, como la prestación alimentaria, las acciones vinculadas a la protección de ingresos y las respuestas orientadas a la expansión de la oferta de servicios de educación y cuidado de la primera infancia, presentan riesgos significativos de desfinanciamiento si el proyecto se aprobara sin modificaciones. Por otra parte, áreas como la promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, algunas políticas educativas como el Conectar Igualdad y el presupuesto global de salud para la infancia, fueron priorizadas en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.
Finalmente, luego de los debates llevados adelante en comisiones, el Dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda incluyó una ampliación de las partidas presupuestarias asignadas a políticas alimentarias, asignaciones familiares, comedores escolares, infraestructura y equipamiento educativo y a acciones para la protección integral de niñas, niños y adolescentes, entre otras. Con estas ampliaciones se eliminaría el ajuste interanual en el presupuesto global destinado a la niñez en el escenario de inflación de 76,5% (promedio para 2023) proyectado por el Poder Ejecutivo.
Desde UNICEF destacamos esta modificación y valoramos que el análisis presentado haya contribuido a una mayor asignación de recursos públicos destinados a la niñez y la adolescencia. Cabe destacar que la implementación de este presupuesto en el próximo año podría enfrentar dificultades vinculadas al contexto macroeconómico que requerirán un monitoreo presupuestario destinado a proteger a la niñez y sus familias, especialmente las más vulnerables.
Dados los elevados y persistentes niveles de pobreza y de privaciones de derechos en la niñez y la adolescencia, fortalecer la inversión social dirigida a niños, niñas y adolescentes resulta un imperativo impostergable. Es necesario que las discusiones en torno al presupuesto 2023, que continuarán en la Cámara de Diputados y luego en Senadores durante las semanas siguientes, sean desarrolladas con responsabilidad política y generen los consensos necesarios para que la inversión destinada a niñas, niños y adolescentes sea protegida y fortalecida, permitiendo un financiamiento adecuado de las respuestas de política pública imprescindibles para el año próximo.
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