Alivio en las pensiones más bajas

La zona más débil de las pensiones ha sido siempre la de la precariedad en términos sociales: no es fácil imaginar cómo se sobrevive con una mensualidad de poco más de 400 euros cuando cada céntimo cuenta para llegar a fin de mes y no hay capacidad de ahorro. La elevada inflación actual y su previsible continuidad acentúa un poco más la gravedad de la situación de quienes dependen de márgenes muy pequeños para no vivir con la angustia de la subida de la barra de pan o del litro de aceite. Por eso, el acuerdo alcanzado por el Gobierno y EH Bildu para incrementar un 15% las pensiones no contributivas, las de viudedad, orfandad o invalidez, resulta una medida incuestionable. Complementa, además, la ya tomada respecto del ingreso mínimo vital, que se incrementó un 15% en el marco de la lucha contra los efectos de la inflación y las graves consecuencias que la guerra en Ucrania produce en las capas más débiles de la sociedad y más sensibles a pequeñas variaciones que apenas afectan a otros sectores sociales.

Los receptores de las pensiones no contributivas serán en torno a 440.000 personas que se encuentran entre la población con menos defensas y a los que la medida aprobada aumentará sus ingresos entre unos 60 y 100 euros al mes. Este incremento supone una obligación moral y debería verse complementado con la actualización y refuerzo de otras rentas y prestaciones, tanto por la Administración General del Estado como por las comunidades autónomas. La medida, aún pendiente de aprobación definitiva, se prorrogará al menos hasta final de año y previsiblemente se consolidará en los Presupuestos para 2023, dado el enorme coste político que supondría para un Gobierno progresista retirar el apoyo a los sectores más desfavorecidos, máxime dados los niveles de inflación.

El acuerdo permite asimismo al Ejecutivo sumar apoyos a uno de los aspectos que más está complicando la reforma parcial del sistema de pensiones: la creación de un fondo de pensiones de promoción pública. Tiene como objetivo incentivar los planes de pensiones en el ámbito de la empresa, en el marco de la negociación colectiva, para que empresas y sindicatos pacten destinar una parte de salario al ahorro y generalizar así que los trabajadores disfruten de un complemento de la pensión en el futuro, no solo las rentas más altas como hasta ahora. Eso permitirá mejorar los instrumentos del modelo y ampliar su rango de actuación, sin sustituir en ningún caso al actual sistema de reparto. Con todo, donde se concentran la mayoría de los problemas es en lo relativo a las pensiones contributivas. El ministro José Luis Escrivá ha asegurado que el poder adquisitivo de las prestaciones se garantizará conforme marca la ley, pero la cuestión sigue en el centro del debate dado su importante impacto sobre las cuentas públicas.