Nuevo paquete anticrisis

La crisis económica alcanza a toda la sociedad, pero golpea de forma muy especial no solo a los más vulnerables, sino también a las clases medias. Este sábado, el Gobierno anunció un potente paquete para intentar proteger a ambas de la subida de precios de la energía y de una inflación que no da señales de amainar, con efectos directos en la economía de las familias y su percepción efectiva de una pérdida de riqueza (o un empobrecimiento) que no tiene razones internas o domésticas, dado el buen crecimiento de la economía española, aunque empiece a sufrir los arañazos de la crisis. El nuevo marco de políticas prorroga hasta diciembre las medidas promovidas en marzo y mantiene la bonificación de los combustibles, además de la extensión del bono social para el consumo eléctrico. Pero suma nuevas medidas como el cheque compensatorio de 200 euros a las familias con menos recursos (por debajo de rentas de 14.000 euros anuales, si no perciben el ingreso mínimo vital), destinado a aliviar en parte el deterioro de sus condiciones económicas causado por la inflación. De esta manera, y contando con medidas ya conocidas como el aumento del 15% del ingreso mínimo vital y de las pensiones no contributivas, el Gobierno plantea un esquema de protección de rentas al que destina en total en torno a 15.000 millones de euros, contando los dos decretos, el equivalente a un 1% del PIB.

Menos impacto tendrá la bajada del IVA eléctrico del 10% al 5%, que afecta a todos, sin distinción de rentas. Si bien el objetivo es abaratar el precio final pagado por los consumidores, la experiencia muestra que este tipo de rebajas son rápidamente absorbidas por el mercado. En buena medida, eso es lo que ha sucedido con la bonificación de los combustibles, como acaba de señalar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No podría ser de otro modo, pues las medidas destinadas a rebajar la factura de la inflación son casi siempre, y sobre todo, paliativas. La única manera estructural de favorecer una mayor resiliencia frente al alza de los precios de la energía es favorecer el ahorro, como las medidas tomadas para abaratar el abono del transporte, y rediseñar el mercado energético, para evitar que las compañías aprovechen la situación para incrementar sus beneficios. El impuesto extraordinario a las eléctricas, que se retrasa hasta 2023, pero con efecto retroactivo a 2022, trataría de compensar esta situación y se aprobará en trámite de urgencia en una ley aparte. Al mismo tiempo, el tope del gas supone un seguro para evitar futuras subidas injustificadas del precio eléctrico. Sin embargo, las deficiencias en nuestros mercados energéticos persisten por debajo de estos parches. Como ya ha señalado la Comisión Europea, quizá haya llegado el momento de proceder a una reforma en profundidad.

Con todas estas medidas, España enfoca sus orientaciones de política económica hacia los más pobres y los empobrecidos. Sin embargo, y todo parece indicar que puede ser así, el empeoramiento de la situación en otoño, con posibles embargos de gas y petróleo rusos, podría hacer insuficiente el paquete aprobado ayer y requerir nuevas acciones de auxilio. Nuestra situación fiscal y la subida del coste de la deuda pública no permite grandes alegrías en materia de gasto público. Las decisiones que se tomen deberán tener un diseño consciente de que medidas contra la crisis que son beneficiosas a corto plazo pueden terminar siendo contraproducentes a medio y largo plazo.